martes, 14 de julio de 2015

Asamblea Nacional: Defender la cubanía a capa y espada

El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros acompañó los debates de los diputados sobre la política cultural. Fotos: Jorge Luis González
“La palabra de pase es integrar”, se le escuchó decir al diputado Alberto Fernández, de Ciego de Ávila y presidente allí de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y ese fue el consenso en un debate diverso, crítico y oportuno sobre la política cultural en los espacios públicos, tema presentado a los diputados de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en el tercer día de trabajo previo al V periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional.
Con la presencia del miembro del Buró Político del Partido y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se enunciaron problemáticas relacionadas con prácticas de individuos y entidades estatales que atentan contra los valores culturales de la nación.
“No es ya el empleo de las modernas tecnologías utilizadas mundialmente por la industria de la recreación y el ocio; sino los contenidos de violencia, discriminatorios para la mujer o dañinos a la infancia, racistas o xenófobos…”, fueron elementos mencionados.
La diputada de Guantánamo Arlin Alberty, llamó la atención sobre la importancia de conocer y aplicar la política cultural en todos los espacios y exigir porque se cumpla; “es una cuestión que debe involucrar a todos los organismos, ministerios, gobiernos locales, organizaciones… Hay que velar por la calidad de los productos culturales que consumimos, y eso tiene que ver con la educación del público para discernir la calidad de los mismos”.
Nereida López, representante del municipio Bayamo, en Granma, se refirió a algunas provincias donde “es un problema el pago a los artistas, y eso influye negativamente en la calidad de vida y del trabajo que se realiza”.
Señaló la necesidad de potenciar la recreación sana y además hizo hincapié en la ausencia de la música en algunas unidades de gastronomía; mientras en otros lugares son los operadores de audio quienes determinan lo que se escucha, a contrapelo de los gustos y la calidad.
“¿Qué atención se le está dando a los grupos tradicionales, tan poco reflejados en los me­dios?, cuestionó Idaliena Díaz, diputada por Guantánamo. Cualquiera puede pensar que nuestro baile nacional es el reggaeton, porque es lo que más se consume”.
Aplicar los resultados de la ciencia en la determinación de los gustos de la población cubana estuvo en el epicentro del debate. “Realizar un diagnóstico cultural”, fue el pronunciamiento de no pocos parlamentarios, en el intercambio donde estuvieron presentes también los diputados Miguel Barnet y Luis Morlote, presidente y vicepresidente de la Uneac, respectivamente, y Julián González, ministro de Cultura.
El valor de rescatar los museos, erradicar la agresión al paisaje urbano por las formas de gestión estatal y no estatal, cuidar la identidad de los símbolos patrios, y el papel de la familia —en primerísimo lugar— en la educación de sus hijos, son necesidades de la Cuba de hoy.
Por otra parte, se insistió en los serios problemas de infraestructura que presentan algunas instituciones culturales, por el deterioro acumulado con los años, una insuficiente gestión de gobierno y la despreocupación de los directivos.
Otro asunto de vital importancia, como la ubicación laboral de los recién graduados de la carrera de Estudios Socioculturales, la cual a veces no se corresponde con su perfil profesional, fue planteado por Nereida Moya, diputada por el municipio de Palmira, en Cienfuegos.
Trascendió que es imprescindible en este análisis la revisión de los contenidos que se difunden por los medios de comunicación masiva, donde todavía prevalece la banalidad y el mal gusto.
Guillermo Pavón, vicepresidente del ICRT, reconoció la alta responsabilidad de integrar en este sentido la radio y la televisión. “Varios de los programas de orientación son mejores porque hemos realizado una alianza con el Ministerio de Educación. Pero nos falta mucho por hacer y los resultados son insuficientes”.
“Una televisión que proyecta 60 filmes mensuales debe distinguir cuál es la cinematografía del mejor gusto.
Queremos hacer un proyecto diferente de nuestro noticiero de televisión. Tenemos que diseñar un canal de información desde nuestras posibilidades. La realización de una telenovela puede costar hasta 13 millones de pesos, eso nos conduce a la necesidad de exigir obras que representen lo mejor de nuestro pueblo”, dijo sobre los desafíos que tiene el ICRT.
Abel Prieto, asesor del Presidente de los Con­sejos de Estado y de Ministros, sostuvo que una de las claves para enfrentar estos retos es hacer cumplir la política cultural coherentemente. Llamó a tener en cuenta los gustos de los públicos, no para imponer una programación, sino para enriquecerla, y criticó los modelos impuestos desde los medios y las instituciones por errores y falta de un sentido estratégico.
Como algunos de los desafíos a enfrentar mencionó la importancia de seguir insistiendo en la intencionalidad de la promoción de lo me­jor de la cultura cubana y universal; defender “lo auténtico frente a lo mediocre”, “frente a la idea de que la cultura es una mercancía”; y la defensa de los símbolos, las imágenes, entre otros.
