Por Isabel Soto Mayedo, @isabelsotomayed
De
hecho especialistas, políticos y académicos de ambos países que ese
miércoles debatían acerca del tema en un taller auspiciado por el Centro
de Estudios Hemisféricos y Sobre Estados Unidos (CEHSEU), en La Habana,
suspendieron los análisis de la jornada vespertina tras conocer la
noticia.
Lo
ocurrido ese día -que incluyó la liberación de los luchadores cubanos
que permanecían en cárceles estadounidenses Gerardo Hernández, Antonio
Guerrero, y Ramón Labañino, así como del contratista privado vinculado a
la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) Alan Gross-
sorprendió a muchas y muchos.
Un
inusual secretismo desde la Casa Blanca escondió la negociación de más
de un año que llevó a esas determinaciones, lo cual pudiera ser una
señal de la comprensión de la importancia de ese proceso pero también de
las amenazas en su contra.
Más
el 17D la inmediatez distintiva de esta era digital acabó con el
silencio. Con agilidad, medios de prensa de todo el mundo difundieron
por el ciberespacio los mensajes pronunciados por ambos mandatarios,
declaraciones de personas más o menos versadas en la materia, y una que
otra opinión sesgada en cuanto al acontecimiento.
Paralelo
a esto el ingenio popular hizo de las suyas en las redes sociales,
donde proliferaron mensajes respecto al giro en ciernes de uno de los
diferendos políticos más agotadores y polarizadores de la historia
contemporánea.
De
tal modo el anuncio del 17D corroboró lo sabido, la disparidad de
opiniones en lo tocante a la dinámica contradictoria de las relaciones
Cuba-Estados Unidos, que acumula más de un siglo. Al mismo tiempo que
ratificó la posibilidad de llevar a una megapotencia a la mesa de
negociaciones sin claudicar en principios esenciales desde el punto de
vista ideológico y del Derecho Internacional.
LA EDIFICACIÓN DEL MURO
En
1823, en plena fase final del proceso independentista de las colonias
españolas en el continente, quedó prácticamente definida la política de
Estados Unidos hacia América Latina. En su mensaje anual al Congreso, en
diciembre de ese año, el presidente James Monroe (1817-1825) dio por
sentado que en correspondencia con presuntas leyes de gravitación
política Estados Unidos estaba llamado a ejercer su hegemonía en los
países situados al sur y en particular sobre la ínsula ubicada a 145
kilómetros de la Florida.
Esos
pronunciamientos estuvieron sustentados en la estrategia de política
exterior diseñada por un equipo liderado por su secretario de Estado y
sucesor en la presidencia, John Quincy Adams (1825-1829), uno de los
pioneros en alentar el sometimiento de la “perla de las Antillas”.
“No
hay territorio extranjero que pueda compararse para los Estados Unidos
como la isla de Cuba. Esas islas de Cuba y Puerto Rico, por su posición
local, son apéndices del continente americano, y una de ellas, Cuba,
casi a la vista de nuestras costas, ha venido a ser de trascendental
importancia para los intereses políticos y comerciales de nuestra
Unión”, apuntó Adams el 28 de abril de 1823.
En
tanto el tercer gobernante estadounidense, Thomas Jefferson
(1801-1809), confesó en carta a Monroe que siempre había mirado a Cuba
“como la adición más interesante que pudiera hacerse nunca a nuestro
sistema de estados. El control que, con Punta Florida, esta isla nos
daría sobre el Golfo de México, y los países y el istmo limítrofes,
además de aquéllos cuyas aguas fluyen a él, colmarían la medida de
nuestro bienestar político. ”
A
modo de resumen dejemos hablar a Monroe, para quien adquirir Cuba
“sería de la mayor importancia para nuestra tranquilidad interna, tanto
como para nuestra prosperidad y engrandecimiento”.
El
23 de julio de 1847 el periódico neoyorquino The Sun señalaba en un
editorial que “¡Cuba tiene que ser nuestra…Dadnos a Cuba y nuestras
posesiones estarán completas!”, mientras senadores insistían en comprar,
invadir o guerrear para concretar la aspiración de convertir a la isla
en una estrella más en la bandera de la Unión.
