Presidenciales yanquis: Bipartidismo a ultranza versus voto latino?

Miguel Fernández Martínez,  periodista que atiende la sección “Norte” de Prensa Latina, nos entrega en la web de esta Agencia dos excelentes trabajos que cuestionan, desde aristas inusuales, el gran show mediático que son las presidenciales norteamericanas: unas elecciones donde el dinero pone y paga los candidatos, donde los más votados por el pueblo generalmente no alcanzan el escaño presidencial, donde una “pelea de gallitos” ante las cámaras puede decidir la inclinación de la balanza… una balanza que sólo admite dos platos: Demócratas y Republicanos. ¿Conoce Usted los otros partidos que contienden por el “Premio Gordo”?

La diversidad ¿partidista? en las elecciones de Estados Unidos
Por Miguel Fernández Martínez *

Aunque la lucha por conseguir la presidencia de Estados Unidos se concentra entre los tradicionales republicanos y demócratas, el espectro electoral abarca a otras agrupaciones que también lidian por llegar a la Casa Blanca.

Los rojos (republicanos) y los azules (demócratas) son los partidos políticos más grandes, y cuentan con suficientes recursos económicos para mantenerse en el ruedo a través de campañas propagandísticas que promocionan a sus principales aspirantes.

Barack Obama y Joseph Biden, aspirantes a la reelección demócrata, y Mitt Romney y Paul Ryan, candidatos republicanos, son los rostros visibles de esta contienda, que ya se convirtió en la más cara en la historia de Estados Unidos.

Pero junto a ellos, otros 15 grupos políticos aparecen inscriptos en los registros electorales, aunque apenas se habla de sus proyecciones.

Los pocos recursos financieros de estos partidos, y su poca capacidad de recaudación de fondos, les impiden marchar a la par con las dos fuerzas políticas principales, y esto trae como consecuencia que los electores no alcancen a conocer sus plataformas programáticas.

Detrás de rojos y azules avanza como tercera fuerza política el Partido Libertario, con Gary Jonson, exgobernador de Nuevo México, como candidato a la presidencia, y Jim Gray, exmagistrado de la Corte Suprema de California.

Tienen entre sus presupuestos de campaña reducir la capacidad del gobierno, favorecer los matrimonios entre personas del mismo sexo, legalizar el consumo de la marihuana y permitir un flujo migratorio sin restricciones legales.

Fundado en 1971, el Partido Libertario es el más grande de los grupos marginales en Estados Unidos, y cuenta con una base de votantes registrados que supera los 225 mil electores.

También destaca el Partido de la Reforma, fundado por Ross Perot, dos veces candidato a la presidencia de Estados Unidos, y que esta vez trae como candidatos a Andre Barnett, de Nueva York, y a Ken Cross, de Arkansas.

Este partido, fundado en 1995, se creó como una alternativa ante el desencanto en los partidos tradicionales -demócrata y republicano-, de trabajar seriamente en los temas más importantes de la sociedad estadounidense.

Los "reformistas" de Perot se apuntaron su mayor victoria cuando lograron llevar a Jesse Ventura como gobernador del estado de Minnesota en 1998.

En el ruedo electoral aparece nuevamente el Partido de la Prohibición, fundado en 1869, que lo convierte en el más antiguo de Estados Unidos en activo, con el binomio integrado por Lowell Fellure, de West Virginia, y Toby Davis, de Mississippi, y que se opone desde siempre a la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Entre los más reaccionarios destacan el Partido de la Tercera Postura, y el de la Constitución, los que promueven la supremacía blanca y tienen un carácter antiinmigrante.

Proponen castigos severos a la inmigración indocumentada, y una moratoria a la migración legal que garantice que todos los subsidios federales a los inmigrantes sean abolidos o eliminados.

Otras agrupaciones inscriptas son el Partido Verde, con Jill Stein, de Massachussets, y Cheri Honkala, de Pensilvania como candidatos, quienes promueven el cuidado del medio ambiente, la justicia social, la diversidad social y la no violencia, y el Partido Justicia, que defienden una reforma financiera electoral y modificar el sistema de rentas internas de Estados Unidos, al tiempo de prometer un sistema gratis de salud pública.

Están además el Partido Paz y Libertad, una agrupación de izquierda que nació durante la guerra de Vietnam, defensora de las libertades individuales y el derecho a la educación y la salud gratis, con Rossane Barr, de Hawai, y la activista Cindy Sheehan, de California como aspirantes a la presidencia.