“El gusto se forma”, dijo sobre la importancia de la educación y los maestros, quienes deben influir en sus estudiantes, “pero no podrán hacerlo si están distorsionados por una mala influencia del mundo colonial. Tenemos que defender la cubanía a capa y espada”.
Miguel Díaz-Canel insistió en valorar cómo generamos los contenidos, los distribuimos y evaluamos su impacto. “Nos tratan de imponer la seudocultura, la banalización, la violencia, la discriminación. Con el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos debemos aprovechar las oportunidades en lo económico, pero en lo ideológico tendremos también retos muy altos, y debemos enfrentarlos desde la cultura y el conocimiento.
“Tienen que integrarse la familia, la escuela, la comunidad, y las instituciones —apeló—. Esa plataforma neoliberal que nos tratan de imponer, que defiende la no existencia de las instituciones y el Estado, debemos enfrentarla tratando de rescatar su papel. Una de las acciones que hemos proyectado es que todos los maestros van a recibir un curso de Historia de Cuba y cultura cubana. También vamos a entregar una biblioteca digital a los docentes de la enseñanza general”.
Si bien estas no serán soluciones definitivas —recalcó— servirán para provocar inquietudes. La mejor manera de resolver esta problemática es acercar más el debate a la acción, y eso lo resuelve una adecuada gestión de go­bierno y de participación social, más allá de todo lo que pueda hacerse desde el organismo rector, concluyó.
En la jornada vespertina se analizaron asuntos relacionados con el delito y las indisciplinas sociales, con la presencia de la ministra de Educación Ena Elsa Velázquez Cobiellas.
Los integrantes de la comisión coincidieron en la importancia de enfrentar la pasividad en los colectivos laborales, realizar acciones conjuntas entre la administración y el movimiento sindical, y fortalecer el estudio de la Historia.
¿Cuánto se puede hacer en los procesos educativos para lograr una conciencia ética? Los profesores deben ser los paradigmas en la formación de valores, pero también la familia, dijo Miguel Charbonet, diputado por el municipio de Caimito, en Artemisa, quien alertó además sobre casos de docentes corruptos, por más aislados que sean, que cobran por aprobar a sus estudiantes, lo cual daña el prestigio de la educación.
Ena Elsa, por su parte, sostuvo que el Mi­nisterio de Educación trabaja por lograr una enseñanza de calidad y una adecuada organización escolar, con la que profesores y estudiantes rechacen el fraude. “Prevenir es una la­bor diaria”, dijo.

NO HAY PLANTEAMIENTO SIN SOLUCIÓN O SIN RESPUESTA OPORTUNA
Cómo se comportan los principales planteamientos de la población durante las rendiciones de cuenta sobre sectores como la salud, el deporte y comunales, constituyó un eje central en el debate de la comisión de trabajo permanente que atiende estos temas en el Par­la­mento cubano.
El diputado Jorge Alberto Miranda, del mu­nicipio de Santiago de Cuba, subrayó que “el pueblo tendrá confianza en la medida que vea y compruebe que sus inquietudes se resuelven; si no es así, pierden credibilidad el delegado y el Gobierno. No puede ser que una comunidad entera pase diez años pidiendo un cam­po de pelota y no lo hagan, diez años pidiendo cloro a un acueducto y persistan deficiencias. La mejor manera de vincularnos al pueblo es responder a los planteamientos de los electores”.
Por su parte, la diputada por el municipio de Segundo Frente, Aida Rey, sostuvo ante la co­mi­sión que no puede haber planteamiento sin solución o por lo menos sin respuesta oportuna. “Los gobiernos municipales deben buscar mecanismos para dar seguimiento a las inquietudes de las comunidades”.
Nelson del Sol, diputado por Camagüey, in­sistió en la pertinencia de que los organismos no solo den respuesta a los delegados, sino a los electores que manifiestan las inquietudes particularmente.
La diputada Teresa Pérez, de la provincia de Mayabeque, presentó a la comisión de Salud y Deporte un informe de cómo se han comportado los planteamientos de los ciudadanos.
Informó que en el caso de la Salud Pública los mismos se relacionan en su mayoría con las inversiones, los mantenimientos, la falta de transporte sanitario y la lista de espera de algunos servicios.
Respecto a los consultorios, se menciona la inestabilidad de la permanencia del médico de la familia en los mismos, la falta de información y comunicación que genera maltratos y la necesidad de consultorios médicos de urgencias.
Refiriéndose a este tema, el diputado José Luis Fernandez Yero, recordó que el Programa del Médico y la Enfermera de la Familia es un logro trascendental que hay que cuidar y que por cotidiano muchas veces no valoramos. La comunidad —y por supuesto también las direcciones de salud— tienen que apoyar a ese médico, que es a quien tocaremos la puerta.