“Cuba
está casi a la vista de la costa de la Florida, se encuentra colocada
entre ese Estado y la península de Yucatán; y posee el puerto de La
Habana que es amplio y profundo, y está inexpugnablemente fortificado.
Si cayese bajo el dominio de la Gran Bretaña la dominación de esta sobre
el Golfo de México sería suprema”, hizo notar el secretario de Estado
en la época, James Buchanan, luego mandatario (1857-1861).
Fuentes
históricas prueban los ingentes esfuerzos que dedicó el naciente
imperio a crear las condiciones para llegar a esa meta, conquistada al
fin de la Guerra Hispano-Cubana (1898). El tratado que dio término a esa
beligerancia, por el cual España cedió sus colonias últimas en el
hemisferio, propició la primera ocupación militar de Estados Unidos en
Cuba.
En
1902 el gobierno interventor conminó a incluir en la Constitución de la
República un apéndice mediante el cual Washington se arrogó el derecho
de inmiscuirse en los asuntos internos de la nación caribeña cuando lo
estimaran conveniente. La Enmienda Platt –como trascendió ese acápite-
garantizó también el arriendo de territorios para bases navales y
carboneras, al estilo del enclave militar que mantienen en Guantánamo.
Ese
pasaje fue el preludio de la implementación de otros mecanismos legales
que permitieron al vecino poderoso manejar los hilos de la política y
la economía cubanas hasta la llegada del Ejército Rebelde a La Habana,
el 1 de enero de 1959.
Desde
sus primeros pasos, el Gobierno Revolucionario mostró la intención de
revertir el estatus quo de manera radical y de romper las cuerdas que
sujetaban la soberanía nacional. Más junto a las primeras medidas
aplicadas en aras de beneficiar a las mayorías comenzó un ciclo de
maniobras desestabilizadoras, por lo general organizadas y financiadas
por Estados Unidos.
Estas
oscilaron desde presiones sicológicas y económicas hasta el aislamiento
diplomático, la coerción militar; las violaciones del espacio aéreo, y
el terrorismo de Estado. La suspensión de la cuota azucarera, la
Operación Peter Pan, la ruptura diplomática; el bloqueo financiero,
económico y comercial; la creación de un ejército irregular de 299
bandas y tres mil 995 criminales que causaron 549 muertes y miles de
heridos en las montañas cubanas; las leyes de ajuste y un largo
etcétera, mostraron la determinación de aniquilar a la revolución.
En
documentos desclasificados por el Departamento de Estados consta que
sólo del 28 de septiembre de 1960 a abril de 1961 la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) introdujo en Cuba mediante operaciones aéreas
clandestinas 75 toneladas de explosivos y de armamentos, y por vía
marítima 46,5 toneladas.
Uno
de los jerarcas del centro de operaciones de la Fuerza de Tarea de la
CIA, coronel Jack Hawkins, aseguró que en este período perpetraron 110
atentados dinamiteros, colocaron 200 bombas, descarrilaron 6 trenes,
provocaron más de 150 incendios en grandes objetivos estatales y
privados, incluyendo 21 viviendas, y unos 800 en plantaciones de caña.
Nunca mencionó a los muertos o lesionados por esto.
Expertos
coinciden en que Cuba es víctima de la política de sanciones más
completa y abarcadora que Estados Unidos aplicó contra un país en la
historia. Este sistema “redundante y muy sólido”, al decir del
investigador del CEHSEU Ernesto Domínguez, devino ley y por eso para
derogarlo de forma completa es preciso el aval del Congreso.
El
costo de esa política, rechazada por 188 de los 193 estados
representados en la Organización de Naciones Unidas (ONU), es casi
incalculable si se considera la heterogeneidad de operaciones
desplegadas. Con respecto a la salud, por ejemplo, el daño causado está
asociado a las impedimentas contra las exportaciones de medicamentos,
accesorios y dispositivos médicos, recogidas en la Ley de Democracia
Cubana (coloquialmente Ley Torricelli, 1992) y la Ley para la Reforma de
las Sanciones Comerciales y el Incremento de las Exportaciones (2000).