Completan la lista los partidos Socialista, con Stewart Alexander, de California, y Alejandro Mendoza, de Texas como candidatos; el Socialista Igualitario, con Jerome White, de Michigan, y Phyllis Scherrer, de Pensilvania; y el Socialista de los Trabajadores, con James Harris, de Nueva York, y Maura Peluca, de Nebraska.

Cierra la campaña con el Partido Socialista y Liberación, el Independiente de América, y el Objetivista, que propone reformar el sistema de rentas internas y eliminar el impuesto sobre los ingresos.

Otra fuerza política que marcó este proceso electoral fue el Tea Party, un movimiento nacido en 2009 y que se enrumbó hacia la derecha más extrema del Partido Republicano.

A pesar de llevarse las palmas en las elecciones legislativas de 2010, el Tea Party ha tenido una presencia mucho más discreta en estos comicios, después que Michele Bachmann, su principal candidata en las primarias republicanas, sufrió un rotundo descalabro.

Según analistas políticos que siguen el tema electoral, la falta de respaldo al Tea Party puede haberse generado después de las negociaciones del techo de la deuda nacional en 2011, cuando la intransigencia de los congresistas elegidos un año antes con el respaldo de esta agrupación ultraconservadora estuvo a punto de abocar al país a la suspensión de pagos.

A pesar de la diversidad, incluida la relativa pluralidad política, nadie duda que el botín se repartirá, como siempre, entre los "elefantes" republicanos, y los "burros" demócratas, protagonistas eternos de estas contiendas.


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Las minorías étnicas en el foco de las elecciones estadounidenses
Por Miguel Fernández Martínez *

Cuando apenas restan pocos días para que las campañas políticas por ganar la presidencia en Estados Unidos lleguen a su fin, republicanos y demócratas prosiguen sus miradas hacia las minorías étnicas con derecho al voto.

Demócratas y republicanos, las dos agrupaciones partidistas con opciones reales de llegar a la Casa Blanca, saben perfectamente que entre los afroamericanos, latinos y otros grupos étnicos asentados en la nación puede estar el elemento necesario para inclinar la balanza durante el conteo de las boletas.

Lleva la peor parte en esta lid el candidato republicano Mitt Romney, quien no es bien mirado por las minorías a partir de sus desacertadas expresiones, en momentos marcadas por cierto perfil racista, pero sobre todo por las políticas sugeridas, las cuales recortarían ostensiblemente las ayudas financieras a los programas sociales de los que dependen muchos de estos grupos sociales.

El exgobernador de Massachussetts sigue haciendo esfuerzos por mejorar su imagen ante afroamericanos y latinos, los grupos de mayor incidencia en las elecciones estadounidenses, después de la población blanca de origen anglosajón.

Con los latinos, Romney prueba constantemente mover sensibilidades a través de su hijo Craig, quien se convirtió en el portavoz de la campaña republicana hacia los electores de origen hispano, a partir de su dominio del idioma español.

Aún así, sigue sin convencer a esta importante comunidad, cuyo crecimiento en los últimos años la convierte en estratégica, sobre todo en los llamados estados clave donde todavía impera la indecisión de muchos votantes.

Melissa Salas Blair, activista republicana latina de Texas y presidenta de Puentes Research and Communications en Houston, reconoció recientemente que en varias oportunidades Romney utiliza a su hijo Craig para dirigirse a los latinos, cuando es él quien debe hablar directamente a las comunidades, aunque fuera en inglés, pero con enfoque hispano, como hace el presidente Barack Obama.

De desacertada calificaron muchos activistas republicanos la participación del candidato rojo en la Conferencia Anual del Concilio Nacional de la Raza, hacia donde envió un video genérico de campaña y no uno dedicado a los latinos, lo cual le valió que fuera recibida por los presentes en total silencio y con murmullos reprobatorios.

Los republicanos también recibieron fuertes críticas por concentrar los esfuerzos propagandísticos dirigidos a los hispanos con referencias amenazantes a Cuba y Venezuela, algo que consideran como pifia, en tanto solo resultará efectiva en Florida, pero no en otros estados como Ohio o New México, según la opinión del consultor republicano David Johnson.

Por su parte, los demócratas aún mantienen las preferencias de las minorías en índices bastante parejos con las elecciones presidenciales de 2008, que llevó a la presidencia a Obama con el apoyo mayoritario de los afroamericanos y más de un 70 por ciento de latinos.