Sobre los policlínicos, los electores plantearon que se requiere mayor número de especialistas para las interconsultas, y señalaron diversas dificultades con el otorgamiento de los turnos médicos y la existencia de equipos rotos.
En relación con áreas como la higiene y epidemiología sobresalen entre otras inquietudes la presencia de perros callejeros en la vía pública, los vectores, el déficit de rodenticidas, la presencia de microvertederos y el vertimiento de aguas albañales.
Asimismo aparecen registradas quejas referentes a la falta de medicamentos en la red de farmacias, el incumplimiento del horario de trabajo y la inestabilidad en la venta de las íntimas. En el caso de la atención estomatológica las preocupaciones se centran en la demora de los turnos para la atención y en el cierre de servicios. Otros planteamientos refieren inestabilidad y equipos rotos en las salas de rehabilitación.
La viceministra de salud, Marcia Cobas, in­sistió en la importancia de que los cuadros y di­rigentes participen en las asambleas de rendición de cuenta, en el intercambio y la búsqueda de información, y en escuchar y atender las quejas de los trabajadores.
Por su parte, las principales inquietudes en el sector del deporte están relacionadas con el deficiente mantenimiento y reparación de las instalaciones deportivas, la carencia de estas y el déficit de implementos.
Ante la aclaración de Elda Quiñones, funcionaria de atención a la población del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Re­creación, sobre que el mayor número de planteamientos no son de solución nacional, sino que pasan por los presupuestos de los territorios, la diputada Mi­ladys Orraca Castillo, por el municipio de Pinar del Río, se mostró en desa­cuerdo.
“Es cuestionable y necesario rectificar el ca­rácter lo­cal de la solución de los planteamientos de su esfera. El sistema de salud y lo que sucede en las instalaciones es responsabilidad del mi­nisterio, por ejemplo. Tanto el deporte co­mo las áreas deportivas es un problema del sistema de deporte en Cuba, que tiene que ser responsable, no podemos desentendernos”, dijo.
En otro orden de cosas, Comunales continúa arrastrando inquietudes referentes al mal estado de viales y caminos, la recogida de basura, la carencia de equipos destinados a este fin y el déficit de contenedores.
Teniendo en cuenta que el mayor por ciento de los planteamientos de la población asociados a la actividad de servicios comunales es la reparación de caminos y carreteras, la viceministra del Ministerio de Economía y Pla­nificación, María Elena Vélez González, informó a la comisión que para el año 2016 se ha previsto que a todas las provincias del país se le pueda poner una brigada constructiva para incrementar la capacidad de las empresas del Poder Popular.
A partir del año 2015 la asignación de mezcla asfáltica se le dio a todos los Consejos de la Administración Provincial para que sean los que decidan en qué lugar y objetivo destinar el recurso. No es un plan suficiente pero le da independencia a los gobiernos y posibilita una mayor celeridad en la respuesta. La actividad de comunales tiene pendientes de solución más de 18 000 planteamientos, de los cuales se han incluido en el plan de este año un 50 %.

EXIGIR Y CONTROLAR DESDE LA ÉTICA Y LA MORAL
Elevar la exigencia, el control interno y la disciplina, ser enérgicos en la fiscalización, reforzar los valores éticos y morales en los ciudadanos, que los dirigentes y cuadros tengan sentido de la responsabilidad, dignidad y honradez; son necesidades pendientes en la sociedad cubana hoy. Así trascendió en la comisión de Salud y Deporte, que dio seguimiento al tema del enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades.
De acuerdo con un informe presentado por la Contraloría General de la República (CGR) existen ilegalidades en la salud, el deporte y los servicios comunales, siendo La Habana la provincia con más hechos.
Ileana Flores Izquierdo, jefa del departamento de atención a la población en la CGR comentó que siguen reiterándose los problemas de nómina, a partir de plantillas infladas con personal que no existe, ingresos que no se depositan, la omisión de facturas de entrada, los vales de salida sin firmas, así como el desvío de re­cursos para su posterior venta ilícita. La demora excesiva entre la detección y el análisis de los delitos, tiempo que transcurre desde los seis meses hasta un año, continúa siendo una preo­cupación y una deficiencia.
Para la diputada Lisara Corona, del municipio de Florida, en Camagüey, es imprescindible atender diferenciadamente las quejas de la población con mayor sensibilidad, porque pueden ser ese “termómetro” que permita de­tectar a tiempo lo que está pasando. “Ser rigurosos es la palabra de orden. Hay que terminar con el favoritismo y el amiguismo para resolver los problemas, eso hace que las personas pierdan los valores y el sentido de vivir para el pueblo”.
