Histeria Fascista: Alan García-Álvaro Uribe, Por Carlos Angulo Rivas

Perder piso frente a la ola latinoamericanista de la revolución social y de la democracia participativa, consolidada a través del indiscutible triunfo presidencial del ex obispo Fernando Lugo en Paraguay, luego de 61 años de dominio absoluto del partido colorado del fascismo y la ultraderecha, ha desesperado a Alan García y Álvaro Uribe, los únicos abanderados, cien por ciento, del neoliberalismo de corte fascista que sigue al pie de la letra el dictado universal de George W. Bush de llamar terroristas a todos los opositores antagónicos. Las maniobras de esta política represiva y dictatorial de imponer políticas económicas agresivas, favorables a las empresas transnacionales y al imperialismo global, son notorias en Colombia y Perú y están definidas por la militarización de ambos países de sudamericanos.

En el caso de Colombia, las guerrillas de las FARC y ELN ocupan el escenario propicio al gobierno de Uribe para secuestrar, torturar y asesinar a dirigentes políticos, sindicales, juveniles y sociales, donde actúan en conjunción las fuerzas armadas y los paramilitares en estrecho vínculo con los barones de la droga; en el Perú la vertiginosa carrera de aprobar leyes autoritarias de justificación a la violencia del Estado contra la movilización social y la resurrección mediática de los movimientos subversivos totalmente derrotados, MRTA y Sendero Luminoso, pretenden crear el mismo escenario colombiano –el narcoterrorismo- a fin de liquidar a dirigentes políticos y sociales; y a tanto ha llegado la enajenación tiránica de Alan García que al igual que en su primer gobierno ha dado la autorización para crear una fuerza para-policial “canela” de infiltración, secuestros y asesinatos como lo fue el Comando Aprista Rodrigo Franco bajo la dirección de Agustín Mantilla, ex ministro del Interior. Indudablemente, la política de ambos gobernantes inscritos en la ideología fascista de George W. Bush se enfrenta a cualquier intervención de los organismos nacionales e internacionales de los Derechos Humanos; allí tenemos la respuesta violenta de Uribe frente a los esfuerzos humanitarios de los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa por la liberación de los rehenes en manos de las FARC que terminó con el asesinato de un contingente guerrillero y de su comandante Raúl Reyes, violando impunemente la ley internacional de respeto a la soberanía del Ecuador, invasión descarada a su territorio; asimismo hoy tenemos la ilegal, desproporcionada y violenta reacción de Alan García llamando “traición a la patria” a una carta de la Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH, donde esta organización respondía a una consulta del Parlamento Europeo respecto a la organización MRTA.

Las rabietas histéricas del fascismo no pueden reemplazar la imparcialidad de los Estados, ni de los organismos nacionales e internacionales ajenos a los conflictos políticos-sociales de cualquier país del mundo; la ley internacional establece y distingue derechos y deberes para este tipo de conflictos inscritos en la historia universal como revoluciones iniciadas por la rebelión de los pueblos contra el orden establecido; sin irnos a la antigüedad, contamos, por ejemplo, las llevadas a cabo en Francia, México, Rusia, China, Vietnam, Cuba, etc. En este sentido, la ley internacional reconoce tres etapas en los conflictos armados: a) rebelión o desafío a la autoridad; b) insurgencia popular o desconocimiento de la legitimidad del gobierno (últimamente derrocamientos presidenciales en Bolivia, Ecuador, Argentina); c) beligerancia o hecho jurídico reconociendo un estado de hostilidad propio de la guerra civil y la competencia en el ejercicio del poder (territorios liberados.) Cabe resaltar estas definiciones de la ley internacional por el facilismo interesado de declarar “terrorista” a cualquier movimiento político y popular contra el injusto orden establecido en la mayoría de los países del mundo. En consecuencia, las histerias fascistas de Alan García y Álvaro Uribe no pueden tenerse en cuenta por ningún motivo, menos cuando de la intervención imparcial de la Unión Europea se trata en relación a que organizaciones se declara terroristas y a cuales no. Esto independientemente de la concepción que sobre la connotación de la palabra terrorista se tenga, pues más existe el feroz terrorismo de estado, de responsabilidad exclusiva de los gobiernos, que el acusado a las organizaciones subversivas o insurgentes. Desde un punto de vista imparcial, el terrorismo es un producto de la guerra de ninguna manera una opción política alternativa al injusto orden social; y el terrorismo de estado es una defensa prohibida, ilegal, criminal e injustificada del orden establecido.

