Por Orlando Cruz Capote
Una gran victoria y el reconocimiento a la resistencia heroica del pueblo cubano.
La exclusión arbitraria cubana de la OEA. La defensa de Cuba y la Segunda Declaración de La Habana.
Nunca antes estuvo más cerca la posibilidad de una agresión militar directa de los EE.UU. contra Cuba que en el año 1962. Los planes anticubanos avanzaron a marcha forzada y nada parecía detenerlos. La Crisis de los cohetes, en Octubre de 1962, fue el colofón de esa situación tan peligrosa.
La coyuntura era dramática y no solo en el ámbito hemisférico. En Europa, la crisis sobre Berlín aumentaba. El posible enfrentamiento entre la URSS y los EE.UU., entre la OTAN y el Tratado de Varsovia fueron motivos de grandes titulares de la prensa y fuertes debates en los medios políticos en ambos bloques político-militares. No pareció encontrarse una solución a la confrontación y se tensaron las situaciones hasta extremos insospechados. La Guerra Fría y la política exterior de los EE.UU. constituyeron el gran motor de las diferencias y contradicciones. Para los regímenes neocolonizados del subcontinente, el grito de: ¡Cuba sí, yanquis no!, tuvo una trágica resonancia interna que no estuvieron dispuestos a tolerar. No solo fue una consigna solidaria de los pueblos para con la Cuba revolucionaria sino el preámbulo del momento en que las masas populares podrían lanzarse a la lucha por la liberación nacional y social, contra la dependencia del imperialismo norteamericano y las burguesías lacayunas. Para algunos de los gobiernos “democráticos” de la región había llegado el momento de quitarse sus caretas “progresistas” no solo para con la realidad de la Revolución en la Mayor de las Antillas sino hacia dentro de sus propias sociedades. A la actitud anticubana de los regímenes de Nicaragua, Haití, Paraguay, República Dominicana (Trujillo es asesinado en mayo) y Guatemala, se sumaron las “democracias representativas” de El Salvador (Junta Militar en el poder), Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica y Venezuela.
Los ataques contra Cuba eran de la misma sustancia que en los años anteriores, aunque algunos nuevos elementos de la propaganda se perfilaron. La idea de que en la Isla se violaban los derechos humanos (a la Comisión Interamericana de Paz de la OEA fueron llevados tales acusaciones) y que el Gobierno Revolucionario Cubano intervenía, a través de sus embajadas y funcionarios, en los asuntos internos de los países con los que mantenía relaciones diplomáticas y consulares, ayudó a agitar el fantasma de la “exportación de la Revolución” y la necesidad de fortalecer la seguridad nacional de esas naciones. En el caso de la violación de los derechos humanos se hizo énfasis en la necesidad de que Cuba no ajusticiara severamente a los mercenarios que habían sido encarcelados y estaban algunos pendientes de juicio. Las denuncias se basaron en que los mismos se “maltrataban y que no eran sometidos o no se someterían a procesos judiciales imparciales y justos”. El problema provocado por el gobierno de Costa Rica fue una demostración evidente de lo que se preparó. El régimen de ese país rompió relaciones con Cuba “al conocer” el ajusticiamiento de criminales de guerra como Ramón Calviño (mercenario capturado en Playa Girón, que tenía un amplio expediente de asesinatos de revolucionarios durante la dictadura de Fulgencio Batista). La causa de la ruptura de las autoridades “ticas” fue cínica: “la violación de los derechos humanos” por la parte cubana.
Ante la solución humanista de la Revolución Cubana, de que los mismos podían ser devueltos a EE.UU. si este país agresor pagaba, en especie, el costo de la agresión y el retorno de sus asalariados, las autoridades de la Casa Blanca elucubraron un nuevo plan maquiavélico que consistió en que a su regreso, los invasores derrotados -cambiados por alimentos, medicinas y otros productos, como tractores- y los nuevos reclutas contrarrevolucionarios pudieran ingresar en las fuerzas armadas norteamericanas, facilitando su entrenamiento encubierto y la futura intervención directa del ARMY-/USA en Cuba y otras partes del mundo. En el segundo caso, la histeria y el clima agresivo fue de tal magnitud que la Delegación de Cuba remitió al Secretario General de la OEA, a principios de octubre de 1961, un documento donde denunciaba que estas variadas provocaciones, podrían traer como consecuencia que los países latinoamericanos que mantenían relaciones con la Isla se sintieran compulsados a deteriorar las mismas como había sucedido con Guatemala y Nicaragua quienes rompieron los lazos con el “Gobierno de la Habana” por acusaciones de que las misiones cubanas en esos países se inmiscuían en la política interna.
