Por Felipe de J. Pérez Cruz
Honduras se encuentra entre los países más pobres de América Latina y el mundo. La pobreza alcanza al 62.9 por ciento de la población y más del 55 por ciento está desempleada. El 63 por ciento de las familias hondureñas sufren de desnutrición y miles de chicos viven en la calle. Por primera vez en la historia contemporánea del hermano país, un gobernante, el Presidente José Manuel Zelaya Rosales, estaba empeñado en un grupo de importantes acciones para cortar en sus raíces esa herencia de explotación y subdesarrollo.
Zelaya Rosales no se planteaba un proyecto personal. Había llegado a la convicción de la necesidad de incentivar la participación popular en la toma de las decisiones fundamentales del Estado. Precisamente, el domingo 28 de junio los hondureños irían a las urnas con el propósito de participar en una consulta popular. Pero en horas de la madrugada se inicia el Golpe de Estado. El Presidente Zelaya Rosales es secuestrado por efectivos del Ejército y expulsado a Costa Rica. Desde las primeras horas del Golpe, el escenario quedó bien establecido: de una parte la oligarquía apoya en bloque la acción de los militares; de la otra, el pueblo expresa su protesta. Los principales medios de comunicación masiva ejecutaron una vasta operación de silencio con el propósito de desconcertar al pueblo, confundir a la opinión pública internacional y permitir el avance y consolidación de la asonada militar.
El funcionariado del Estado oligárquico -Tribunales, Fiscalía y Policía-, y la jerarquía de la Iglesia católica se manifestaron como parte del esquema golpista. El Congreso hondureño nombró como presidente del país a Roberto Micheletti -Presidente del órgano legislativo y ex candidato a la presidencia por el propio Partido de Zelaya Rosales- tras esgrimir una supuesta carta de renuncia del Presidente. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) respaldó la decisión legislativa: “No se está cambiando un Presidente por otro. Se ha logrado en un marco de unidad nacional, mantener la institucionalidad y el respeto a la Constitución y las leyes”, afirmaron los empresarios.
Desde los primeros momentos el pueblo hondureño rechazó el Golpe de Estado. Aunque parte de las garantías constitucionales fueron suspendidas, y se vivió en el país una especie de estado de sitio, decenas de miles de hondureños en Tegucigalpa y otras ciudades del país, salieron a las calles y plazas para respaldar el retorno del Presidente Constitucional. Las masas, con la armadura de su indignación y vergüenza, comenzaron a enfrentarse a las fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía. Caen las primeras víctimas de la nueva represión fascista. Las detenciones se multiplicaron y en respuesta, las organizaciones populares convocaron a un paro nacional hasta el regreso del legítimo Presidente, medida que se mantiene hasta hoy.
Para justificar el Golpe de Estado las fuerzas de la oligarquía y el imperialismo apelan a un grueso expediente de acusaciones contra el Presidente José Manuel Zelaya Rosales. Se trata de un expediente espurio, fabricado a última hora, pero tales argumentos, aún si tuvieran una cuota de credibilidad, resultarían falsos para explicar las razones del cruento asalto militar. Realmente con la salida de Zelaya Rosales de la presidencia, se intenta cortar el curso histórico de un interesante proceso de cambios que se había iniciado en el hermano país.Honduras.
Desde la época del padre fundador Francisco Morazán Quezada (1792-1842) y sus luchas por los desposeídos, la historia de Honduras es una sucesión de represiones y traiciones de la oligarquía contra las masas trabajadoras, los campesinos y grupos originarios. Mientras el pueblo quedaba en las condiciones de mayor desprotección y explotación, los recursos naturales del país se entregaron primero a los capitalistas ingleses y después, definitivamente, a los monopolistas estadounidenses.
Honduras sufrió la intervención directa de los Estados Unidos (1907) y la invasión de los marines (1924), y fue durante el Siglo XX una colonia económica y política de las trasnacionales fruteras estadounidenses y en especial de la United Fruit Company. Al humor negro del escritor yanqui O. Henry, le debe esta nación el infame título de República bananera.
De una parte las dictaduras militares y de la otra, la alternancia bipartidista entre liberales y nacionalistas (conservadores): Este sería el mecanismo de control hegemónico de la clase oligárquica y el imperialismo estadounidense, para impedir cualquier cambio a favor de los intereses nacional populares.
