Intervención del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en el Debate General del 69 Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El canciller cubano instó a un cambio en la ONU y a un nuevo orden mundial mas justo y equilibrado. Foto: Reuters.
Señor Secretario General:
Excelentísimos Señores Jefes de Estado y Gobierno:
Excelencias:
Distinguidas delegadas y delegados:
Vivimos en un mundo globalizado que avanza hacia la multipolaridad en una época marcada por la amenaza a la supervivencia de la especie humana.
El gobierno de los Estados Unidos y la OTAN no podrán revertir esa tendencia mediante un nuevo reparto del mundo por la fuerza de las armas, pero hay un serio riesgo de que, intentándolo, lo hagan ingobernable.
Los enormes arsenales nucleares y convencionales acumulados, el gasto militar anual impuesto de un billón, 750 mil millones de dólares, y el incremento al 2% del PIB de los presupuestos bélicos reclamado a todos los países de la OTAN, no servirán para enfrentar ni resolver los problemas de la pobreza, el hambre, las epidemias, las oleadas migratorias ni para conjurar las crisis de la economía global, ambiental, alimentaria, energética, hídrica.
Como ya se ha demostrado, donde apliquen la llamada “Guerra No Convencional”, descrita en la Circular de Entrenamiento 18-01 de las Fuerzas de Operaciones Especiales, y las novedades de la Revisión Cuadrienal de la Estrategia de Defensa de Estados Unidos, ambas de 2010, se impondrá el caos, mediante la desestabilización o destrucción de los Estados; la proliferación de grupos violentos y extremistas; el desgarramiento de las naciones, las culturas y las religiones, de lo cual surgirán graves peligros para la paz y la seguridad regional e internacional.
Es necesario rechazar la militarización del ciberespacio, la intervención ilegal y encubierta de los sistemas informáticos de unos países para utilizarlos en actos agresivos contra terceros, con el fin de alentar conflictos; así como el espionaje global a gobiernos y sociedades enteras.
La aplicación extraterritorial de las leyes de los Estados Unidos, en detrimento de otras naciones soberanas, es cada día más agresiva, y prolifera el empleo de sanciones unilaterales, en especial financieras, como instrumento de política exterior.
La utilización de sus Cortes de Justicia para imponer multas multimillonarias, incluso a sus aliados, mediante fallos violatorios del Derecho Internacional, se ha convertido en instrumento de castigo, de amenaza y de obtención espuria de recursos financieros.
Si los gobiernos declinaran la defensa de su soberanía y la aplicación de sus propias leyes en protección de las normas del sistema financiero internacional, de los legítimos intereses nacionales y los de sus compañías y ciudadanos, estarían creando condiciones para el incremento de esas prácticas que ponen en peligro la independencia de todos los Estados y el imperio del Derecho Internacional.
Los emporios mediáticos, cada vez más vinculados con los objetivos hegemónicos de las potencias occidentales, prosiguen sus campañas de desinformación, manipulan los hechos de manera desvergonzada y cínica, y crean matrices de opinión pública que favorecen la agresión.
Es necesario otro orden internacional, sin lugar para la filosofía de la guerra y del saqueo de recursos naturales.
La intervención extranjera en Siria debe cesar. No es posible que potencias occidentales alienten, financien y armen grupos terroristas para lanzarlos contra un Estado mientras intentan combatir sus crímenes en otro, como ahora ocurre en Iraq.
El gobierno de los Estados Unidos quebranta el Derecho Internacional cuando lanza, al margen de la Organización de las Naciones Unidas, bombardeos unilaterales, sin respetar fronteras ni Estados soberanos, aunque las disimule con dudosas coaliciones.
El intento de desplegar la OTAN hasta las fronteras de Rusia tendrá graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales y para la estabilidad de Europa. Las sanciones contra Rusia son inmorales e injustas.
El despliegue estratégico norteamericano en Asia-Pacífico creará peligros para la soberanía de todas las naciones del área.
Los crímenes de Israel contra el pueblo palestino, más recientemente en la Franja de Gaza, no deben quedar impunes al amparo del veto en el Consejo de Seguridad. Palestina debe ser ya un Estado miembro de las Naciones Unidas, que ha de ser establecido dentro de las fronteras de 1967 y con capital en Jerusalem Oriental.