Como acuerdo de la comisión quedó establecido dar seguimiento a la actividad de fiscalización permanente en el área de los servicios comunales, la cual presenta la mayor cantidad de hechos delictivos sin resolver hasta la fecha.

Los resultados de la marcha de las experiencias de Artemisa y Mayabeque fueron sometidas a la consideración de los diputados.
EL PUÑO OPORTUNO QUE NECESITA LA ILEGALIDAD
Cómo enfrentan el Ministerio de la Agri­cultura (Minag) y el Grupo Azucarero Azcuba las indisciplinas sociales, el delito y las ilegalidades en lo que va del 2015 y qué hacen para darle solución a las inquietudes de la población, ocupó la agenda de la comisión Agroa­limentaria.
Sobre la gestión del Minag en este sentido, Esther Begoña Rodríguez —directora de Audi-toría y Control en ese sistema—recordó algunas transformaciones en ese organismo; y anunció que se trabaja en la elaboración de la política agraria, teniendo como base los programas rectores, de cara a la implementación del perfeccionamiento institucional.
De igual modo, los diputados recibieron de­talles del enfrentamiento al cultivo de marihuana en tierras agropecuarias y forestales, donde la mayoría de los hechos detectados se concentró en Santiago de Cuba.
Entre las sanciones, se procedió a extinciones de usufructos, medidas de carácter judicial y administrativo, además de confiscaciones de tierras.
En otro análisis, durante el primer semestre del 2015 el hurto y sacrificio de ganado mayor disminuyó en 1 728 cabezas, tomando como referencia igual periodo del calendario precedente, y las únicas provincias que no decrecen son Cienfuegos, Pinar del Río, La Habana y Guantánamo. No obstante los esfuerzos, se requiere mayor integración de los diferentes actores para su detección y prevención, y del rechazo enérgico de toda la sociedad.
La mortalidad vacuna generó gran debate, toda vez que este indicador ocasiona al sector 20 veces más pérdidas que el hurto y sacrificio ilegal, con una cifra global hasta la fecha que se traduce en la muerte de 29 242 cabezas de ganado más que en el mismo lapso del 2014.
Eddy Díaz, diputado por Vertientes, Ca­ma­güey, ahondó en las dos causas básicas del índice de mortalidad de la masa ganadera: el déficit de alimentos para ese destino, sobre todo pastos, y los problemas persistentes en el (mal) manejo y cuidado de estos animales.
Téngase en cuenta que en este apartado específico se han reportado un total de 361 unidades productoras que incumplen con lo pactado en la leche; ello ocasionó que se dejaran de entregar 13 millones 150 720 litros, equivalentes a más de 1 300 toneladas de leche en polvo, con una afectación a la economía nacional estimada en 4 millones 066 202 USD.
Acerca de la comercialización de la papa, Gra­ciela Rodés, de Banes, Holguín, trajo a colación que existen alrededor de 200 planteamientos relacionados con este rubro, dada su elevada demanda por la población.
“Hasta el 2013 se protegió ese cultivo para el consumo social, pero en el 2014 esto no fue así”. De ahí que debe examinarse mejor el programa.
El patronato vial y el deterioro de los caminos vinculados a la Agricultura y Azcuba, también azuzaron las discusiones. Elvis Pérez, de Bo­livia, Ciego de Ávila, dijo que dicha temática “gravita sobre la economía de las empresas agropecuarias. Hay caminos que son prioridad de las empresas (sin entrar en la discusión de la disponibilidad o no de motoniveladoras), y me preocupan aquellos que pertenecen al patronato vial de la Agricultura, pero carecen de al­ternativas de financiamiento por el menor gra­do de vinculación con el objeto social de la entidad.
“Hay que buscarle una solución integral a esto, porque el Banco te da créditos, pero lo tira contra tu actividad fundamental y hay que negociar con este para que sea más flexible  en la concesión crediticia”, sentenció el avileño.
El diputado por Buey Arriba, Granma, Ma­rio Cisneros, subrayó que se cometen indisciplinas en la adquisición y aplicación de los paquetes tecnológicos y llamó a ejecutar las medidas que existen para quienes violan lo establecido.
La comisión de Industria, Construcción y Energía debatió sobre las ilegalidades.
En respuesta a este planteamiento, Orlando Díaz Rodríguez, director jurídico del Minag, explicó que la Agricultura tiene 11 normas contravencionales en estos temas, y reconoció lo atinado de la preocupación del diputado en cuanto a la aplicación de medidas de esa índole. Adelantó la creación en el ministerio de una dirección para regir la actividad, “pero el problema de los inspectores se resuelve en los municipios”, dijo.
Abelio Machuca, parlamentario del municipio de Niceto Pérez, Guantánamo, subrayó que hay que revisar estas contravenciones y hacerlas más fuertes para que se sienta el peso de la Ley.