A partir del Golpe de Estado de 1963 se sucedieron los gobiernos militares. Pero la llegada en 1982 de un gobierno civil fue en definitiva un pacto de clase entre los jerarcas militares –devenidos en grandes terratenientes y burgueses- y al oligarquía tradicional. Este pacto se institucionalizó con la actual Constitución. La labor represiva de las dictaduras se continúa con una etapa de terror, búsqueda y eliminación de grupos y elementos de la izquierda. La enorme influencia del Ejército y la doctrina “de Seguridad Nacional” se mantuvo intacta. No podía ser de otra manera, pues Honduras era en aquellos momentos la base para los ataques de los Estados Unidos contra la Revolución Sandinista y los movimientos guerrilleros de Guatemala y El Salvador.
A pesar de que la Constitución hondureña prohíbe la presencia de tropas extranjeras en su territorio, el país centroamericano continuó hasta hoy como base de contrainsurgencia de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Si en lo económico y político Honduras carecía de independencia real y estaba fuertemente aherrojada por las bananeras y transnacionales estadounidenses, en lo militar pasó a ser un país ocupado por el Pentágono, base además de una importante estación CIA, y retaguardia segura de los terroristas de origen cubano.
En los años noventa Honduras quedó a merced de las recetas neoliberales. La neocolonia bananera y minera, fue modernizada con el enclave maquilador y las políticas de privatización y desgravación arancelaria. Como resultado, unas pocas familias en connivencia con las transnacionales estadounidenses concentran más del 90 por ciento de la riqueza nacional, el poder político y los medios de comunicación.
La situación económica social del país se agudizó tras el paso en octubre de 1998 del huracán Mitch, en el peor desastre de la historia nacional. A las 10.000 muertes causadas por el meteoro y el 1.5 millón de damnificados y desplazados, se añadieron pérdidas materiales por más de tres mil millones de dólares.
Ante la latente explosividad social en Honduras, México y toda Centroamérica, los Estados Unidos crearon el Plan Puebla Panamá, amplio conglomerado de militarización geoestratégico, con finalidades eminentemente contrainsurgentes. La nueva modalidad de ocupación imperialista se completaba con la aprobación en mayo del 2004 del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés). Un mecanismo de control y extorsión adicional que poseen los Estados Unidos en Honduras –y en Centroamérica toda-, es el de la inmigración y el envió de remesas, que representan más del 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación hondureña.
Las primeras elecciones del siglo XXI, realizadas en el 2001, dieron el gobierno a Ricardo Maduro Joest, candidato del Partido Nacional de Honduras (PNH). La principal misión de Maduro fue satisfecha: a pesar de que el CAFTA viola diecisiete artículos de la Constitución nacional, fue aprobado.
El incumplimiento de las promesas realizadas por los conservadores, una galopante corrupción, el crecimiento de los movimientos de los trabajadores y campesinos y las luchas populares contra la aprobación del TLC, aconsejarían al imperio y la élite oligárquica, apelar al mecanismo de recambio a favor del Partido Liberal de Honduras (PLH).
José Manuel Zelaya Rosales
José Manuel Zelaya Rosales (1952), es un rico terrateniente que fue directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y presidente de uno de sus gremios más importantes, la Asociación Nacional de Empresas Transformadoras de la Madera (ANETRAMA). Afiliado al Partido Liberal desde 1970, empezó a desarrollar en las filas liberales labores orgánicas y representativas, hasta llegar a ocupar un escaño como congresista. En el ejercicio de sus funciones públicas se caracterizó por su entrega y honradez.
La prensa burguesa de Honduras lo mostraba además como un buen padre de familia católica, con el don del hacendado campechano, aficionado a tocar la guitarra y montar caballos. Bajo este perfil Zelaya Rosales triunfa en las elecciones presidenciales del 27 de noviembre de 2005. Nada hacía suponer que fuera portador de una propuesta distinta a la de sus correligionarios de la oligarquía hondureña, ni que tuviera la valentía de trascender los marcos previamente fijados por el sistema de dominación.