Uribe rechaza furiosamente los intentos humanitarios de liberar rehenes y de reconocer un estado de beligerancia en Colombia, luego de cuarenta años de insurgencia armada, donde la FARC tiene un ejército de diez a quince mil hombres (campaña militar en cada región) y más de medio país ocupado sin injerencia alguna del Estado desde 1998. Reconocimiento de estado de beligerancia, bajo ciertas condiciones, a pedido de dos presidentes, Hugo Chávez y Rafael Correa, cuyos países son ajenos al conflicto armado, único trayecto hacia las conversaciones de una paz definitiva. Y García Pérez, en su alocado afán de tachar de terroristas a sus opositores con la finalidad de imponer la continuidad del programa neoliberal dictado por Washington y rechazado por las tres cuartas partes de los peruanos, montó en cólera histérica porque el parlamento europeo no reconoció como organización terrorista al MRTA, precisamente cuando el gobierno pedía tal definición justificadora de la persecución política del régimen, del recorte de las libertades públicas y democráticas, justo a inicios de la V Cumbre de países de la Unión Europea y América Latina y Caribe a celebrarse en Lima a mediados de mayo. De ahí nace su grito histérico y fascista de “traición a la patria” refiriéndose a una organización seria como APRODEH, tanto en sus denuncias como en sus aproximaciones a la verdad de los genocidios (terrorismo de estado) perpetrados por los gobiernos de Fernando Belaúnde, el primer gobierno de Alan García y Alberto Fujimori, en los Cabitos cuartel del ejército en Ayacucho (cientos de cadáveres de pobladores campesinos, mujeres y niños, recientemente desenterrados,) en Cayara, Accomarca, en los penales de Lima de Lurigancho, el Frontón, Castro Castro; en Los Molinos, en los Barrios Altos, en la universidad de La cantuta, etc.

Aquí el cierra filas de la clase política tradicional encabezada por García Pérez y el almirante Giampetri su vicepresidente, ambos ejecutores de la matanza de presos acusados de terrorismo, en junio de 1986, no tiene parangón en la historia del país. Y no lo tiene porque en el griterío fascista se juntan el APRA, el Fujimorismo, la Unidad Nacional de ultraderecha de Lourdes Flores, la Iglesia Católica y el Opus Dei dirigidos por el cardenal Juan Luis Cipriani; los restos del belaundismo y el toledismo y hasta de manera sorprendente las huestes de Ollanta Humala en el Congreso. ¿Creen acaso estos politicastros, casi todos responsables del terrorismo de estado que mutiló al Perú con miles de muertos inocentes, que el parlamento de la Unión Europea ha sido manipulado por una simple carta de APRODEH? ¿Creen acaso en la ignorancia total y absoluta de la mayoría de los parlamentarios europeos, quienes declararon al MRTA como no terrorista? Por favor, esta clase política tradicional peruana nos llena de vergüenza y no debería subestimar la experiencia y la concepción política de representantes internacionales completamente imparciales y por consiguiente no sometidos a la manipulación de quienes sí tienen responsabilidad directa en los muchísimos crímenes y abusos cometidos en el Perú en los últimos veinte años. El MRTA es una organización desactivada desde hace diez años y su última acción, destacada militarmente, fue la toma de la casa del embajador japonés en 1997 donde rehenes de la importancia de embajadores, la madre y hermana del presidente Fujimori, almirantes y generales y el general jefe de la policía antiterrorista, entre otras personalidades, fueron respetados durante una negociación que duró tres meses y medio; en estricto, terrorismo declarado hubiera sido si el jefe Néstor Cerpa Cartolini teniéndolos a su disposición hubiera ejecutado a alguno de ellos, como sí ocurrió luego por parte del gobierno en la acción militar de recuperación de la casa del embajador Aoki, donde se asesinó a mansalva a los sobrevivientes del MRTA rendidos. En esta sola acción del comando del ejército Chavín de Huantar y de la voluntad negociadora “humanitaria” del cardenal Cipriani introduciendo micrófonos sofisticados, nos preguntamos imparcialmente ¿dónde estuvo el terrorismo?

El congreso peruano digitado por la histeria fascista de Alan García ha rechazado la resolución del parlamento europeo y todos los medios de prensa y la TV igualmente desataron una campaña de intolerancia que nada tiene que ver con el MRTA desactivado, inactivo y muerto, como proyecto político; donde el propio jefe del movimiento Víctor Polay Campos, desde la prisión, dio la partida de defunción y reconoce determinados excesos cometidos aunque rescatando el carácter revolucionario, insurgente y de rebelión contra la injusticia en el país. Entonces, la pregunta lógica es ¿por qué se quiere resucitar al MRTA con una vehemencia retórica y excitación a la violencia? A diferencia de Colombia donde la presencia de las FARC y el ELN es real y efectiva, echar a andar a un MRTA fantasmagórico en el Perú significa dar carta blanca a Alan García para justificar los atropellos contra la democracia, la persecución política e ideológica, el recorte de las libertades públicas, la detención arbitraria, el secuestro, la tortura y hasta los asesinatos impunes disparando a la población civil como cuando se produjo el paro nacional agrario en febrero pasado. Ahí tenemos como prueba irrefutable de esta afirmación, el encarcelamiento y juicio arbitrario de los siete participantes en Quito de la Coordinadora Continental Bolivariana, quienes son acusados de ser terroristas y precisamente vinculados al inexistente MRTA.

Evidentemente, el parlamento europeo no se ha dejado sorprender por el gobierno fascista de Alan García Pérez, menos de la casa de brujas que pretende; de allí, qué duda cabe, parte la descomunal rabieta de la clase política peruana. Además tan grande es el pánico hacia una cumbre social paralela, como sucede en cualquier país sede del mundo, que para la realización de la V Cumbre ALC-UE de mayo, el gobierno de García Pérez ha programado la militarización de la ciudad de Lima, la suspensión de clases y la “protección” de los presidentes y delegados, quienes tendrán que reunirse en el Cuartel General del Ejército conocido como el Pentagonito, habilitado como centro de convenciones internacionales.