Este
tipo de transacciones, igual que las de productos agrícolas, sólo
pueden realizarse con carácter excepcional, por un tiempo determinado,
con el aval del Departamento de Comercio. Pero para recibir esa
autorización hay que atravesar un engorroso proceso de control y
clasificación congruente con las Regulaciones para la Administración de
las Exportaciones del Departamento de Comercio.
Datos
manejados por las autoridades cubanas dan cuenta de al menos tres mil
400 muertos por acciones terroristas, de ellos un centenar de niños
contagiados por el dengue hemorrágico introducido en 1981. En tanto las
pérdidas económicas superan un billón 112 mil 534 millones de dólares,
calculados al valor del oro, manipulado por los artífices del sistema
monetario imperante que golpea sobre todo a los países más pobres.
“Los
daños humanos del bloqueo crecen. Son 77 por ciento de los cubanos los
que nacieron bajo estas circunstancias. El sufrimiento de nuestras
familias no puede contabilizarse. Son muchas las convenciones
internacionales que lo prohíben, incluida la de Ginebra de 1948 contra
el genocidio. Se afecta el ejercicio de los derechos humanos de un
pueblo entero. Se obstaculiza seriamente el desarrollo económico del
país”, denunció Cuba en la ONU.
PRIMEROS MARTILLAZOS CONTRA EL MURO
Pese
a todo lo anterior el Informe Central al I Congreso del Partido
Comunista de Cuba (PCC, 1975) reflejó la disposición del Gobierno a
abrirse “al arreglo de un problema que en algún momento puso en peligro
la paz del mundo”. “Estamos dispuestos a negociar, lo repetimos, pero
reiteramos aquí, en nuestro Congreso, de cara a todo el pueblo cubano,
que las negociaciones oficiales no podrán realizarse sin que en lo
esencial la política de bloqueo haya sido rectificada por Estados
Unidos. De lo que se trata es de negociar en condiciones de igualdad y
ya hemos dicho que el bloqueo es para nosotros un cuchillo en el
cuello, que determina una situación negociadora que jamás aceptaremos”,
fijó el texto leído en esa cita por el líder histórico de la revolución.
La
respuesta de la contraparte tardó poco en llegar. Los primeros
martillazos contra el muro alzado por Estados Unidos contra Cuba fueron
dados por el demócrata James Carter (1977-1981). Diplomáticos
participantes en esas negociaciones concuerdan en que ese proceso de
acercamiento sólo redundó en la instalación de la Sección de Intereses
de Estados Unidos en La Habana (SINA) y de su homóloga en Washington.
La
Guerra Fría y el rechazo al comunismo fueron siempre el telón de fondo
de las relaciones entre estos países y dejaron su impronta en esas
conversaciones. La parte estadounidense nunca aceptó negociar en
igualdad de condiciones y trató de imponer su agenda en reuniones que
terminaron la mar de las veces en forcejeos.
De
forma continua aparecieron en los diálogos obstáculos que entorpecieron
la compresión mutua, mayormente derivados de exigencias para Cuba. Tal
es el caso de la retirada de sus tropas de África, del vínculo con la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y del activismo
revolucionario cubano en el mundo.
Sin
dudas Carter tuvo algunos gestos hacia Cuba, al suspender los vuelos
espías y autorizar los viajes de los ciudadanos norteamericanos, pero
prevalecieron las ideas retrógradas de algunos de sus asesores y ello
impidió progresar. El derecho cubano a autorizar las salidas de sus
ciudadanos por cualquier parte del territorio, la aplicación de medidas
drásticas contra actos de piratería, y otras cuestiones quedaron
pendientes en esos acercamientos inaugurales.