La Asamblea General ha de ejercer las prerrogativas que le concede la Carta, en la peligrosa e inestable situación internacional actual, llena de amenazas y desafíos. El Consejo de Seguridad debiera ser reconstruido sobre bases de democracia, transparencia, justa representatividad de los discriminados países del Sur como Miembros Permanentes y No Permanentes, credibilidad, estricto respeto a la Carta de Naciones Unidas; sin dobles raseros, procedimientos oscuros ni anacrónico veto. La Organización de Naciones Unidas requiere profunda reforma y la defensa de sus principios. El Secretario General debe ser defensor y garante de la paz y la seguridad internacionales.
Señor Presidente:
Los 1 200 millones de personas que viven en la pobreza extrema, los 842 millones que sufren hambre crónica, los 774 millones de adultos analfabetos y los 57 millones de niñas y niños no escolarizados nos confirman que las Metas de Desarrollo del Milenio, cuestionables metodológicamente, fueron un espejismo.
Ha faltado y falta voluntad política en los gobiernos de los Estados industrializados donde prevalece un ciego e ineficaz egoísmo. Voraces emporios trasnacionales concentran crecientemente la propiedad sobre enormes recursos. La desigualdad en la distribución de la riqueza es cada vez más brutal. Es necesario, ineludiblemente, un nuevo orden económico internacional.
En estas circunstancias, la concertación de la Agenda de Desarrollo Posterior al 2015 difícilmente pueda ser una esperanza. No obstante, hay que intentarlo como la tarea más perentoria. Debe ser el resultado de una negociación intergubernamental e inclusiva. El documento resultante no debe ser la interpretación por parte de algunos del consenso, sino el consenso mismo.
Es urgente poner la prioridad en África Subsahariana. Es preciso enfrentar, de manera conjunta y decidida, con cooperación suficiente y genuina, la epidemia de ébola que afecta a algunos países del continente.
Cuba decidió mantener su cooperación médica en los 32 países africanos donde laboran más de 4 mil especialistas, y extenderla, bajo la conducción de la Organización Mundial de la Salud, a los otros países más afectados, como ha sido informado. Nuestros médicos y paramédicos lo harán de forma voluntaria.
Llamamos a la comunidad internacional, en particular a los países industrializados que cuentan con grandes medios, a responder con energía a la convocatoria de las Naciones Unidas y la OMS, que permita contar de inmediato con los recursos financieros, sanitarios y científicos para erradicar dicho flagelo e impedir que siga cobrando vidas humanas.
Deben aportarse también los recursos necesarios en apoyo de la Agenda 2063 de la Unión Africana, que fija la hoja de ruta para el desarrollo de esa región.
En estas cinco décadas, 325 mil trabajadores de la salud cubanos han asistido a 158 naciones del Sur, incluidos 39 países africanos, en los que laboraron 76 mil colaboradores. También, se formaron gratuitamente 38 mil médicos, de 121 países, de estos, 3 392 de 45 naciones africanas. Si Cuba, pequeña y bloqueada, ha podido, ¿cuánto más no podría hacerse a favor de África con la cooperación de todos, en particular de los Estados más ricos?
Señor Presidente:
En la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en La Habana, convinimos en que, para alcanzar el objetivo de sociedades más justas e inclusivas, es imprescindible una mejor distribución de la riqueza y los ingresos, la erradicación del analfabetismo, una educación de calidad para todos, el establecimiento de una verdadera seguridad alimentaria y sistemas de salud de cobertura universal, entre otros derechos humanos.
La solemne Proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, rubricada por los Jefes de Estado y Gobierno, consagra el respeto de los principios y normas del Derecho Internacional; la promoción de una cultura de paz, del desarme nuclear y del desarme general y completo; así como el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico y social.
Asumimos también el compromiso de lograr que América Latina y el Caribe sea un territorio libre de colonialismo y apoyamos el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la autodeterminación e independencia.
La Cumbre de La Habana reconoció que las crisis económica, financiera y medioambiental actuales, golpean con especial crudeza a los pequeños estados insulares en desarrollo, entre ellos a las naciones del Caribe. Sus esfuerzos por elevar el bienestar de sus poblaciones no deberían ser castigados, calificándolos de países de renta media mediante el cálculo esquemático de los ingresos per cápita, sin tener en cuenta sus particularidades y vulnerabilidades.
En la CELAC, la región de América Latina y el Caribe ha encontrado un espacio autóctono y legítimo donde forjar, desde su rica diversidad, la imprescindible unidad para realizar los sueños de los Próceres de alcanzar la definitiva independencia de “Nuestra América” y hacer una contribución sustancial al “equilibrio del mundo”.