Acerca del patronato vial, Machuca propuso que se evalúe la variante de que en las montañas pasen a ser atendidos por servicios co­munales o los gobiernos locales, con vistas a que reciban tratamiento directo a través del presupuesto del Estado.
Sobre este particular, Eddy Díaz dijo que “vamos a tener un respiro con las brigadas de camiones (previstas a operar en breve), las que impactarán en la reparación de viales, pero pienso que el Minag debe tomar medidas drásticas con quienes cruzan las picadoras por encima de los terraplenes”.
Trató asimismo el diputado camagüeyano el tema de los combustibles. Se debe exigir más, “sobre todo cuando comienza la zafra y aumenta la venta ilegal a particulares, pues en ese tiempo baja el precio del combustible y eso se presta para muchas ilegalidades”.
Dirigido a ese acápite justamente, Orlando Celso García —presidente de Azcuba— recalcó la valía de iniciativas como la instalación de equipos (GPS), por ejemplo, en combinadas “CASE” y otras maquinarias.
El excesivo gasto de combustibles en ocasiones y las indisciplinas e ilegalidades vinculadas a estos carburantes, también ocuparon am­plios exámenes.
Adalberto Fernández  diputado por Viñales, Pinar del Río, enjuició que no se puede perder de vista que en los poblados rurales es la cooperativa quien debe asumir casi siempre la respuesta a emergencias, incluso cuando difieren del objeto social definido; hasta convertir el parque de transporte de la entidad en ambulancias o permitirles funcionar, no pocas veces, como me­dios públicos para el traslado de los habitantes.
En intercambio con Granma, Arnaldo Costa —diputado por Cruces, Cienfuegos— compartió su criterio de que en materia de “control de combustibles hay que decir que en el orden organizativo se ha ido mejorando, pero sin duda es un tema en el cual todavía nos quedan muchas reservas”. Y remarcó el impacto que tendrá “el control de flotas en los equipamientos de nueva tecnología”, abocado a una disminución real en el consumo de combustibles dentro del sistema.
Igualmente se debatió la cuestión de los tráficos y decomisos de madera. Al respecto On­dina Batista, diputada por Mantua, Pinar del Río trató diversos problemas asociados a perjuicios al patrimonio forestal por móviles económicos que involucran a algunas figuras de gestión no estatal.
En otro orden Angelina Mendoza, de Li­monar, Matanzas, denunció los casos de accidentalidad por la incidencia de animales sueltos en la vía, hecho que se ve agravado ante la continuación de la entrega de tierras en usufructo. Hay que ser más tajantes con las medidas que se les apliquen a quienes infringen lo establecido, apuntó.

LOS VERICUETOS DE LA ILEGALIDAD
La comisión de Industria, Construcciones y Energía igualmente abordó el tema, con la presencia del Comandante de la Revolución Ra­miro Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros y miembro del Buró Político del Partido.
Los diputados debatieron en torno a diversas alternativas en función de fortalecer la disciplina laboral, ampliar las acciones de seguridad en empresas y fábricas, recuperar el papel preponderante de los sindicatos en la lucha contra el delito y lograr la articulación de todas las instituciones u organismos (Contraloría, Fiscalía, Minint, Gobiernos locales…) en el trabajo de detección y condena.
Disímiles preguntas se hicieron tras la intervención de Inés María Chapman, presidenta del Ins­tituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), quien explicó la estrategia frente a la actividad ilegal en el ramo y los principales resultados de esta.
La diputada Alicia Alonso Becerra indagó acerca de la forma en que se procede a desconectar de la red de conductoras del INRH asentamientos que de manera ilegal llevan más de 30 años abastecidos por estas fuentes, mien­tras que Rafael López planteó su preocupación respecto a si los fregadores de carros están autorizados a conectarse a esa red, y otra diputada preguntó por el estado legal de las nuevas piscinas particulares.
Inés María Chapman explicó que la estrategia es crear las condiciones antes de desconectar esos asentamientos, y que los Consejos de la Administración Provincial de los territorios y las direcciones provinciales de Planificación Física ya tienen el resultado del levantamiento realizado por el Instituto para que procedan al reordenamiento.
Con respecto al tema de los fregadores de carros observó que, si estos tienen en orden sus autorizaciones, las trampas de grasa, si cumplen con todas las indicaciones como el uso de las pistolas de agua para el ahorro y no hay afectación a la población, entonces es una actividad lícita. “Ahora, hicimos un levantamiento en La Habana y encontramos buenas y malas prácticas de la actividad, sobre ello debemos ir actuando para erradicar las violaciones”, su­brayó.
Acerca de las piscinas —aclaró— lo indicado es que solo están autorizadas aquellas que existen desde hace mucho tiempo y no la construcción de nuevas. “Aquí confluyen dos razones de negativa: la primera asociada al balance de agua y la segunda por cuestión de salud”.