El accionar del Presidente Zelaya Rosales para revertir la crítica situación nacional y comenzar –aunque fuera tímidamente- a favorecer las necesidades e intereses de los sectores populares resultó, para el imperio y la oligarquía, una desagradable sorpresa. Comprometido con las necesidades de su pueblo, el Presidente hondureño se percató de que era imposible combatir la pobreza y la exclusión sin afectar los intereses de las corporaciones transnacionales y la clase oligárquica y capitalista. Entonces la gestión gubernamental del Presidente establecería un punto de giro [1], un rompimiento con la historia de sumisión al imperio norteamericano y al servicio a los intereses de las transnacionales y la oligarquía nativa.
El nuevo presidente se propuso la reducción del costo del petróleo, así como frenar el control expoliador de las transnacionales petroleras –Esso (ExxonMobil), Texaco (Chevron) y Shell-, que desde hacía décadas operaban en Honduras. Así mismo puso coto a la indiscriminada explotación de los bosques, que afectaba a las comunidades indígenas. Y aquí comenzaron los primeros cuestionamientos a un presidente “de la clase” –maderero por demás- que sin embargo afecta la libertad de empresa.Zelaya Rosales comenzó por enfrentar el grave problema de las maras. Pero a diferencia del enfoque represivo prevaleciente, diseñó para la lucha contra el pandillerismo y el crimen organizado un enfoque más social, dirigido a resolver -en su raíz de pobreza y exclusión- esas y otras problemáticas de la marginalidad capitalista. Decretó el “estado de emergencia en el sistema de salud”, y realizó la liberación de una millonaria partida de recursos para iniciar la recuperación de tan vital servicio. Redujo la tasa de interés de los créditos para las viviendas y aumentó el salario mínimo de los ciudadanos.
Las medidas puestas en marcha por Zelaya Rosales mejoraron la situación económica del país. A pesar de que el déficit en la balanza comercial con Estados Unidos se duplicó en el año 2006 como resultante directa del TLC, el país registró el más bajo nivel de inflación de los últimos 16 años. La política gubernamental comenzó a dar frutos en la lucha contra la pobreza – reducida en un 6,5 por ciento-lo que en números absolutos significó que 500 mil hondureños salieran de la pobreza durante su mandato.Autodeterminación y soberanía.
La práctica consecuente de la autodeterminación y soberanía, en un país donde estas categorías sólo adornaban los discursos, constituyó una osadía del Presidente Zelaya Rosales.
El 1 de abril del 2006 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (CAFTA). Zelaya Rosales asume un hecho consumado, pero en sus declaraciones al respecto alertó sobre la real situación que se avenía “una lucha de David contra Goliat”, dada la debilidad de la economía hondureña. Urgía, en criterio de Zelaya Rosales, aprovechar las oportunidades que el CAFTA pudiera ofrecer, y a la par trabajar en otros acuerdos compensatorios.
Recién estrenado como Presidente Zelaya Rosales, en marzo del 2006, envía su primera misión a Venezuela para explorar posibles espacios de cooperación. Así, en su lucha por alcanzar la soberanía energética frente a las transnacionales, el presidente hondureño se acercó a Petrocaribe, iniciativa subregional perteneciente a Petroamérica, uno de los instrumentos de integración continental creados por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Así mismo Zelaya Rosales buscó la asesoría de Brasil para desarrollar la producción local de biocarburantes, particularmente etanol.
El 25 de agosto del 2008, Zelaya Rosales firmó en la Casa de Gobierno de Tegucigalpa el
documento que convertía a su país de manera oficial en el sexto miembro del ALBA, en una ceremonia que contó con la presencia de los presidentes Hugo Chávez, Daniel Ortega y Evo Morales y el entonces vicepresidente cubano Carlos Lage. Tras elevar un llamado al pueblo hondureño para que respaldara un “proyecto social de solidaridad entre países de América” que representaba “beneficios para los pobres”, declaró superado el modelo neoliberal y se pronunció por un “liberalismo socialista, para que los beneficios del sistema vayan a los que más lo necesitan”.
El 15 de septiembre, en su discurso institucional con motivo del 187 aniversario de la emancipación nacional de la Corona española, Zelaya Rosales presentó la entrada en el bloque bolivariano del ALBA como la “segunda independencia” de Honduras. Días después, en la Asamblea General de la ONU, el mandatario dijo basta a “más recetas y lecciones” del mundo desarrollado, porque no habían servido para eliminar la pobreza, y afirmó que el sistema capitalista estaba “devorando a los seres humanos”. Un mes más tarde, a últimos de octubre, en su intervención en la XVIII Cumbre Iberoamericana, en San Salvador, pidió a los participantes una condena al “capitalismo insaciable”.