En ese empeño, han sido acontecimientos relevantes el encuentro BRICS-UNASUR, la reunión de líderes de China y los países de América Latina y el Caribe y la constitución del Foro CELAC-China en Brasilia, el pasado julio, como se había acordado en La Habana.
Saludamos la Declaración de Fortaleza, adoptada también en ese momento, en Brasil, en la VI Cumbre de BRICS, cuyas economías constituyen el 25 % del PIB mundial y representan casi el 40% de la población del planeta, así como la constitución del Banco de Desarrollo y de un Fondo Común de Reservas de Divisas, que son trascendentes para los países del Sur y para la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional.
Expresamos toda nuestra solidaridad con la Revolución Bolivariana y Chavista que lucha y se defiende de acciones desestabilizadoras y de la injerencia externa bajo la conducción del Presidente Nicolás Maduro.
Respaldamos la digna batalla que libra Argentina frente a los fondos especulativos y nos oponemos a las decisiones injerencistas y violatorias del Derecho Internacional de Cortes estadounidenses. Igualmente, reiteramos nuestro firme apoyo a los legítimos derechos de Argentina sobre las Islas Malvinas.
Reitero nuestro apoyo invariable a la lucha que lleva adelante Ecuador frente a la expoliación y el daño ecológico provocado por la actividad de las trasnacionales.
En vísperas del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024), recordamos que este año se celebra el 210 aniversario de la independencia de Haití, cuya Revolución antiesclavista e independentista fue precursora de los movimientos libertarios en la América Latina y el Caribe. Haití merece una contribución especial para su reconstrucción y desarrollo, bajo la conducción soberana de su gobierno, para la que alentamos a la comunidad internacional. Apoyamos el reclamo del Caribe de recibir reparaciones de las potencias coloniales por los horrores de la esclavitud.
Señor Presidente:
El Departamento de Estado ha vuelto a incluir a Cuba en su lista unilateral y arbitraria de Estados patrocinadores del terrorismo internacional. Su verdadero propósito es endurecer la persecución de nuestras transacciones financieras internacionales en todo el mundo y justificar la política de bloqueo.
Durante el actual gobierno, se ha producido un recrudecimiento sin precedentes del carácter extraterritorial del bloqueo, con un marcado e inédito énfasis en el ámbito financiero, mediante multimillonarias multas a entidades bancarias de terceros países. Tal es el caso de la escandalosa e injusta mega-multa impuesta al banco francés BNP Paribas.
Tampoco desiste de promover la desestabilización en Cuba, destina cada año presupuestos millonarios y se apoya de forma creciente en el uso de métodos encubiertos, incluyendo las tecnologías de la información y las comunicaciones.
El proyecto ZunZuneo, de la USAID, que no solo viola las leyes cubanas, sino también las de su país, es la evidencia más reciente.
Las últimas revelaciones sobre el uso de jóvenes de nuestro continente en labores subversivas en Cuba, financiado y ejecutado por USAID, confirman las reiteradas denuncias del gobierno cubano sobre la continuidad de los planes ilegales para subvertir el orden interno, en violación de la soberanía cubana y de terceros países y del Derecho Internacional.
Es ineludible recordar que, en este mes, se cumplen 16 años de injusta prisión de tres cubanos del grupo de los Cinco –Gerardo, Ramón y Antonio–, quienes enfrentaron con sumo altruismo los planes terroristas que se organizan en territorio norteamericano contra nuestro país. Reitero, en nombre del pueblo y el gobierno de Cuba, que no descansaremos hasta lograr su regreso a la Patria.
Cuba, por su parte, se mantiene serena y dispuesta al diálogo mutuamente respetuoso, responsable, sobre bases recíprocas, con el gobierno de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, avanza en el proceso de actualización de su modelo socio-económico, en medio de un escenario internacional adverso, marcado por la crisis económica global y el recrudecimiento del bloqueo.
La actualización del modelo socialista cubano está encaminada a asegurar bienestar, equidad y justicia social para todas las cubanas y cubanos. Los cambios que realizamos buscan preservar las conquistas de la Revolución, por las que tantas generaciones han luchado. Tienen como objetivo, la construcción de un socialismo cubano cada vez más justo, próspero y sostenible.
Muchas gracias.