El caso salvadoreño fue uno de los más graves, al asaltarse la embajada cubana por militares de ese país, llevarse preso y esposado al representante diplomático, amenazarlo de muerte y registrar todas sus pertenencias en búsqueda de correspondencia comprometedora que demostrara las acciones del Gobierno Revolucionario en contra del derecho internacional. En noviembre fue atacada y asaltada la sede diplomática cubana en Lima, por cinco individuos armados. (1) Posterior al hecho vandálico aparecieron en el diario La Prensa, de ese país noticias falsas -apoyadas en documentos espurios también- en las que se señalaba la supuesta intromisión de la Misión de Cuba en los asuntos internos de ese país. Otra provocación de esa índole sucedió en Argentina. Aprovechando la expulsión de un funcionario del Servicio Consular cubano y utilizándolo como instrumento para atacar a Cuba se intentó crear una situación similar a la del Perú al presentar documentos apócrifos “extraídos de la legación diplomática cubana de Buenos Aires”. El gobierno cubano, para demostrar la patraña, permitió que la Cancillería argentina revisara los libros de asiento y todos los documentos que deseara. El final fue previsible, los “famosos” documentos no se correspondieron con los números y las firmas de los funcionarios cubanos y, por tanto, mucho menos con los originales. Eran tan infieles como que el mismo personaje contrarrevolucionario, el susodicho Frank Díaz, reincidía en las acciones de la Argentina, como lo hizo en el Perú. El gobierno argentino se encargó de desinflar ese”pretexto” y calumnia al declarar que todo fue una burda invención. Hubo hasta la intención de crear una situación similar en la representación diplomática cubana en las Filipinas.
Mientras tanto, en el mismo documento cubano ante la OEA de octubre, el Gobierno Revolucionario advirtió que en Guatemala se estaban entrenando militarmente más de 600 hombres de varias nacionalidades, entre ellas la cubana, con el fin de agredir a la Isla. La ubicación de la base del ejército guatemalteco era sintomática, radicaba en la finca “La Rosa” perteneciente a la sobrina del presidente de ese país. Asimismo, la Nota Cubana señaló que en Nicaragua habían concentrados en la hacienda “Montelimar”, propiedad de Somoza, centenares de mercenarios; que en la zona de Constanza, República Dominicana, también existían campos de entrenamiento de contrarrevolucionarios y, en Puerto Rico, en la zona cercana al poblado de Santa Isabel, se habían construido pistas de aterrizaje para aviones bimotores y bombarderos. Los meses y días que antecedieron a Playa Girón volvieron a repetirse de forma más peligrosa, pues en estos momentos eran más los países involucrados. Los acontecimientos se aceleraron. El 4 de octubre, en el contexto de la campaña anticubana, la Junta Interamericana de Defensa decidió excluir totalmente de las labores de la misma al delegado cubano, lo que constituyó un acto arbitrario, pues Cuba era aun un Estado miembro de la OEA y debía disfrutar de sus derechos en el Sistema Regional. El 6 de octubre, el Consejo Permanente y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA recibieron a los miembros del titulado Consejo Revolucionario Cubano -en el exilio de Miami-, quienes días antes había presentado a dichas instituciones un documento solicitando ayuda para derrocar al régimen “(...) que ha encadenado al pueblo cubano a la dominación soviética”. (Acta de la Sesión del Consejo del 16 de octubre de 1961, Fondo de la OEA, en Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba) Las “causas” para las futuras acciones en el marco de la OEA estuvieron casi preparadas. En ese momento, nuevamente el gobierno del Perú, fue el encargado de iniciar los intentos para convocar una reunión de la OEA con el fin de buscar una acción colectiva hemisférica contra el Gobierno Revolucionario. El 16 de octubre el régimen peruano solicitó al Consejo Permanente de la OEA que “(...) de acuerdo con el Artículo 6 del TIAR, convoque con carácter urgente al Órgano de Consulta y que, de conformidad con el Artículo 12 del mencionado tratado, se constituya y actúe provisionalmente como Órgano de Consulta con el objetivo de designar una comisión que se constituya en Cuba sin demora para investigar los hechos de materia de esta solicitud”. (Acta de la Sesión extraordinaria del Consejo de la OEA celebrada el 16 de octubre de 1961. OEA/Serie G/61, Documento 7, p. 32; en Archivo del MINREX de Cuba). La idea de concretarse, siempre con carácter urgente, consistió en que cualquier decisión que se tomara por el TIAR, era de estricto cumplimiento para todos los países miembros como lo estipulaban sus estatutos. La acusación fue congruente con la campaña anticubana en desarrollo: la violación de los derechos humanos y la represión que reinaba en Cuba. La “tragedia cubana” se declaró con las siguientes palabras: “(...) La efusión de sangre y la opresión que sufre el pueblo cubano por parte del régimen comunista que lo gobierna, constituye una afrenta para América, continente esencialmente libre, democrático y respetuoso de la persona humana.” En otro párrafo señaló que las ejecuciones arbitrarias del Gobierno cubano afectaban no solo a los adversarios políticos sino también a las mujeres, los menores de edad y altos representantes de la cultura y de la Iglesia. Haciendo uso cínico de la “Operación Peter Pan”, el documento peruano se hacía eco de la campaña inhumana de que “ (...) el Estado cubano le iba a quitar el derecho de la Patria Potestad a las madres de los niños en Cuba”. (2) Además, no estuvo ausente la acusación de la supuesta ingerencia de los diplomáticos y funcionarios cubanos en los asuntos internos de los países latinoamericanos.