La entrada al ALBA y la firma de acuerdos de libre comercio con Taiwán, Chile Panamá, y -en perspectiva- con Cuba, Perú, Brasil y Ecuador, expresaron con hechos la voluntad del Presidente Zelaya Rosales de diversificar las fuentes de intercambio comercial, económico y tecnológico, y liberarse de la prevaleciente dependencia del mercado y los compradores estadounidenses.
A escala regional Zelaya Rosales ganó respeto por su desempeño como presidente pro-témpore del Sistema de Integración Centroamericana en el segundo semestre de 2008. Bajo su dirección el bloque istmeño llegó a importantes acuerdos, atravesados por la lógica del enfrentamiento con los viejos lazos de sujeción a los intereses imperialistas, la superación de las barreras y prejuicios regionalistas, y la urgencia de frenar la incidencia de la crisis estructural del capitalismo en los países del área.
La política de Zelaya Rosales logró que cerca de 4.000 millones de dólares de deuda externa fueran condonados, y la llegada de combustible barato de Venezuela se tradujo en un mayor desahogo financiero del Estado y en una mejora de la calidad de vida de la población.
Frente al imperio
La decisión del Presidente Zelaya Rosales de buscar su soberanía energética lo colocó de inmediato frente al gobierno de George W. Bush, empeñado en defender a ultranza los intereses de sus transnacionales petroleras. La respuesta inicial del imperio va a ir por el camino de las presiones y críticas sobre elementos de corrupción, el tema migratorio y la ampliación del período de trabajo de los hondureños inscritos en el Estatus de Protección Temporal (TPS). Era el trato típico aplicado para “corregir” los escrúpulos de los gobernantes de turno; para ello, el Embajador norteamericano Charles Ford desarrolló el perfil interventor que tenía asignado, pero en el caso de Zelaya Rosales estas medidas no surtirían efecto.
El Emperador Bush, ante las denuncias del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz sobre la presencia del terrorista Luis Posada Carriles en los Estados Unidos y los pedidos de extradición del terrorista prófugo que realiza Venezuela, intenta salir del problema enviando al asesino a un tercer país. El Embajador estadounidense le hace la solicitud a Zelaya Rosales, pero éste la rechaza de plano. Ya en marzo del 2008, el Presidente hondureño anunció la apertura de las relaciones con Cuba.
Los crecientes vínculos del presidente centroamericano con los gobiernos de izquierda en Suramérica y Nicaragua, la entrada a Petrocaribe y el ALBA, la fraternal amistad que comenzó a consolidarse con el Presidente Hugo Chávez y la visita que realizó el Presidente hondureño a Cuba en marzo del 2008, su intercambio con el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, las declaraciones de respeto para con el gobierno de La Habana, y sus críticas al bloqueo estadounidense contra el país antillano, fueron vistas con visible enojo por los oligarcas hondureños y convencieron al imperio de la necesidad de trabajar para aislar y destruir políticamente al líder hondureño. Frente a tales decisiones, sin dudas el Presidente Bush colocó a Zelaya Rosales bajo estricta observación.
Zelaya Rosales causa una nueva sorpresa con las declaraciones del 31 de mayo de 2008, en las que anuncia a los militares estadounidenses su próximo abandono de la base Soto Cano (la tristemente célebre base Palmerola de la guerra secreta contra Nicaragua y el movimiento de liberación centroamericano) pues esta sería en un futuro próximo utilizada para vuelos comerciales internacionales, y que la construcción de la terminal civil contaría con fondos del ALBA. Es muy posible que después de estas declaraciones el Gobierno de Bush acelerara sus planes desestabilizadores. Para coordinar los planes contra Zelaya Rosales se escoge a un hombre de toda la confianza del Presidente yanqui: Bush nombra Embajador en Tegucigalpa al cubano [norte]americano de extrema derecha Hugo Llorens. El flamante representante del imperio había sido el asesor principal de Bush -era director de Asuntos Andinos del Consejo Nacional de Seguridad en Washington-, cuando sucede el Golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez. Llorens llega a Honduras en mal momento. El 12 de septiembre del 2008, el Presidente Evo Morales expulsa al representante de Estados Unidos en La Paz, por sus actividades de injerencia y Zelaya Rosales, en solidaridad, se negó a recibir las credenciales de Llorens. Ocho días después, el Presidente hondureño recibió al nuevo Embajador estadounidense y le expresó el malestar de su país “con lo que sucede con el país más pobre de Sudamérica”.