Uno de los temas más discutidos y que movilizó la atención de los diferentes grupos étnicos en Estados Unidos fue el plan de asistencia social sanitaria sugerido por los "azules", bautizado por los republicanos despectivamente como Obamacare.

Según los estrategas de la campaña de Romney, el plan de salud social propuesto por el candidato demócrata a la reelección debilitará el ya existente Medicare, del que actualmente se benefician principalmente personas blancas de bajos ingresos, a quienes supuestamente se les afectarían más de 700 millones de dólares en ayudas para reinvertir en asistencia generalizada para negros y latinos.

A pesar de los ataques, los republicanos insisten en convencer a estos sectores de la población estadounidense que se mantienen leales al voto demócrata, junto a las mujeres jóvenes y solteras de todas las razas.

Según Pew Research, el 89 por ciento de los votantes que se identifican como republicanos son blancos, por lo cual tienen muy pocas opciones de ganar terreno entre negros e hispanos, quienes persisten en apoyar a Obama.

De ahí que el equipo de campaña de Romney no tiene más opción que la de adoptar una estrategia que impulse la participación de los blancos en las urnas.

El voto afroamericano es otro de los renglones más sensibles en la recta final de esta campaña presidencial, más cuando tiene como antecedente haber respaldado a los demócratas con un 95 por ciento en 2008, y donde tampoco los republicanos han tenido avances.

Durante la reciente conferencia anual de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP), celebrada en Houston, Texas, Mitt Romney fue abucheado por los participantes cuando se comprometió eliminar "todos los programas caros y no imprescindibles que pueda encontrar, incluido Obamacare".

Para los demócratas no todo está seguro, pues según una reciente encuesta, los prejuicios hacia los afroamericanos aumentaron en los últimos años, algo que pondrá en peligro la intención de votos a favor del presidente Obama, el primer mandatario negro en la historia de Estados Unidos.

Según Jon Krosnick, profesor de la Universidad de Stanford, por más que se esperó que el impacto de la raza disminuiría con el paso del tiempo, parece que el impacto del sentimiento antinegro al votar es casi el mismo de hace cuatro años.

La encuesta, realizada por investigadores de Asociated Press, las universidades de Stanford y Michigan, y el Centro Nacional de Opinión Pública (NORC), de la Universidad de Chicago, reveló que el 51 por ciento de los estadounidenses expresa ahora actitudes contra los negros, frente a un 48 en 2008.

También se midieron índices de actitudes raciales implícitas, donde resultó que la cantidad de estadounidenses con sentimientos antinegros aumentó al 56 por ciento, superior al 49 durante las pasadas elecciones presidenciales.

Otro dato interesante resultó que el 57 por ciento de los blancos no hispanos estadounidenses manifestaron actitudes contra los latinos.

La encuesta realizada en septiembre último encontró que en virtud del prejuicio racial, Obama podría perder cinco puntos porcentuales de apoyo en el voto popular en las elecciones del 6 de noviembre frente al candidato republicano Romney.

Las minorías étnicas con derecho al voto enfrentarán las urnas entre amenazas de recortes de los republicanos y promesas incumplidas por los demócratas, lo que hace dificil predecir hacia dónde inclinar su voto, el cual sin lugar a dudas tendrá un valor importante en los resultados finales.

*Periodista de la Redacción Norte de Prensa Latina.

 

Coloquio latino en Casa: mirada diferente a la migración

 

La Habana, 5 jul. (PL) Una mirada diferente al fenómeno sociocultural que representa la migración latina y caribeña a Estados Unidos propondrá el I Coloquio Internacional sobre el tema, convocado por Casa de las Américas.

En conferencia de prensa, el director del Programa de estudios de esa especialidad, Antonio Aja, precisó que a la cita del 13 y 14 venideros asistirán 19 especialistas vinculados con las letras, el arte, las ciencias sociales y las humanidades.

Al respecto, indicó que la mayoría de los panelistas nacieron o residen en Estados Unidos, aunque sus orígenes se ubican en República Dominicana, México, Puerto Rico, Argentina y Cuba.

El investigador precisó que el encuentro versará sobre una realidad compleja, diversa y creciente, de ahí que los temas estén relacionados con la historia de los procesos migratorios; lenguaje, literatura e identidad latina; y la presencia latinoamericana en la literatura, el teatro y las artes plásticas.

