sábado, 17 de mayo de 2008

Imperialismo: La cuarta flota y las nuevas amenazas, Por Horacio Verbitsky

A inicios de este mes fue publicado este artículo del periodista argentino Horacio Verbitsky. Como quiera que el re surgimiento de esta Flota es aún una amenaza, una espada de Damocles sobre los pueblos de Latinoamérica, manzana que se le está yendo de los dientes al imperio, nos complacemos en redifundirlo:

El 1º de julio comenzará a funcionar una nueva Flota de la Armada estadounidense, la cuarta, cuyo objetivo es dirigir operaciones coordinadas con las marinas de los países del Caribe y de Sudamérica en las denominadas guerras contra las drogas y el terrorismo, además de prestar asistencia médica y en prevención de huracanes. Al mismo tiempo se difundieron nuevos programas del Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa, de cooperación entre autoridades civiles, fuerzas militares y policiales. La legislación argentina prohíbe esta fusión de hecho de las tareas de Defensa con las de Seguridad Interior. Además, se conocieron lineamientos operativos de la CIA que justifican algunas formas de tortura si su objetivo no es humillar sino obtener información.

El Pentágono anunció el 25 de abril la recreación de la Cuarta Flota, desactivada en 1950, con escasa repercusión periodística y nula de las principales fuerzas políticas del país. Al frente fue designado el actual jefe del Comando de Operaciones Especiales de Guerra Naval, contraalmirante Joseph Kernan, quien dependerá del Comando Sur, con sede en Miami. Su jefe, el almirante Jim Stavridis, se declaró complacido por el eje que la nueva flota pondrá en América Latina y el Caribe y por la designación al frente de este “trabajo expedicionario” de un oficial del cuerpo SEAL como Kernan. SEAL nombra en inglés a las focas, pero según la definición oficial de la Armada estadounidense también es un cuerpo “que realiza misiones clandestinas desde el mar, el aire y la tierra (sea, air y land), llamadas Operaciones Especiales. La Armada explica que los oficiales SEAL son descollantes en guerra no convencional. “En forma sigilosa y eficiente destruyen blancos enemigos, recuperan e inutilizan explosivos, reúnen información”, realizan misiones encubiertas, dirigen operaciones antiterroristas e inclusive “entrenan delfines para servirse de ellos como sónar” en la detección de objetos sumergidos. Forman “la principal fuerza de operaciones especiales marítimas del mundo”. A fin de año se decidirá si su sede, la base de Mayport, contará también con un submarino nuclear.

El Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa, dependiente del Pentágono, ofrece cursos para funcionarios civiles, militares y de fuerzas de seguridad de América Latina. Su actual director es el coronel Richard Downie, un militar del arma de infantería con un doctorado en relaciones internacionales en la universidad del sur de California. Especializado en América Latina, se graduó también en la escuela colombiana de Rangers, trabajó en el Comando Sur y su último destino en actividad fue como director del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Asuntos de Seguridad, WHINSEC, que sucedió a la desprestigiada Escuela de las Américas. Downie tiene seis condecoraciones del Pentágono y del Ejército y ha escrito sobre la guerra de Vietnam, las drogas, la invasión a Panamá y los conflictos de baja intensidad. Estos son algunos de los cursos:

- Coordinación institucional. Entre países y entre agencias, nacionales e internacionales, como las Fuerzas Armadas, las de Seguridad y organismos civiles para “combatir y eliminar el terrorismo”.

- Defensa y seguridad nacional. Explica a funcionarios gubernamentales los problemas de seguridad nacional, el aporte militar a las autoridades civiles y cómo tratar con la prensa, la academia y las ONG en asuntos de contraterrorismo.

- Simulaciones. Auspiciado por el Comando Sur, permite simular la toma de decisiones gubernativas en temas de seguridad nacional y defensa, “como la economía, la pobreza, la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo”.

- Contrainsurgencia. Enseña a analizar conflictos “caracterizados por la insurgencia y el terrorismo”.

- Interacción. Especialistas latinoamericanos alternan con altos funcionarios estadounidenses. A pedido de cada país se le proveen conocimientos sobre planeamiento de seguridad nacional, relaciones cívico-militares en democracia, guerra irregular y contraterrorismo.

- Planificación por países. Para ministros, legisladores, jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y jefes de policía, quienes producen un borrador de documento de estrategia de seguridad nacional o defensa. Ya se realizó con funcionarios de Paraguay, Honduras, Perú y Panamá. Identifica intereses nacionales y amenazas y define roles militares y policiales.

- Apoyo cívico-militar sostenido. Seminarios para gobernantes electos, con el objeto de asistirlos en la preparación de documentos cruciales de planeamiento, fijando prioridades de seguridad nacional y defensa en un mundo globalizado.

Un documento crucial fue revelado la semana pasada por el diario The New York Times. Alude a las normas secretas de interrogatorios establecidas por la CIA. Esa organización de inteligencia considera que en la denominada guerra contra el terrorismo puede utilizar métodos prohibidos por el derecho internacional, pese a que la Corte Suprema dijo en 2006 que el trato a los prisioneros debía ajustarse al artículo 3 común a todas las convenciones de Ginebra (prohíbe atentados contra la vida y la integridad corporal, los tratos crueles, la tortura, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; las condenas sin previo juicio ante un tribunal legítimo, con todas las garantías judiciales civilizadas). Pero según una carta que el ministerio de Justicia envió el 5 de marzo al Congreso, el gobierno se reserva el derecho de evaluar caso por caso qué métodos violarían esa norma. La carta, firmada por uno de los viceministros, Brian Benczkowski, sostiene que para medir la violencia de una acción, un observador razonable debe tomar en cuenta si se realiza “para prevenir la amenaza de un ataque terrorista o con el propósito de humillar o degradar”. La orden ejecutiva sólo excluye en forma taxativa la violencia sexual y cualquier conducta “tan deplorable que un observador razonable la reconocería como algo que debería ser universalmente condenado”.




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