En noviembre 2008, el Presidente Zelaya Rosales felicitó a Barack Obama por su victoria electoral, clasificándola como ”una esperanza para el mundo”. Pero dos meses después, Zelaya Rosales envió una carta personal al mandatario estadounidense acusando a Estados Unidos de ”intervencionismo” y llamando al nuevo gobierno a ”respetar a los principios de la no injerencia en los asuntos políticos de otras naciones”. Zelaya Rosales también solicitó ”revisar a los procedimientos de inmigración y la otorgación de visas como un mecanismo de presión”. Así mismo se pronunció porque ”la lucha legítima contra el narcotráfico… no fuera utilizada como una excusa para imponer a políticas intervencionista en otros países”.
De la alarma al Golpe Técnico
Al “impredecible” presidente José Manuel Zelaya Rosales, ya le quedaba muy poco frente al gobierno del país. Para noviembre de este 2009 estaban previstas las elecciones y en enero del 2010 abandonaría la presidencia. En un país donde la izquierda había sido exterminada y el movimiento popular recién comenzaba a rearticularse y ganar fuerza, nada hacía sospechar que las maquinarias de los partidos oligárquicos no fueran capaces de restablecieran su equilibrio de poder. Así la marcha de los acontecimientos políticos hondureños, parecía indicar que para los imperialistas y oligarcas las soluciones vendrían tras el fin del mandato de Zelaya Rosales. En estas circunstancias, el 22 de noviembre del 2008 Presidente anuncio una consulta popular, que puso en alarma al imperio norteamericano y a sus secuaces nativos.
Zelaya Rosales trataba de dar un primer paso para una futura convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y a la reforma de la Constitución. La propuesta consistía en realizar una encuesta no vinculante que podría proponer, o no, un referéndum sobre la creación de una Constituyente, en lo que sería una cuarta urna de votación, en las próximas elecciones. De aprobarse, la consulta se realizaría posterior a la salida de Zelaya Rosales de la presidencia, por lo tanto no habría posibilidad alguna de reelección.
La sola mención a una posible constituyente aterrorizó a los oligarcas hondureños y puso en grave preocupación al imperio. La actual correlación de fuerzas en la región latinoamericana y caribeña, y en particular los triunfos de las fuerzas de izquierda en Nicaragua y El Salvador, y el alejamiento de las tradicionales posiciones oligárquicas del gobierno guatemalteco, hacían sumamente peligroso para la hegemonía imperialista cualquier intento en Honduras, de cambiar a través de una Constitución las bases institucionales del status quo conservador. Este era un camino ya transitado por Venezuela, Ecuador y Bolivia como parte sustantiva de sus procesos emancipadores. En este criterio desde los primeros momentos, las fuerzas de la reacción, orquestadas por la Embajada estadounidense, se empeñaron en sabotear la consulta, con el empleo de todos los métodos posibles, incluida la dinámica golpista.
Contra Zelaya Rosales se intensifica una fortísima campaña de descrédito y crítica ideológica, que polariza en su contra a la mayoría de la clase política hondureña, incluida la de su propio partido. Un ingrediente no despreciable es la actitud beligerante del poderoso Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), que se niega a cumplir el decreto de alza del salario mínimo. Si para lograr la aprobación en Congreso Nacional de medidas trascendentales como la entrada al ALBA, el Presidente había logrado el apoyo de la bancada liberal y al menos la abstención de parte de los nacionalistas, ahora el aislamiento llega a ser prácticamente total.
El 23 de junio el Congreso Nacional aprueba una legislación de última hora que prohíbe la celebración de referendos y plebiscitos 180 días antes y después de las elecciones. Amparado en esta normativa, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte Suprema de Justicia declaran ilegal la consulta del 28 de junio, y se amenaza con penas de entre 10 y 15 años de prisión para quienes la apoyen.