Unido a esto, el director de la revista Temas, Rafael Hernández, presentará una monografía, la primera que recoge ensayos de destacados intelectuales y artistas, quienes en su doble condición de latinos e investigadores, dialogan desde una perspectiva multidisciplinaria, acotó Aja.

La programación del evento también contempla varios paneles y la apertura de la exposición bibliográfica México y Aztlán: culturas e identidades de la frontera, en tanto el cierre estará a cargo del proyecto La Academia, agrupación de jazz dirigida por el maestro cubano Ruy López-Nussa.

Desde su fundación en 2009, el Programa de Casa de las Américas intenta crear un espacio que, desde los países de origen, posibilite el análisis, debate y conocimiento de experiencias, así como medir el impacto social y cultural para los países emisores y receptores de estos movimientos poblacionales.

Nueva York es una de las ciudades con mayor presencia de emigrantes, en especial latinoamericanos, que con 31 millones en todo el país deberán superar en el próximo lustro a los afroamericanos como la primera minoría radicada en Estados Unidos, al tiempo que constituirán un cuarto de la población nacional en los venideros 50 años.
rc/npg

Tomado de Prensa Latina

A propósito del tema:

Entrevista a Antonio Aja, director del Programa de Estudios sobre Latinos en los Estados Unidos:
“Debemos ser una alternativa a lo que mistifica, tergiversa y propone una visión discriminatoria de la población latina en EE.UU”.

El sistema de justicia que condenó a los Cinco: La ley contra el inmigrante (Tercera parte)

Por Salvador Capote

 

¿Qué sistema de justicia es ése donde el fiscal del gobierno exige a los tribunales rechazar el hábeas corpus de Gerardo, Antonio y René, tres de los cinco cubanos  antiterroristas encarcelados injustamente en Estados Unidos, mientras permite que permanezca impune el asesinato de Carlos Muñiz Varela? (1). Con el teclado de la computadora como escalpelo, continuemos su disección mostrando como las leyes de inmigración de Estados Unidos han estado signadas por la discriminación, la xenofobia, el racismo y, en ocasiones, como en la presente etapa, por la más refinada crueldad.

Los irlandeses fueron los primeros en sufrir el odio de los WASPS o “White Anglo Saxon Protestants” (Anglosajones blancos protestantes). En la década de 1840, huyendo de la hambruna, comenzaron a llegar a Estados Unidos en grandes cantidades. Eran muy pobres, con bajo nivel de educación y católicos. Vivieron hacinados en barrios insalubres en las ciudades situadas a lo largo de la costa atlántica. Los medios de prensa se encargaron de crear los estereotipos: fueron llamados despectivamente “paddys”, variante de la palabra “Patrick” en lengua gaélica (2), y fueron calificados de vagos, violentos y con tendencia al alcoholismo y la criminalidad. En las caricaturas, que aparecían con gran frecuencia en las publicaciones, se les ridiculizaba  mostrándolos con chaleco y sombrero de copa, con grandes narices rojas y siempre con una botella de whisky en la mano.

 La creciente frustración de los nativistas, es decir, de los ciudadanos con sentimientos hostiles hacia los inmigrantes en general y hacia ciertos tipos de inmigrantes en particular, determinaron la creación del primer gran movimiento anti-inmigrante en la historia de Estados Unidos. En las décadas de 1830 y 1840 tuvieron lugar motines anti-católicos. Las turbas atacaron impunemente las Iglesias, sobre todo en Nueva Inglaterra y Pensilvania. En 1834, en Boston, quemaron un convento de monjas ursulinas.

 En 1843 surgió una organización secreta, “Order of Star-Spangled Banner” (Orden de la bandera de las barras y las estrellas) que poco después se convirtió en el “American Party” (Partido Americano), más conocido como “Know-Nothing Party” (Partido de los que no saben nada), llamado así porque sus miembros respondían de ese modo: “I don’t know” (no sé), cuando alguien indagaba sobre los objetivos y políticas de la organización. Sus miembros provenían de la clase media urbana, se oponían a la inmigración, odiaban a los católicos y trataban de bloquear la asimilación de los inmigrantes a la sociedad.