“Si
hay ramo de olivo, no lo rechazaremos. Si continúa la hostilidad y hay
agresiones, responderemos enérgicamente…Cuba entiende que es una
necesidad histórica mundial que entre todos los países del mundo existan
relaciones normales, basadas en el respeto mutuo, en el reconocimiento
al derecho soberano de cada uno y en la no intervención. Cuba considera
que la normalización de sus relaciones con Estados Unidos favorecería el
clima político de América Latina y El Caribe, y contribuiría a la
distensión mundial. Cuba no se opone por ello a resolver su diferendo
histórico con Estados Unidos, pero nadie debe pretender que Cuba cambie
su posición, ni transija en sus principios…Los principios no son
negociables”, subrayó el Informe al II Congreso del PCC (1980).
Sin
desdecir esos postulados Cuba aceptó una segunda fase de negociaciones
con la administración de Ronald Wilson Reagan (1981-1989), en la cual
fueron suscritos los primeros acuerdos bilaterales en el orden
migratorio. “Los montes parieron un ratón”, declaró al respecto el
primer jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Estados Unidos, Ramón
Sánchez Parodi.
Mas
la rama de olivo cayó en tierra en la coyuntura creada con el derrumbe
del Muro de Berlín (1989), de la desintegración de la URSS (1991) y del
desastre del socialismo hipotético en Europa oriental. La última década
de la vigésima centuria, donde hubo quien proclamó el eventual “fin de
la historia”, dio al traste con el unipolarismo en las relaciones
internacionales y alentó a recrudecer las presiones contra Cuba.
La
aprobación de la Ley Torricelli y de la Ley por la Solidaridad con la
Libertad y la Democracia en Cuba (Ley Helms-Burton, 1996) resultaron
definitorios. Con la primera devino ley el sistema de sanciones contra
la nación caribeña hasta que su gobierno mostrara más respeto hacia los
derechos humanos (Cuban Democracy Act).
Mientras,
la Helms-Burton impide a las filiales estadounidenses en terceros
países comerciar con Cuba y advierte a las compañías extranjeras que por
invertir en la isla pueden ser sujeto de litigio o verse impelidas de
entrar en territorio norteamericano. Acorde con esta los buques que
atraquen en puertos cubanos igual no pueden entrar en seis meses a aguas
de Estados Unidos y están prohibidas las ayudas públicas o privadas al
Gobierno hasta definir sobre las expropiaciones adoptadas desde 1959.
Como
si no bastase, William Jefferson Clinton (Bill, 1993-2001) prohibió en
1999 a las filiales extranjeras de compañías estadounidenses comerciar
con Cuba por más de 700 millones de dólares anuales. Otra contribución
suya al bloqueo fue la Ley para la Reforma de las Sanciones Comerciales y
el Incremento de las Exportaciones (2000).
También
el republicano George W. Bush (2001-2009) sumó otro paquete de
sanciones con la Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre (2004),
que limitó los viajes, los envíos de remesas, y alargó tres años la
espera de los ciudadanos estadounidenses para visitar Cuba. En 2006
restringió más los viajes, con pena de cárcel o multas de hasta de un
millón de dólares, y creó instituciones para cazar a quienes
participaran en el comercio del ron, del tabaco; del níquel cubano, y de
su utilización en industrias de terceros países, o en las transacciones
financieras que Cuba realizara en dólares.
Las
Regulaciones para el Control de los Recursos Cubanos, ejecutadas por la
Oficina de Control de Recursos Extranjeros del Departamento del Tesoro
de Estados Unidos, criminalizaron la importación de productos cubanos y
la exportación de los estadounidenses a la isla; así como las
transacciones con el Gobierno o ciudadanos del país. Además, congelaron
las inversiones y las cuentas financieras cubanas en Estados Unidos y la
compra en cualquier parte de bienes de consumo fabricados en Cuba.
POSIBLES MOTIVACIONES DEL 17D
Ese
abanico de medidas poco o nada cambió con la llegada de Barack Obama
(2009), quien en su mensaje del 17D destacó que “existe una historia
complicada entre los Estados Unidos y Cuba” más reconoció “el aporte de
la emigración cubana a su país en la política, los negocios, la cultura y
los deportes.”