El desespero o la ineficiencia de Derecho, del representante del Perú, le hizo olvidar que para invocar el Artículo 6 del TIAR hacía falta una situación de agresión o amenaza de agresión externa e interna, por tanto el sustento jurídico no era valido. La acusación peruana se refería a un objeto inherente a la soberanía nacional de Cuba, por lo que la propuesta en sí fue un llamado a la intervención en los asuntos internos de un país, hecho que era violatorio de la propia Carta de la OEA. Por ende, simple y llanamente la propuesta no era viable. Ello fue aprovechado por la diplomacia cubana y la de otros países latinoamericanos (3) para negar el procedimiento. Finalmente, el 25 de octubre la propuesta se trasladó para la Comisión Interamericana de Paz con el objetivo de que fuera estudiada. El Embajador cubano en la OEA, Carlos Lechuga, respondió duramente al Gobierno peruano poniendo al desnudo las viejas intenciones del régimen de ese país de convertirse en punta de lanza dentro del hemisferio en las acusaciones a Cuba para motivar una acción colectiva de agresión. Las palabras de la Isla resonaron en los salones al expresar: “(...) O la Organización de Estados Americanos vuelve sus espaldas a los pueblos, ya sin remedio, para doblegarse a la demanda del más fuerte, o la Organización de Estados Americanos se yergue y define los derechos de todos los Estados miembros a la autodeterminación. No hay otra alternativa.” (4) A estas alturas del debate, el gobierno colombiano salvó el “escollo jurídico y político” al proponer el 9 de noviembre que, “(...) se convoque una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el Artículo 6 del TIAR, para considerar las amenazas a la paz y a la independencia política de la los Estados Americanos, que puedan surgir de la intervención de potencias extracontinentales.” (Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo de la OEA, celebrada el 14 de noviembre de 1961. OEA/ Serie G/61, Documento 10, p. 15; en Archivo del MINREX de Cuba). La fecha de la convocatoria, repetimos el 9 de noviembre, dejó sin efecto las elucubraciones y mentiras acerca de que el evento se había propuesto como consecuencia de las declaraciones del máximo líder de la Revolución, el compañero Fidel Castro, el 1ro de diciembre de ese año, en las que hubo de hacer pública su afiliación al marxismo-leninismo y la ratificación del carácter socialista del proceso cubano.
La solicitud colombiana no mencionaba a Cuba (recordar la Declaración de San José) pero el 10 de noviembre, el Canciller de ese país, Caicedo Castilla dijo que: “(...) la ruptura individual de relaciones con Cuba no arrojaría resultados” y que lo conveniente “(...) era la interrupción colectiva de las mismas.” (Periódico Revolución, 11 de noviembre de 1961, La Habana, p. 1) El debate comenzó alrededor de si era o no lícito intervenir en los asuntos cubanos. La posición colombiana y la de algunos de sus seguidores, incluidos por supuesto los Estados Unidos, fue la argumentación de que sería realizada -la injerencia- como una “medida defensiva contra la amenaza del bloque sino-soviético en el hemisferio”. El representante cubano en la OEA reabatió tales argumentos señalando que no existían pruebas evidentes y fehacientes de esa amenaza y solo podía mencionarse como elemento jurídico de prueba un fantasma que no existía. Era, dijo el Embajador de la Isla de la Libertad, un monumento a la intervención en los asuntos internos de Cuba y una interpretación “sui generis” del derecho internacional e interamericano. Y Lechuga hizo una larga acusación radiográfica de la violación de los derechos humanos más elementales en el Perú.