 El partido llegó a tener más de un millón de miembros (1/8 del electorado potencial) y en las elecciones de 1854 y 1855 tuvo notables éxitos, logrando elegir a ocho gobernadores, más de un centenar de congresistas y a los alcaldes de Boston y Chicago. En consecuencia, muchos estados pusieron en vigor ordenanzas y leyes anti-inmigrantes. El presidente Ulysses S. Grant, Jefe del Ejército de la Unión durante la Guerra de Secesión, e integrante de los “Know-Nothing”, expresó en 1875: “Si tuviésemos otra contienda en el futuro cercano de nuestra existencia nacional, predigo que la línea divisoria no será la de Mason y Dixon (3) sino entre el patriotismo y la inteligencia [protestantes] de un lado, y la superstición, la codicia y la ignorancia [católicas] por otro.”

 Los chinos fueron los primeros asiáticos que migraron a Estados Unidos, principalmente a las ciudades de la costa occidental, en número significativo, y tuvieron que soportar todo el peso de los prejuicios raciales y étnicos. A comienzos de la década de 1850 emergen los clubs “anticulíes” (4) y esporádicamente se organizan boicots contra productos elaborados por los chinos. Editoriales que resaltaban estereotipos racistas aparecen cada vez con mayor frecuencia en los periódicos de San Francisco. A nivel estatal y local se ponen en vigor abusivas leyes y ordenanzas, como la ley de Oregón (1858) que exigía a los mineros y comerciantes chinos (y solamente a ellos) obtener y pagar una licencia operativa mensual. En 1854, la Corte Suprema de California decidió, en el caso “People v. Hall”, que los chinos no podían testificar en corte contra los blancos. Hall, un hombre blanco, habٌía asesinado a un chino, y los testigos eran de esa nacionalidad.

 La terminación en Promontory Point, Utah, en mayo de 1869, del ferrocarril Union-Central Pacific, lanzó de pronto sobre el mercado laboral de California a más de 10,000 trabajadores chinos. La histeria del “peligro amarillo” y de una supuesta invasión asiática a Estados Unidos subió de punto. Se multiplicaron los clubs anticulíes y las turbas racistas realizaron ataques frecuentes contra los barrios chinos. En la Sierra Nevada, los mineros blancos, con la complicidad de las autoridades estatales, despojaron y expulsaron violentamente a los mineros chinos.

 En 1874, en su mensaje anual, el presidente Grant se pronunció contra la inmigración asiática y llegó al extremo de afirmar que casi ninguna mujer china “realiza un trabajo honorable, sino que… son traídas para fines vergonzosos”. Al año siguiente, el Congreso aprobó la “Page Act” (5), ley dirigida contra las mujeres chinas. La aplicación de esta ley fue tan estricta que redujo prácticamente a cero la entrada de mujeres de ese país a Estados Unidos. Un comité congresional, establecido por esa misma legislatura, para investigar la inmigración china, incluyó en su informe final que “no hay raza aria o europea que no sea muy superior a la china”.

 Con estos avales de un presidente y del Congreso, no es de extrañar que la violencia anti-china alcanzase su expresión más criminal y vergonzosa en la masacre que tuvo lugar en Rock Spring, Wyoming, el 2 de septiembre de 1885, cuando la turba prendió fuego al barrio de los chinos. La cifra exacta de los asesinados no se conoce con exactitud pero se calcula entre 40 y 50. Muchos de ellos fueron quemados vivos, escalpados, decapitados, desmembrados, castrados, con extrema ferocidad. Los que perpetraron la masacre ni siquiera se tomaron el trabajo de enterrar a los muertos y, cuando una semana más tarde llegó por fin el ejército, encontró numerosos cadáveres en descomposición esparcidos por las calles o quemados dentro de las casas. Nadie resultó convicto por los crímenes de Rock Spring. Un gran jurado rehusó presentar cargos aduciendo que no había podido encontrar testigos.

 Otros actos de violencia extrema que quedaron impunes tuvieron lugar en diferentes estados, principalmente en California, Oregón y Washington. El 24 de octubre de 1871, unos 500 hombres blancos asaltaron el  “Chinatown” de Los Ángeles y asesinaron brutalmente a numerosos chinos, 84 según algunos estimados. “Chinese Massacre Cove” es el nombre oficial de un lugar a orillas del río Snake, en el condado de Wallowa, Oregón, donde, en 1887, fueron torturados, asesinados y mutilados 34 chinos. Un tribunal absolvió a los que perpetraron la masacre.