“Se hizo revisión en varias provincias y se detectaron violaciones como personas que habían solicitado autorización para construir una cisterna o fuente y han hecho piscinas que usan para alquilar”, dijo.
Por su parte Alfredo López, ministro de Ener­gía y Minas expuso el informe de los principales problemas de su sector y el plan de acción para revertirlos. “Hay manifestaciones de robo de gas licuado de petróleo, de combustible, de electricidad, de efectivos, de oro en las mi­nas…”, comentó.
En la sesión los diputados coincidieron en que la guardia obrera, si funciona correctamente, es un efectivo mecanismo de control de los recursos estatales, que puede ayudar a combatir las insuficiencias del sistema de seguridad y protección de las empresas y fábricas.
En este sentido Alicia Alonso Becerra, diputada de La Habana comentó que un porciento significativo de los hechos delictivos de las entidades son cometidos por las fuerzas de seguridad, incluso con cifras superiores a los que involucran a trabajadores o personas ajenas a la entidad. Por tanto —precisó— no se puede desdeñar a ninguno de los mecanismos de salvaguarda del patrimonio estatal.
En la sesión de la tarde los parlamentarios debatieron en torno al tema del reciclaje de los desechos sólidos urbanos, así como el eficaz funcionamiento de las cooperativas que se dedican a esta actividad.
Se informó que al finalizar este primer se­mestre, las instituciones dedicadas al procesamiento de desechos reciclables aportaron más de 11 millones de dólares al presupuesto estatal, por concepto de exportaciones; que el programa de inversiones prevé incrementar el desmantelamiento industrial y el desguace naval para que aumente la chatarra de acero; así como se proyecta una inversión para el procesamiento de determinado tipo de vidrio.

SIGUIENDO DE CERCA LA EXPERIENCIA DE ARTEMISA Y MAYABEQUE
La implementación de la experiencia que se desarrolla en las provincias de Artemisa y Ma­yabeque desde hace cuatro años y medio, concentró el análisis de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
El miembro del Buró Político del Partido Es­teban Lazo, Ana María Mari y Miriam Brito, presidente, vicepresidenta y secretaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular respectivamente, participaron en esta jornada, que contó con la asistencia de los diputados Ulises Rosales del Toro, vicepresidente del Consejo de Ministros y Leo­nardo Andollo, segundo jefe de la Co­misión de Implementación y Desarrollo de los Li­nea­mientos de la Política Económica y Social y otros integrantes de este grupo.
Presidentes de las comisiones permanentes de trabajo del máximo órgano del poder estatal, de las Asambleas Provinciales y del municipio especial de la Isla de la Juventud, y de las Asambleas Municipales que
Diputados debaten sobre la política cultural y su aplicación en los espacios públicos.
son parlamentarios, también estuvieron presentes en este encuentro que actualizó la marcha del proceso, cuya generalización al resto de los territorios espera por los resultados del experimento. En esencia se prueban elementos de un nuevo modelo de funcionamiento en el sistema del Poder Popular, examen que se acordó extender hasta diciembre del 2016.
La evaluación partió de la información ofrecida por Luis Pérez Róspide, jefe del área de Perfeccionamiento de Órganos y Sistemas de la citada Comisión de Implementación y De­sarrollo, quien señaló que hay avances en cuan­to a estructura, composición y funcionamiento, estando identificados los principales problemas en los que se trabaja para encontrarles solución. Mencionó insatisfacciones en el sector empresarial, por ejemplo, con las actividades de Comunales, Recursos Hidráulicos y Comercio, en tanto hay mejoras en la atención a los consejos populares, a los delegados y a la población en general, en cuanto a la solución de los planteamientos.
Señaló que la experiencia avanza, recordando que a nivel de provincia comenzó el 1ro. de enero del 2011, y en los municipios, el 1ro. de julio del 2012. Tiene un seguimiento permanente y de perfeccionamiento continuo, aplicando las correcciones requeridas en la dirección de lograr un modelo de funcionamiento de la administración local y de las Asambleas que se corresponda con un mejor servicio a la población en todos los frentes, con una estructura reducida y con indicadores de eficiencia y eficacia superiores en un grupo de aspectos, sin que ello signifique que hoy todos se cumplan.
Pérez Róspide precisó que el experimento se evalúa periódicamente en cinco categorías: desarrollo institucional, cumplimiento de los objetivos económico-sociales, desarrollo sostenible, defensa y orden interior, y la más im­portante es cómo percibe la población la experiencia que permite identificar dónde están las debilidades y los problemas.