Los gobiernos latinoamericanos se dividieron, en mayor o menor grado, en la polémica; los seguidores de la política de Washington encontraron el pretexto largamente buscado, otros como México, expresaron serias reservas a la propuesta colombiana concluyendo que no existían elementos para poner en marcha el procedimiento. La posición mexicana fue seguida por Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y Argentina. Una lectura de las actas de la OEA demuestra que las refutaciones de los representantes latinoamericanos mencionados no eran sólidas y no estaban relacionadas con una oposición firme a una intervención contra Cuba, sino en todo caso sus palabras tuvieron más que ver con el temor de que se echara a andar un mecanismo ilegal que podría romper las bases del sistema interamericano y poner en marcha la temida intervención norteamericana en el subcontinente que llegaría a alcanzar a sus propios países en otros momentos y circunstancias. Por otro lado, los países centroamericanos y Venezuela -esta última había roto las relaciones de todo tipo con Cuba, el 11 de noviembre- se alinearon junto a la propuesta colombiana. El Embajador de Guatemala dio la mejor muestra del sentimiento anticomunista y reaccionario que primó en las exhortaciones y ataques al decir que “(...) Todo enfoque a la crisis cubana que signifique amnistía interamericana no es realista, ni práctico, ni operante, ni está en concordancia con nuestras insoslayables responsabilidades históricas. Estamos deliberando y actuando, si me permiten la expresión, con tiempo prestado.” (Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo de la OEA, celebrada el 14 de diciembre de 1961. OEA/ Serie G/61, Documento 13, p. 7; en Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba). Por su parte, el Presidente de Venezuela Rómulo Betancourt, sumándose al concierto anticubano envió una Nota al Secretario General de la OEA, en la que con una doble moral y oportunismo de baja laya señaló que su gobierno era contrario a la idea de la intervención unilateral de cualquier país americano en Cuba, pero que el problema en su conjunto debía ser analizado y debatido ya que Cuba venía perturbando la tranquilidad política del hemisferio.
Concordando por iniciativa propia, dado el carácter oligárquico burgués de estos regímenes, o debido a las presiones y sobornos norteamericanos, los gobiernos latinoamericanos y caribeños demostraron que no estaban en condiciones per se de convivir con el ejemplo revolucionario, nacional liberador y socialista cubano. La historia volvió a corroborar que la reacción capitalista internacional (incluyendo la regional) hace siempre una “Santa Alianza” contra cualquier intento de construcción de un modelo de pluralismo ideopolítico diferente, que cuestione de raíz el status quo burgués y la sacrosanta propiedad privada. La miopía política de los regímenes latinoamericanos fue total como también su posición contrarrevolucionaria a toda ultranza.
Un nuevo elemento en la agenda de la discusión acerca del peligro a la paz y la seguridad hemisférica lo expuso Cuba, en una Nota enviada al Presidente del Consejo de la OEA, el recién nombrado canciller colombiano, Alberto Zulueta Ángel, al plantear la necesidad de que se convocase una sesión extraordinaria para analizar los planes norteamericanos de realizar una operación militar-intervensionista en los asuntos internos de República Dominicana, luego del asesinato del dictador Trujillo y la desestabilización en ese país. El acto acusatorio cubano advirtió que, con el fin taimado de “garantizar un camino de transición hacia la democracia,” lo que trataban los EE.UU., era de obstaculizar la actuación del movimiento democrático, popular y progresista en los cambios futuros de ese país. La moción cubana creó un gran embarazo en la sede de la OEA, pues si en el caso cubano se habló de hipotéticas amenazas a la paz y la seguridad colectiva, en el problema dominicano estos planes ingerencistas conjuntos eran reales. La denuncia dejó al desnudo la violación de numerosos artículos de la Carta del organismo interamericano y del propio Tratado de Río, por parte de los EE.UU. Pero la respuesta del representante norteamericano fue completamente hipócrita al declarar los propósitos “humanitarios” de la presencia de 15 barcos de guerra y de los cien aviones de combate cercanos a las costas quisqueyanas. Y se quejó indignado de que el Gobierno Revolucionario cubano había hecho pública su acusación también en la ONU.