 En 1881, muchos estados, incluyendo Alabama, Ohio, West Virginia y Wisconsin, presentaron al Congreso peticiones anti-chinas. La legislatura de California declaró un día feriado para facilitar la realización contra esa etnia de manifestaciones públicas. Respondiendo a estas peticiones, el Congreso aprobó la “Chinese Exclusion Act” el 6 de mayo de 1882, que excluía a los trabajadores chinos por un término de diez años. La ley se renovó a su término y, por una nueva ley de 1904, la exclusión se estableció por tiempo indefinido. Lo peor de esta ley es que definió a las mujeres como trabajadoras y, por tanto, los inmigrantes chinos no tuvieron manera de reclamar a las esposas y otros familiares que habían quedado en China. Las familias quedaron divididas durante casi seis décadas hasta que ambos países se convirtieron en aliados contra el Japón durante la Segunda Guerra Mundial y, por ese motivo, el Congreso suavizó algunos aspectos de las leyes de exclusión. La “Repealer Act” (Ley de Revocación) de 1943 les permitió obtener la ciudadanía norteamericana y autorizó que los más ancianos, separados de sus familias durante generaciones, pudiesen traer de China a sus esposas. Como es de suponer, para la gran mayoría, el permiso llegó demasiado tarde.

 En 1906, después del terremoto, tuvieron lugar en la costa del Pacífico violentas manifestaciones, esta vez contra los japoneses. La legislatura de California aprobó una resolución solicitando al Congreso “limitar y disminuir” la inmigración nipona. En San Francisco, los negocios de su propiedad fueron vandalizados y los ataques no provocados contra transeúntes de esa nacionalidad resultaban cada vez más frecuentes. El 6 de octubre, el “San Francisco School Board” ordenó que todos los estudiantes japoneses de las escuelas públicas se trasladasen a las escuelas segregadas que funcionaban ya en el barrio chino desde 1885.

 Pero Japón era una potencia emergente, no la China débil de aquel entonces por lo que, para evitar complicaciones, el presidente Theodore Roosevelt decidió resolver el asunto por la vía diplomática. Las negociaciones dieron por resultado lo que recibió el nombre de “Gentlemen’s Agreement” (Pacto de Caballeros) que consistió de una serie de seis notas intercambiadas entre las dos cancillerías entre fines de 1907 y comienzos de 1908. El gobierno japonés se comprometió a no expedir documentos de viaje con destino a Estados Unidos a sus trabajadores; a cambio, Estados Unidos permitiría la reunificación de mujeres y niños con sus esposos y padres,  revocaría la segregación de los estudiantes en las escuelas y se comprometería a no permitir acciones violentas contra los inmigrantes japoneses.

 En la década de 1910, los agricultores japoneses de California, que poseían solo el 1% de la tierra, estaban produciendo el 10% de las cosechas. La reacción racista no se hizo esperar y en 1913 la legislatura del estado aprobó la “Alien Land Law” (Ley de la tierra de extranjeros) según la cual solo podían poseer terrenos los extranjeros que fuesen elegibles para obtener la ciudadanía. Como la ley de naturalización de 1870 negaba a los asiáticos el derecho a convertirse en ciudadanos, las víctimas de esta ley fueron los japoneses.

 Una ley aún más estricta fue promulgada en 1920, y la Corte Suprema en Webb v. Obrien (1923) determinó que el carácter discriminatorio de la ley no violaba la Constitución. Cuando, treinta años después, en 1953, fue al fin declarada inconstitucional, era ya demasiado tarde pues hacía largo tiempo que los agricultores japoneses habían perdido sus tierras.

 Al comenzar la Guerra con Japón, aproximadamente 2/3 de los japoneses de la costa del Pacífico eran ya ciudadanos norteamericanos por nacimiento, muchos de ellos por segunda o tercera generación. No obstante, después de Pearl Harbor, todos fueron tratados como enemigos extranjeros y más de 120,000 de todas las edades, por la Orden Ejecutiva 9066, fueron encerrados en diez campos de concentración. Los japoneses-americanos se vieron obligados a vender sus propiedades y pertenencias por una fracción de su verdadero valor.

 Aunque la Corte Suprema, en tres decisiones infamantes, ratificó la Orden Ejecutiva de Franklin Delano Roosevelt, actualmente se reconoce que el internamiento fue una acción ilegal, violatoria de las leyes internacionales, y realizada con extrema crueldad.

Historias similares podríamos recordar de otros muchos grupos étnicos. En realidad, desde que originalmente el Congreso, en 1790, restringió la ciudadanía a las “personas blancas libres”, todos los inmigrantes, excepto tal vez los provenientes del norte de Europa, han tenido que enfrentarse a leyes discriminatorias y al fanatismo de los sectores más racistas de Estados Unidos. Las cuotas de inmigrantes establecidas desde 1924 tienen por finalidad preservar la composición étnica y racial de la población de Estados Unidos limitando el número de inmigrantes del sur y del este de Europa y, por supuesto, de todo el Tercer Mundo, que se considera son inferiores genéticamente.