Como parte del seguimiento de la Asamblea Nacional a este proceso, orientado expresamente por el Presidente Lazo, Rafael Fuentes, funcionario de este órgano, se refirió a los avances que se muestran en las tareas orgánicas del Poder Popular, como son la planificación del trabajo, la participación en las actividades de los delegados y comunidades, y la atención y solución a los planteamientos de los electores. Señaló entre las deficiencias presentes la necesidad de una mayor participación de la población en tareas de control popular, y que la política de cuadros no ha logrado la consolidación que hace falta.
Asimismo tuvieron particular relevancia las observaciones comentadas por los presidentes de las comisiones de Asuntos Económicos; Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Me­dio Ambiente; Salud y Deportes; Atención a los Servicios y Agroalimentaria, sobre sus visitas a estas provincias, que incluyeron aciertos y desaciertos en asuntos como las oficinas de trámites, integración de algunas estructuras de dirección y reducción de sus plantillas, el perfeccionamiento de los aparatos de aseguramiento, entre otros, insistiendo algunos de ellos en lo necesario que resulta, en tanto se consolida la experiencia, que se brinde más información a la población.
Valoraciones de ambos territorios las ofrecieron los diputados Raúl Rodríguez, jefe de la Ad­ministración Provincial en Arte­misa, y Tamara Valido, presidenta de la Asam­blea Provincial de Mayabeque, quienes con el conocimiento de estar involucrados directamente en el experimento, abundaron más que en los avances, en aspectos requeridos de mayor efectividad. Coincidieron en puntos ta­les como la preparación de los cuadros para lo­grar la estabilidad necesaria y en un mayor vínculo de los delegados con sus electores, pues todavía se dista de los resultados esperados.
La utilidad de esta jornada fue destacada por el diputado Leonardo Andollo, quien catalogó de valiosos los señalamientos aportados por los legisladores, y se refirió a los antecedentes de la experiencia, iniciada en condiciones más difíciles por tratarse de provincias nuevas, sin la infraestructura requerida, y sin respaldo de recursos especiales; así como a los problemas que se han venido presentando, al perfeccionamiento sistemático al que está sometido el experimento, y lo que este representará cuando se decida su generalización al resto del país.
Al igual que otros diputados que hablaron, insistió de manera especial en lo relacionado con los cuadros que en un futuro deberán asumir las funciones de dirección, tanto en el or­den institucional como administrativo y em­presarial, por lo que recomendó trabajar desde ya en el resto de las provincias, en su selección y preparación.
Por su parte, el Presidente de la Asamblea Nacional recalcó la importancia de los comentarios y recomendaciones de Leonardo An­dollo, señalando que son tareas a asumir de inmediato, para adelantarlas al máximo antes que termine el año, tomando en cuenta que el objetivo de esta experiencia es elevar en general el nivel del Poder Popular, de sus Asam­bleas, de sus Comisiones, y de la alta fiscalización que deben ejercer.

PRUEBA DE LA VALÍA DE NUESTRAS MUJERES
Un análisis sobre la participación de la mujer cubana en los Órganos del Poder Popular fue el propósito de los debates de la comisión de Atención a la Niñez, Juventud y Derechos de Igualdad de la Mujer.
Datos expuestos por Yamila Fernández Pé­rez, jefa de Área de Cuadros de la Asamblea Na­cio­nal del Poder Popular, mostraron que si en 1976, en la primera legislatura, hubo 105 mujeres di­putadas; en la presente son 293 las féminas de un total de 612 parlamentarios.
A estas cifras, que denotan cuánto se ha avanzado en esta categoría, se añaden otras como que el 34,9 % de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, el 37,6 % de los presidentes de Consejos Populares y el 39,2 % de los presidentes de asambleas municipales, son mujeres.
Rosmeris Santiesteban Lago, diputada por el municipio de Yara, de la provincia de Granma, insistió en la necesidad de que las diferentes organizaciones se integren en pos de asumir la responsabilidad de atender y reconocer el papel de las delegadas del Poder Popular, una función que, según expresó, en muchos casos solo asume la Federación de Mujeres Cubanas.
Por su parte, Mayda Álvarez Suárez, directora del Centro de Estudios de la Mujer, reflexionó: “cuando hablamos de ‘los delegados’ estamos invisibilizando a las mujeres. Y en el sector poblacional, aun cuando han acontecido transformaciones en los últimos años, la visión del delegado hombre sigue permaneciendo al no ver en las féminas poder de gestión y movilidad, por ejemplo. Debemos cambiar la imagen masculina de la dirección”, sostuvo.
Agregó que hoy se impone generar contenidos educativos que potencien una cultura de la igualdad en la población, y señaló entre las causas que hacen dudar a las féminas para acce­der a estos cargos, la sobrecarga do­méstica, algunos patrones o estereotipos, y el pensamiento de que son los hombres quienes mayores condiciones tienen para asumir tales cargos.