La polémica en la OEA, se elevó de tono a raíz de la intervención cubana en las Naciones Unidas, realizada por el Canciller cubano Raúl Roa, en la que se apoyó la posición de la Unión Soviética de un desarme general y completo a través de un control internacional en contraposición a la posición norteamericana de reducir el control a la esfera de los armamentos. También la línea de principios de la política exterior cubana fue partidaria de restituir los derechos en la ONU, de la República Popular China, de concertar un pacto de no agresión entre los dos bloques militares, la celebración de un tratado de paz entre los dos Estados alemanes, la desaparición del colonialismo en todas sus formas y la abolición de las bases militares extranjeras establecidas en contra de la voluntad de los gobiernos y pueblos. En una profética demanda de nuestros días, el delegado cubano, llamó a la necesidad de reformar las estructuras democráticas de la ONU y de su Consejo de Seguridad, propiciando la entrada de nuevos miembros de las regiones de Asia y África.
Asimismo, el representante cubano reiteró las acusaciones referentes a la hostilidad de EE.UU. contra Cuba y sus planes de agresión, en contubernio con los gobiernos latinoamericanos y caribeños miembros de la OEA. Y reafirmó con fuerza: “(...) Déjese a Cuba en paz y se verá como se extingue, de súbito, el foco de tensión internacional deliberadamente creado por el Gobierno de los Estados Unidos con ostensibles fines de reconquista y hegemonía.” (Raúl Roa García Posición de Cuba ante la situación internacional, intervención en la Asamblea General de la ONU, el 10 de octubre de 1961; en, Raúl Roa García Canciller de la Dignidad, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1986, p. 267). Sin embargo, los matices de la política exterior soviética y sus planes militares dieron margen a ciertas dudas sobre el alcance de su propuesta de desarme. La URSS, en ese propio mes de noviembre, había realizado un ensayo nuclear en la zona ártica y la comunidad internacional lo rechazó. El Gobierno de Uruguay aprovechó la ocasión para presentar un proyecto de resolución en la ONU contra la Unión Soviética, después en la OEA, apoyando la decisión de la Asamblea General y esperó la votación de la misma con la intención de conocer la posición cubana. La delegación cubana explicó que jamás guardaría silencio, como era política desde el triunfo de la Revolución sobre cualquier aspecto internacional y que su postura no podía ser académica, frívola y oportunista, recordando que en la reunión de Belgrado (MNOAL) había firmado conjuntamente con 24 países un llamamiento a las grandes potencias para que concluyeran un urgente acuerdo de prohibición de las pruebas nucleares y termonucleares. Inmediatamente hizo un recuento histórico y político del inicio de la carrera armamentista y de las armas nucleares demostrando que la URSS había asumido una posición defensiva y justa ante las amenazas de las potencias occidentales, en especial, los Estados Unidos que poseían el arma atómica, la bomba de hidrógeno y que en esos momentos desarrollaba las pruebas de la futura bomba de neutrones. Y entonces, explicó su voto de no rechazo a la prueba desarrollada por la Unión Soviética, aunque confirmó su posición de que se suspendieran todos los ensayos en la tierra, el mar y la atmósfera pero, por parte de todos y no de una potencia en particular, porque la paz y la seguridad mundiales eran una tarea de todos y también debía alcanzar a todos por igual. (Por ejemplo, Francia continuaba realizando ensayos nucleares y era una aliada militar de EE.UU.)
La verdad cubana acerca de quiénes eran los principales países que violaban los presentes y futuros acuerdos sobre las armas nucleares quedó confirmada cuando la delegación norteamericana votó, el 24 de noviembre, en contra de una resolución aprobada por la Asamblea General que declaraba que sería una violación a la Carta de la ONU, el usar armas atómicas en la guerra y que llamó a todos los miembros a que respetasen a África como una zona desnuclearizada. La posición cubana fue entonces clara y tajante, pero fue acogida con “júbilo” por las oligarquías gobernantes de la región y los EE.UU., como una prueba más de la alianza y la simpatía entre el Gobierno Revolucionario y la URSS. Todos los países latinoamericanos -conjuntamente a Estados Unidos y Canadá- votaron contra “el ensayo nuclear ruso” y Cuba quedó “aislada” en el seno de la OEA. La respuesta norteamericana era de esperarse. Las autoridades de Washington estuvieron muy molestas e irritadas por las declaraciones cubanas ante la ONU, la participación de la Isla en la fundación del Movimiento de Países No Alineados en Belgrado, y por las visitas del Presidente Osvaldo Dorticós a la URSS y China, y por ello emitieron un documento que circularon en la OEA, llamando la atención sobre esos hechos como evidencia del complot cubano-chino-soviético contra el hemisferio.