 Estas leyes racistas y los arraigados prejuicios antisemitas impidieron que Estados Unidos ofreciese asilo a los judíos europeos en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Estigma inborrable de aquella época es el “Viaje de los condenados”, en el barco Saint Louis, de casi un millar de refugiados judíos, a quienes Franklin Delano Roosevelt pudo salvar (y no lo hizo) de los campos de concentración nazis.

 Pero los que durante más tiempo (más de dos siglos) y con mayor profundidad, han visto el odio y los prejuicios transformarse en política oficial, son los hispanos y, en particular, los mexicanos. El Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que puso fin a la Guerra de México y garantizaba los derechos a la propiedad de los nativos, fue violado sistemáticamente y las tierras y las minas pasaron a manos de los anglos por diversos medios, incluyendo la violencia. En las décadas que siguieron, las leyes racistas, llamadas “Greaser Laws” (leyes de los grasientos) consolidaron el estatus de los mexicanos como ciudadanos de segunda categoría.
 Sin embargo, el crecimiento demográfico hispano ha sido indetenible y, de continuar la tendencia actual, Estados Unidos se convertirá en una nación de mayoría hispana, con o sin inmigrantes ilegales. La nueva oleada de histeria anti-inmigrante toma como pretexto la necesidad de defender la frontera contra el cruce ilegal de indocumentados, pero lo real es el miedo a una creciente población hispana que está cambiando la faz de Estados Unidos. En 1950 había menos de 4 millones de hispanos en Estados Unidos. Actualmente hay más de 50 millones y es probable que esta cantidad se duplique en los próximos veinte años.

 El Ku Klux Klan, que permaneció estático y parecía moribundo, resurge ahora con fuerza, al igual que otros grupos de supremacía blanca, como “Neo-Nazis”, “Posse Comitatus”, “Aryan Nations”, “World Church of the Creator”, “American Skinheads”, “Free Militia”, “Minutemen”, etc., alimentados por fanáticos horrorizados por lo que consideran una marea de razas inferiores que inunda Norteamérica. Menos extremista pero más peligroso por su mayor amplitud es el movimiento fascistoide “Tea Party”.

 Todavía no se han borrado las cicatrices de la “Operation Wetback” (operación Mojado) montada por el presidente Dwight D. Eisenhower, durante la cual la patrulla fronteriza realizó grandes redadas en los barrios hispanos, detuvo a miles de personas sólo por su apariencia racial y expulsó del país a cerca de 700,000 personas. Miles fueron llevados en barcos a lugares lejanos como Veracruz con el fin de impedirles el regreso. Todo el desarrollo de la operación se caracterizó por la brutalidad y el racismo. No fue la primera operación de este tipo. Uno de los mayores crímenes en la historia de Estados Unidos fue la deportación masiva de mexicanos entre 1931 y 1934. Con la autorización del presidente  Herbert Hoover, más de 500,000 méxico-americanos, niños el 60% de ellos, fueron expulsados de Estados Unidos. En 2005, el Congreso de California aprobó la “Apology Act” (ley de disculpa) que reconocía “la evacuación inconstitucional y emigración forzada de ciudadanos estadounidenses y residentes legales de ascendencia mexicana”.

 La “PATRIOT Act” (Ley Patriota) (6), promulgada el 26 de octubre de 2001, dio luz verde a los cuerpos represivos para espiar tanto a individuos como a organizaciones, realizar allanamientos y arrestos arbitrarios, y encarcelar inmigrantes por tiempo indefinido sin presentar cargos. La “PATRIOT Act” abre una puerta legal hacia el fascismo.

