Publicación Original en MONCADA
Aunque en términos de poder el actual sistema político cubano es un resultado de la Revolución, en sus aspectos estructurales y orgánicos están presentes antecedentes relacionados con la administración colonial española que imperó tres siglos, la ocupación militar norteamericana bajo la cual se redactó la primera constitución, se efectuaron las primeras elecciones y se inicio el período republicano que se prolongó medio siglo, a lo que se sumaron experiencias de la organización política de los ex países socialistas, de donde también se copiaron prácticas y enfoques constitucionales.
Cuando en 1902 Cuba accedió a la independencia precedida por cuatro años de ocupación militar norteamericana, en toda América Latina la democracia liberal que funcionaba desde hacía unos 80 años se había convertido en una caricatura. En realidad, lo que imitaron las fuerzas políticas de la Cuba republicana no fue la democracia europea ni norteamericana sino el diseño oligárquico establecido en las repúblicas iberoamericanas.
Como en otros países, el poder oligárquico en Cuba se estableció sobre los soportes del caudillismo, el latifundismo, la relevancia del clero y un desmesurado protagonismo de los militares; de hecho, todos los presidentes cubanos desde 1902 hasta 1933 fueron generales y luego coroneles, lo mismo que la mayoría de los ministros, gobernadores, alcaldes, senadores, representantes y magistrados.
A todo ello se suma la dependencia del capital extranjero que en Cuba se expresó en un sometimiento financiero, productivo, económico, tecnológico y comercial casi absoluto. Los capitalistas norteamericanos aprovecharon la ocupación para adquirir a precios de remate enormes extensiones de tierra, parcelas urbanas, así como ventajosas licencias para explotar los servicios públicos, concesiones mineras, comerciales y de todo tipo.
Sin todavía haberse constituido, la primera gestión de la República cubana consistió en enviar al Jefe del Ejército Libertador a Estados Unidos con el fin de gestionar un empréstito para pagar deudas y desmovilizar a los combatientes que habían luchado por la independencia.
A partir de 1959 transcurrieron 16 años de provisionalidad revolucionaria que terminaron cuando en 1976 se efectuaron las primeras elecciones del período socialista, que pusieron en marcha un original sistema electoral que prescinde de la postulación por parte de partidos, facultad otorgada a la población que en las circunscripciones electorales nominan directamente a los candidatos, que luego se enfrentan en elecciones directas y secretas para integrar las Asambleas Municipales.
El hecho de que en otros pasos del proceso, la ley exige que no menos del 50 por ciento de los aspirantes a diputados nacionales y provinciales sean postulados por Comisiones de Candidaturas, órganos corporativos formados por representantes de organizaciones sociales de entre los electos a las Asambleas Municipales, asegura el protagonismo popular.
Semejante mecanismo eleccionario, exclusivo de Cuba, no sólo prescinde de los partidos y de la propaganda electoral y cierra el paso a cualquier forma de demagogia, clientelismo o favoritismo, si no que asegura espacios a la oposición. Basta con ser electo en alguna de las miles de asambleas de circunscripciones, en las cuales los ciudadanos incluso pueden auto proponerse, derecho que algunas personas han ejercido, para ingresar en el circuito electoral.
Aunque no es perfecto el sistema tiene meritos suficientes para concitar el respeto de los ciudadanos.
En 1992, como parte de las medidas de enfrentamiento a la crisis a la que la caída del socialismo europeo y la desaparición de la Unión Soviética empujaron a Cuba, se adoptaron medidas políticas que incluyeron reformas a la Constitución y a la Ley Electoral que, entre otras cosas, introdujeron el voto directo en la elección de los diputados nacionales y provinciales evidenciándose que aun existen reservas para el perfeccionamiento del sistema político y de los mecanismo electorales.
En Cuba, como en cualquier otro sitio, la legitimidad del poder político, la existencia de apropiados y transparentes procesos electorales, incluso la adecuada concepción de las dependencias estatales, políticas y judiciales, no son garantía de eficiencia, cosa que suele depender de cuestiones más bien funcionales.
Una buena ley y una adecuada elección necesitan el complemento del día a día del funcionamiento eficaz y transparente de las instituciones, el equilibrio de las potestades, la participación popular realmente protagónica y la existencia de mecanismos regulares de control social del poder, entre ellos los órganos legislativos a los que el propio gobierno critica por su tendencia a la unanimidad formal, un papel activo de la prensa y de atención a la opinión pública, cosas que Cuba con sus renovadores mecanismos electorales y su acatado liderazgo puede alcanzar.
La Habana, 15 de marzo de 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario