Esta historia no empieza ni termina con la investigación hecha pública el pasado jueves 3 de abril por The Associated Press (AP). Este texto evidencia solo una parte de un amplio conjunto de acciones destinadas a provocar un cambio de régimen en Cuba. Lo que ha cambiado es que, al salir a la luz, permiten a la actual administración utilizarlo como pivote para un eventual ajuste de la política de Estados Unidos hacia Cuba.
No nos engañemos, la USAID es conocida por haber participado en proyectos encubiertos en muchas partes del mundo, aunque la mayoría se sitúan en América Latina. Numerosas denuncias e investigaciones prueban su participación en actividades que no responden a sus objetivos declarados. En Haití, por ejemplo, la USAI apoyó directamente a grupos contrarios al depuesto presidente Aristide. Está ampliamente documentado su vínculo con el golpe de estado que derrocó a Zelaya en Honduras, y más recientemente en Bolivia dónde finalmente el gobierno de aquel país decidió suspender sus actividades.
Es a través de la propia USAID, bajo uno de los programas fundado por la Ley Helms-Burton de 1996 que el contratista norteamericano Alan Gross es detenido, juzgado y condenado en 2011 por actos contra la independencia e integridad del Estado cubano al introducir equipos destinados a crear redes de acceso a Internet sin la supervisión del gobierno de la isla. Esas redes serían manejadas por miembros de grupos opositores.
Aunque la gran prensa norteamericana, y los más importantes grupos mediáticos globales han repetido que Gross solo pretendía llevar ayuda tecnológica a la comunidad judía en la Isla, esta interpretación ha sido desmentida por los propios representantes de dicha comunidad. Judy Gross, esposa del contratista ha manifestado varias veces que Gross trabajaba para el gobierno norteamericano instándolo a tomar acciones en pro de su liberación.
En el artículo de AP a Alan Gross se le describe como “contratista estadounidense (…) condenado tras viajar repetidamente a la isla en otra misión clandestina de la USAID”, lo que significa admitir de facto el argumento cubano en el caso.
Hace pocas semanas la USAID fue excluida del reparto de los 17.5 millones de dólares reservados para programas “por la democracia en Cuba”, bajo el argumento de haber manejado programas de “modo erróneo”. Entonces, se especuló incluso, acerca de que este paso estaba relacionado con “las dos ideas” que Kerry dijo tener en relación con Gross.
“He tenido repetidas reuniones, particularmente en los últimos meses, sobre el asunto de Alan Gross. De hecho, me reuní con su familia hace un par de semanas, y no voy a entrar en detalles, pero estamos muy centrados en un par de posibilidades para llevar a cabo un intento (de liberación)”, aseguró Kerry.
A raíz de la publicación por AP de datos sobre la “misión” Zunzuneo, la Casa Blanca, respondió a través del vocero Jay Carney, cuyas respuestas no fueron convincentes y contradicen la investigación de la agencia de prensa en cuanto a que ni el ejecutivo ni la Subcomisión del Senado sobre el Departamento de Estado y Operaciones en el Extranjero tenían constancia de este programa subversivo.
Si AP tuviera razón y las más de mil páginas con la que cuenta lo corrobora, ellos han violado la propia ley norteamericana y el protocolo que establece la Subcomisión de Asignaciones que es la que controla las actividades clandestinas.
El despacho de la AP se publica apenas a cuatro semanas de mayo, cuando generalmente el Departamento de Estado publica la Lista de países patrocinadores del terrorismo en la que sin ninguna base Cuba está incluida; cuando la situación de Alan Gross es insostenible porque se está dando el caso de que también es la primera vez en que los EE.UU descuida, al menos en evidencias públicas, a un ciudadano prisionero en territorio enemigo; cuando la mirada internacional sobre la Isla está cambiando y cada vez más naciones apoyan y legitiman las reformas que emprende el gobierno cubano, lo que fue evidenciado en el espaldarazo de América Latina, durante a Cumbre de CELAC en enero pasado en La Habana.
Es esa misma América Latina la que le ha dicho a Estados Unidos que no habrá Cumbre de las Américas sin la presencia de Cuba lo que ha puesto a la política internacional y al Departamento de Estado ante una encrucijada de legitimidad regional a las puertas de la reunión de Panamá el próximo año. La propia Organización de Estados Americanos ha admitido que las condiciones por las que Cuba fue expulsada del foro panamericano ya no existen.
Quien está fuera es Estados Unidos. Atrapados en una vergüenza perpleja ante la capacidad de recolocación de Cuba en el ámbito internacional, su política hacia la Isla deja de tener sentido y el reclamo mundial en contra del bloqueo y favor de establecer contactos ponen a la administración Obama ante una disyuntiva muy seria: admitir que la política contra Cuba ha fracasado y que en su proyecto de cambio de régimen se violan la propias leyes norteamericanas. Necesariamente tiene que tomar medidas.
En estos momentos, sobre la mesa del diferendo con Cuba, Obama tiene que pensar en Alan Gross; en los tres agentes cubanos que cumplen condena en los Estados Unidos; en la imposibilidad actual de que la Oficina de Intereses de Cuba en Washington pueda realizar actividades consulares debido a la falta de un banco que represente su actividad financiera en territorio norteamericano; en la necesidad de dotar a sus ciudadanos de herramientas que le permitan viajar con fluidez y sin trabas a Cuba; que se aprueben vías para facilitar la inversión en la Isla y que se inicie el camino para regularizar una relación de guerra sin fundamento que dura ya más de cincuenta años.
Estados Unidos tiene ante sí la necesidad de reconducir su política internacional hacia América Latina y cualquier decisión pasa por Cuba. Mejorar las relaciones con la Isla le permitiría vertebrar un proyecto de participación creíble y legitimarse como actor de peso en la política regional.
En política nada es hijo de la casualidad, así empecé. Estas
revelaciones de AP aportan el marco del desastre político necesario en el cual la administración pudiera apoyarse y eliminar a Cuba de la lista de países terroristas y establecer una licencia general que le permita a sus ciudadanos viajar a Cuba sin trabas exageradas. Estas dos medidas, si bien insuficientes, son las más expeditas y las que el ejecutivo puede decidir sin pasar por los filtros del Congreso.
Con la eliminación de Cuba de esa lista a la cual no pertenece, y cuya inclusión es un rezago de la era Más Canosa y del auge de la Fundación Nacional Cubano Americana, EE.UU. eliminaría las restricciones que se aplican sobre la Oficina de Intereses cubana, y permitiría que signatarios de tratados antiterroristas pudieran interactuar con la Isla. Esto afecta a bancos; entidades financieras y de crédito, proyectos medioambientales y exploraciones marítimas y un amplísimo espectro de posibilidades.
Es una vergüenza para el gobierno norteamericano que un ciudadano, empleado de una entidad oficial, pagado con el dinero del contribuyente esté confinado en una prisión cubana. Del mismo modo es absurdo que tres agentes de inteligencia cubanos, condenados a injustas penas, en un juicio de dudosa imparcialidad, continúen en cárceles federales. Tanto Gross como los tres cubanos son víctimas y rehenes de la política de hostilidad e injerencias de EE.UU. contra Cuba.
Estas revelaciones de The Associated Press, tan “oportunas”, permiten desde el fiasco que supone para la política internacional y para el Departamento de Estado la evidencia de su desatino, iniciar un camino de reformas que conduzca a una regularización y apertura con el gobierno de Cuba. Raúl Castro ha dicho que se sentaría a dialogar sobre la base del respeto, lo ha probado en el caso de la Unión Europea, ¿a qué esperan los Estados Unidos? ¿a qué temen los Estados Unidos?
Mientras el mundo se coloca del lado de Cuba y los empresarios se interesan en consolidar su presencia en la Isla, lo posibles inversores norteamericanos están excluidos. El gobierno cubano tiene contratos comerciales de inversión con más de cuarenta países, está desarrollando zonas de desarrollo con capital latinoamericano y su economía se dinamiza a la par de las reformas. Son los empresarios norteamericanos quienes reclaman más participación en ese nuevo campo de inversión. Cuba es un mercado natural para el sector agrícola norteamericano, para la exportación de materias primas y para proyectos de colaboración en zonas comunes.
Los estados de opinión se crean y se sostienen. Estas revelaciones de la AP, así como la petición del Center for Democracy in the Americas al presidente Barack Obama para eliminar el “wasteful and counterproductive regime change program in Cuba” obedecen a una necesidad: la fuerzas de poder en los EE.UU. se han dado cuenta de que sus relaciones con Cuba tienen que cambiar, aunque para llegar a esa conclusión tengan que pasar por la vergüenza de que una política fracasada salga a la luz.
El precio de esa vergüenza es mucho menor que perpetuar una cadena de desatinos e injusticias. Es el momento de ser políticos y aceptar errores. Ni Cuba ni los Estados Unidos merecen otros cincuenta años de diferendo. Son mucho más los intereses que nos unen que las vilezas que nos separan.
The Associated Press le ha puesto en bandeja a Obama el argumento necesario para ejercer su autoridad. Es hora de ser Presidente, es hora de hacer otra política.
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