 El 16 de diciembre de 2005, la Cámara aprobó la ley anti-inmigrante H.R. 4437, propuesta por Jim Sensenbrenner, representante republicano por Wisconsin. El “regalo” de Pascuas para las familias mexicanas y centroamericanas fue esta ley que convertía en criminal a todo extranjero ilegal, hombre, mujer o niño, y además, a todo el que le hubiese ayudado a entrar en el país o a permanecer en él. La ley transformaba de pronto en delincuentes a los 12 millones de personas que permanecen indocumentadas en el país, cifra seis veces superior al total de la ya de por sí enorme población penal de Estados Unidos. Para la ejecución imposible de esta despiadada y absurda ley habría que multiplicar por seis las dimensiones de todo el aparato jurídico y de todo el aparato represivo del país, con ampliaciones adicionales destinadas a detener, juzgar y encerrar a todos los empleadores, religiosos, médicos, maestros, trabajadores sociales, etc., que hubiesen prestado ayuda de algún modo al inmigrante indocumentado.

 l “Department of Homeland Security” (Departamento de Seguridad Nacional),  elefante blanco del presupuesto anual de Estados Unidos, en lugar de emplear los millones a su disposición en combatir el terrorismo –tarea para la cual fue creado-, los emplea en perseguir familias inmigrantes mexicanas, gente sencilla y trabajadora, cuyos antepasados eran los dueños de este país desde Pueblo, en Colorado, hacia el oeste y el sur.

 Los agentes de “Inmigration and Customs Enforcement” (ICE) (brazo del Homeland Security) violan actualmente los domicilios de las familias hispanas sin justificación legal y derriban puertas en la madrugada en busca de indocumentados. No es raro que ciudadanos o residentes legales con pobre dominio del inglés y sin posibilidad de contratar abogados, sean deportados erróneamente a México. Los agentes de inmigración, con atuendo de SWAT (7), incluyendo fusiles de asalto y chalecos a prueba de balas, aterrorizan a los trabajadores mexicanos que con frecuencia han vivido muchos años en este país y ven su vida y su familia destruídas en un segundo. No importa si los hijos han nacido aquí y son ciudadanos estadounidenses, no importa si uno de los miembros de la pareja es residente legal, el equipo de la migra tiene que cumplir con su cuota mensual de deportaciones.

 ¿Es dividiendo y destruyendo familias como el “Department of Homeland Security” combate el terrorismo? ¿Qué añade a la seguridad de la nación el temor de millones de inmigrantes a que toquen en sus puertas en medio de la noche?

 Todas estas medidas y leyes son contraproducentes. En otros tiempos, los indocumentados mexicanos entraban a Estados Unidos cuando había trabajo y salían cuando éste escaseaba, generalmente después de recoger las cosechas. Ahora permanecen en el territorio de Estados Unidos porque temen ser apresados al salir o al entrar de nuevo y ser procesados como criminales. Por otra parte, ni los muros más altos, ni los guardias mejor armados, ni turbas enfurecidas, los detendrán, por la simple y humana razón de que sus esposas e hijos en México necesitan de las remesas para subsistir.

 La ultraderecha racista, que se opone a una ley de reforma migratoria, ha utilizado siempre las mismas tácticas: generar miedo en las masas, el miedo que profundiza los sentimientos anti-inmigrantes, el miedo que divide a los trabajadores y convierte en conflictos raciales o étnicos la lucha de clases subyacente. “Peligro amarillo”, “peligro islámico”, “peligro hispano”, siempre habrá un pretexto para el odio. Lo irónico es que la abrumadora mayoría de los norteamericanos que se oponen a la reforma nunca han tenido contacto con un inmigrante ilegal. La imagen que tienen de él está configurada por los estereotipos que difunden los medios.

 El temor a un cambio del carácter racial y étnico, a un cambio en la identidad nacional, es el principal factor que utiliza la ultraderecha para alentar la fuerte corriente anti-inmigrante actual. La leyes aprobadas en Arizona, en Georgia, en la Florida y en vías de aprobarse en otros estados, pueden generar olas represivas de mayor alcance. Si la depresión económica se prolonga o acentúa, es probable que asistamos a pogroms anti-inmigrantes en algunas ciudades de Estados Unidos.

(1)   Carlos Muñiz Varela, cubano-puertorriqueño, miembro fundador de la revista Areíto y de la Brigada Antonio Maceo, asesinado por elementos vinculados a la mafia terrorista cubano-americana de Miami el 28 de abril de 1979.
 (2)   Saint Patrick (San Patricio) patrón de Irlanda.
 (3)   Línea de demarcación que simbolizaba la frontera entre el norte industrial y el sur esclavista (Dixie) de los Estados Unidos.
 (4)   “Coolie” (culí) fue un término utilizado para designar a jornaleros chinos con muy bajo salario.
 (5)   Por Horace F. Page, congresista republicano de California.
 (6)   PATRIOT: Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism.
(7)   SWAT: Special Weapons and Tactics (armas y tácticas especiales).