José Ramón Fernández, asesor del Pre­si­dente de los Consejos de Estado y de Ministros, visitó la Comisión y exaltó el orgullo que tiene el Gobierno cubano por nuestras mujeres.

PROTEGER AL PAÍS DE TODO LO QUE PUEDA SER NOCIVO
Sobre el trabajo de las dependencias de la Aduana General de la República (AGR) encargadas de la atención a las quejas, reclamaciones y planteamientos de la población, debatieron los diputados de la comisión de Defensa Nacional.
Las acciones de fiscalización llevadas a cabo evidenciaron los resultados alcanzados por la AGR a partir del establecimiento de un sistema de trabajo mediante el cual los ciudadanos tienen la posibilidad de formular sus planteamientos, tanto a nivel central como en las direcciones territoriales y las propias terminales aéreas. Ello ha permitido solucionar conflictos menores, pero fundamentalmente brindar ma­­­­­yor información.
Durante el 2014 se conocieron y tramitaron 299 quejas, esencialmente por inconformidad con los procedimientos, supuestos maltratos y relacionadas con el control. En el estudio de los casos, salieron a relucir fenómenos como poca profesionalidad, vulnerabilidades en el sistema de despacho y errores e incumplimiento por parte de algunos inspectores.
Igualmente el pasado año la Aduana recibió 637 reclamaciones, relacionadas con la importación de artículos prohibidos, exceso del valor establecido, artículos de carácter comercial y otros; de las cuales fueron declaradas con lugar o con lugar en parte solo siete.
El coronel Nelson Cordovés, vicejefe primero de la AGR presentó a los parlamentarios las prioridades de trabajo. En este sentido destaca el perfeccionamiento del control en las zonas marítimas, teniendo en cuenta el incremento que se espera en la actividad por esta vía.
Otro punto esencial es la preparación técnica, política e ideológica de quienes trabajan en la AGR, además del fortalecimiento de la ética; lo que está muy ligado al enfrentamiento a la corrupción, el delito y las ilegalidades.
Julio Estupiñán, diputado por el municipio de Mayarí, en Holguín, se refirió a que aun cuando la Aduana no ha resuelto todas sus dificultades, muestra cambios positivos a anteriores análisis realizados por el Parlamento. Lla­mó a brindar un servicio mejor, sin dejar de cumplir su misión principal: proteger al país de todo lo que pueda ser nocivo.
El general de brigada Jesús Becerra Mor­cie­go, vicepresidente de la comisión, enfatizó que ningún organismo puede resolver por sí solo los problemas, por lo que la integración de todos los que tienen que ver con un asunto es vital.

DIPUTADOS INSISTEN EN NECESIDAD DE AMPLIAR CONEXIÓN A INTERNET
Diputados del Parlamento insistieron en la necesidad de continuar ampliando el acceso a Internet en el país, luego de la buena acogida que ha tenido la apertura de zonas wifi, nuevas salas de navegación y del correo Nauta.
Reunidos en la Comisión de Atención a los Servicios los legisladores intercambiaron con Maimir Mesa, ministro de Comu­nica­ciones (Mincom), y otros funcionarios, sobre cómo marcha el proceso de informatización de la sociedad.
Susana Seda, diputada de La Habana, reconoció los esfuerzos que realizan el Gobierno y Es­tado para extender el acceso a las nuevas tecnologías de la información, una medida que cada vez debe estar más cerca de las comunidades.
Ante la interrogante de qué condiciones reales existen con vistas a llevar Internet a la población, Maimir Mesa aseguró que el Go­bierno está decidido y empeñado en informatizar la sociedad cubana, pero al ritmo que las condiciones de infraestructura y ciberseguridad lo permitan.
La reciente apertura de Internet a través de wifi en 35 zonas de la Isla constituye muestra de esa intención, significó Mesa, al tiempo que subrayó el interés por extender el acceso en el sector profesional primero, para avanzar luego hacia los hogares.
Al concluir el intercambio con los legisladores, Wilfredo González, vicetitular del Mincom, ex­plicó a la AIN que hoy trabajan en facilitar la conectividad en las instituciones sociales, vin­culadas al sector de la salud y la educación sobre todo.
También se amplían los servicios en las salas colectivas de navegación, que ya suman 267 en todo el territorio nacional, y 114 en los joven club de computación, precisó el funcionario.
Mencionó el interés en incrementar los servicios de conexión inalámbrica, wifi, en otros puntos de la Isla en la medida de los recursos disponibles, y por lo costoso que resulta el mantenimiento de las redes tradicionales.
Nos enfocamos en la creación de las condiciones necesarias, para cuando llegue el mo­mento facilitar el acceso desde los propios ho­gares, un asunto que requerirá el esfuerzo de muchas instituciones en aras de ofertar el servicio de calidad que requiere nuestra población, resaltó González.