La hipocresía y la farsa fueron corroboradas tiempo después cuando en 1972, el ex-canciller de México, Manuel Tello, en su libro “México: una posición internacional”, planteó que el 19 de mayo de 1961 el Embajador de EE.UU., Thomas Mann, le solicitó una entrevista en la cual le dio a entender claramente la posición de su gobierno sobre el caso de Cuba. Se hacía necesario -le dijo Mann- resolver el problema cubano a través de una intervención directa y armada por parte del ejército de su país y las tropas regulares de algunos países latinoamericanos y que tal acción debía ser precedida por una Reunión de Consulta de la OEA en la que se aprobarían los siguientes puntos: 1) reconocimiento de que Cuba se había convertido en un Estado comunista y había caído en la órbita soviética; 2) como consecuencia de ello se romperían las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con Cuba; 3) creación de una patrulla aeronaval para vigilar e impedir que se enviaran tropas o elementos bélicos de Cuba para países latinoamericanos, y 4) constitución de un Comité de seis u ocho países que se encargaría de observar el cumplimiento de todas aquellas resoluciones relacionadas con Cuba y que al mismo tiempo, vigilaría que no se conculcara la libertad en América. Todo, como hemos demostrado en los párrafos anteriores, formó parte del gran plan para aislar, desacreditar, subvertir y destruir a la Revolución Cubana. Si las afirmaciones del ex-Canciller mexicano no fueran suficientes, los documentos de la “Operación Mangosta”, expuestos en el epígrafe anterior, son confirmatorias acerca de lo que se orquestó alrededor y contra Cuba revolucionaria.
El 4 de diciembre de 1961, se decidió por una votación de 14 países a favor, 2 en contra y 5 abstenciones, la decisión que daba el visto bueno a la realización de la Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA, a pesar de que se le negó el derecho a la palabra al Ministro de Relaciones Exteriores de México (el Canciller mexicano Vicente Sánchez Gabito protestó ante tal arbitrariedad y proclamó que parecería ser que la votación estaba ganada). Inmediatamente, el 6 de diciembre el Gobierno de los Estados Unidos envió a la Comisión Interamericana de Paz, un documento que contenía información sobre los vínculos de Cuba con el bloque chino- soviético. Al día siguiente, la susodicha comisión le preguntó a Cuba si aceptaba una visita para investigar en territorio cubano la veracidad de las acusaciones. La respuesta de la Isla fue digna y declaró que el acuerdo de la Comisión era una intromisión en los asuntos internos cubanos que no iba a ser nunca aceptada, que no era a Cuba a la que tenían que investigar y que si se proponían realizarla debían hacerlo en pleno zafarrancho de combate.
Sin embargo, a estas alturas de la tensa discusión alrededor de Cuba, la reunión estuvo de hecho decidida. El largo recorrido del funcionario estadounidense Adlai Stevenson por la América Latina durante el mes de junio y las visitas de cancilleres y senadores, incluidos algunos presidentes latinoamericanos a Washington habían brindado a la Casa Blanca los resultados apetecidos. El viaje de John F. Kennedy por algunos países del subcontinente, Colombia y Venezuela, a mediados de diciembre de 1961, fue el punto semifinal de la compra de los votos necesarios para sancionar a Cuba. Pero la batalla continuó. A fines de ese año, una delegación cubana -como ya explicamos- presidida por el Viceministro de Relaciones Exteriores C. Olivares Sánchez realizó un periplo por varios países latinoamericanos con el fin de explicar la posición del país en relación con los principales problemas internacionales y de la región. Se trató de encontrar puntos de convergencia en asuntos comunes del derecho internacional e interamericano que imposibilitara una acción conjunta de América Latina contra el Gobierno Revolucionario. Por su parte, el Comandante en Jefe Fidel Castro, desde el 18 de enero de 1962, advirtió que la Isla asistiría a la cita interamericana “(...) a combatir por el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la soberanía nacional.” (En periódico Revolución, La Habana, 18 de enero de 1962. p. 1).
Notas bibliográficas y referencias:
Nunca antes estuvo más cerca la posibilidad de una agresión militar directa de los EE.UU. contra Cuba que en el año 1962. Los planes anticubanos avanzaron a marcha forzada y nada parecía detenerlos. 
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