Zelaya Rosales destituye al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a distribuir el material para la encuesta. Como respuesta, el Ministro de Defensa y los Jefes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas renunciaron, y la Corte Suprema de Justicia desconoce la autoridad del Presidente de comandar las Fuerzas Armadas y restituye en el cargo al general Vásquez. A su vez, en el Congreso comenzaron las maniobras para un juicio político, que declarara no apto al Presidente sobre la base de acusaciones de violación de la Constitución y el ordenamiento jurídico del país.
El Plan B
Zelaya Rosales se percató de la gravedad de las maniobras que contra su gobierno se desarrollaban por parte del Tribunal y el Congreso, y con claridad denunció que estaba en curso un Golpe de Estado Técnico. Llamó a los presidentes latinoamericanos a solidarizarse con su gobierno, y solicitó el acompañamiento de la OEA. Fue en estos momentos cuando ocurre el hecho más audaz y trascendental de toda la presidencia de Zelaya Rosales: El Presidente convocó al pueblo a acompañarlo a la base aérea Hernán Acosta Mejía para sacar de ahí el material electoral decomisado por magistrados del TSE y fiscales del Ministerio Público.
Junto a una multitud popular Zelaya Rosales penetra en la instalación militar y recupera las urnas y boletas. De ahí manos populares se encargaran de llevar este material hasta los últimos rincones del país.
El sábado 27 de junio la directora ejecutiva del Proceso de Encuesta de Opinión, Fedra Tibot, informa que las 15 mil urnas instaladas en el país están listas para la consulta; en su distribución y cuidado han participado de forma voluntaria más de 45 mil hondureños. Por disposición presidencial las urnas serán custodiadas por organizaciones populares y la policía y no por el ejército.
La acción de las masas desconcierta y paraliza la maquinaria opositora. Zelaya Rosales considera conjurado el golpe de Estado técnico y llama al pueblo a participar en la consulta del domingo. Se equivocaba el Presidente Hondureño. Es evidente que no poseía todos los hilos del complot que sí manejaba el Embajador estadounidense en Tegucigalpa.
Con el pueblo defendiendo la consulta y Zelaya Rosales en movimiento dentro del país, el juicio político que preparaba el Congreso para destituirlo –el Golpe “técnico institucional”-, carecía de todas las posibilidades de victoria. Un escenario probable le indicaba a los conspiradores la radicalización de Zelaya Rosales, el aumento de su popularidad, y la profundización del protagonismo de los movimientos sociales y las organizaciones de izquierda. La dinámica golpista tuvo que optar por el “Plan B” y éste no podía ser otro que el de la abierta y desembozada asonada fascista. Se ve muy claro entonces como en el plan de tareas de los golpistas, la primera misión era la de secuestrar y sacar del país al Presidente Zelaya Rosales.
José Manuel Zelaya Rosales no es un “marxista”, ni un socialista revolucionario. En los Estatutos del Partido Liberal, en el apartado de Principios ideológicos, el artículo 6 “postula como principio fundamental la inclusión social y, por ende, se reconoce el crecimiento económico con equidad social como regla que debe regir la economía nacional; y debe presidir el ejercicio de las libertades económicas, de iniciativa, de inversión, de comercio, de competitividad, de contratación y de empresa, de modo que la producción económica responda a los conceptos de desarrollo sostenible, asegurando la distribución equitativa de la riqueza”. En buena ley, Zelaya Rosales quiso poner en práctica los principios ideológicos de su Partido, pero más allá de la letra, los burgueses liberales y la oligarquía hondureña no pueden ni quieren pasar. Saben además que el imperio no los perdonaría.
En países como Honduras la honestidad y consecuencia de los gobernantes puede llegar a ser para el imperio un indeseable disparador de la Revolución. Zelaya Rosales se convirtió en un Presidente dispuesto a emprender la ruta de la transformación social. En mucho, la conversión de Zelaya Rosales en un obstáculo para el status quo, es también un producto de los nuevos tiempos que recorren Nuestra América, de la presión popular en el marco de un renacer del movimiento emancipador continental.
Éste, por supuesto, que es un espacio en disputa: los intereses expoliadores no están dispuestos a ceder. Ahí está el porqué del garrote.
(Continuará)
[1] Sheyla Valladares Quevedo: Honduras: De pretextos y verdades, Rebelión
El ministro hondureño de Gobernación y Justicia, Enrique Ortez, que había jurado el cargo el pasado viernes, ha dimitido de su nuevo cargo el pasado martes. 