Este
admitió el fracaso de un “enfoque anticuado” que no logró promover los
intereses estadounidenses y despertó el rechazo de la comunidad
internacional, así como la necesidad de hacer uno de los cambios más
significativos en la política de ese país en más de medio siglo. “No
creo que podamos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho durante cinco
décadas y esperar un resultado diferente.”
Congruente
con esa opinión, que reafirma la intención perenne de la clase política
estadounidense de acomodar a las circunstancias la estrategia con tal
de arrasar con el legado de la revolución cubana, el demócrata prometió
reducir las limitaciones a los viajes, al comercio y al flujo de
información hacia y desde Cuba, al envío de remesas, al uso de tarjetas
de débito y crédito en la isla. También al intercambio científico, en el
combate al narcotráfico, el enfrentamiento común a situaciones de
desastre y otros problemas que puede resolver como presidente de forma
unilateral.
Por
otra parte Raúl Castro exhortó al Gobierno de Estados Unidos a remover
los obstáculos que impiden o restringen los vínculos entre los dos
pueblos, las familias y los ciudadanos de ambos países. “Los progresos
alcanzados en los intercambios sostenidos demuestran que es posible
encontrar solución a muchos problemas”, exteriorizó, con base en la
experiencia de los 18 meses anteriores al anuncio del proceso que
comenzaría luego para restablecer las relaciones diplomáticas rotas en
1961.
Ambos
jefes de Estado agradecieron a Jorge Mario Bergoglio, el papa
Francisco, por su mediación en las negociaciones que contaron con el
apoyo de Canadá y de los senadores Tom Udall y Jeff Flake, demócrata y
republicano, de manera respectiva.
La
actuación de Obama puede haber respondido a la necesidad de dar un
golpe de efecto en función de la dinámica interna de la política en
Estados Unidos, dado el desastre para el Partido Demócrata de las
elecciones de medio término de noviembre y en perspectiva hacia los
comicios presidenciales del 8 de noviembre de 2016.
Este
acto se inscribió, además, en un contexto marcado por la cercanía de la
VII Cumbre de las Américas (Panamá, abril), ciertos intereses a favor
del cambio de política hacia la isla y las medidas de Raúl Castro
tendentes a ampliar el sector privado, la inversión extranjera y la
descentralización en Cuba.
De
cualquier modo, acorde con las palabras del presidente cubano desde
2006, “debemos aprender el arte de convivir, de forma civilizada, con
nuestras diferencias”.
PRIMEROS PASOS HACIA LA SUPERACIÓN DE LA HOSTILIDAD
Transcurrido
un mes del 17D entraron en vigencia nuevas regulaciones del
Departamento del Tesoro y de Comercio de Estados Unidos en cuanto a
viajes, remesas, finanzas, telecomunicaciones, comercio y transporte.
Estas afectaron, de modo limitado, sanciones del bloqueo y permitieron
actividades prohibidas por más de medio siglo.
Si
bien Obama no puede modificar esa ley sin el respaldo del Congreso, al
menos amplió las licencias para viajar a la isla referente a visitas
familiares, misiones oficiales, actividades de fundaciones privadas o
instituciones educativas. Resolvió que los estadounidenses puedan usar
sus tarjetas de crédito y débito en Cuba e importar bienes valorados en
400 dólares, de ellos sólo 100 en productos de tabaco y alcohol.
Además,
abrió la puerta para los proveedores del reglón de las
telecomunicaciones, quienes podrán proporcionar a Cuba servicios
comerciales y de Internet. De idéntico modo autorizó la venta a cubanos
de software, hardware y dispositivos para las comunicaciones,
simultáneamente con la concertación del diálogo oficial entre
delegaciones de estos países para coordinar el restablecimiento de las
embajadas.
OTRA NOVEDAD: MUJERES AL MANDO
La
primera ronda de conversaciones tuvo lugar el 21 y 22 de enero de 2015,
en La Habana. Dos diplomáticas experimentadas, la secretaria de Estado
adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, y la directora
general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Cuba, Josefina Vidal, estuvieron al frente de ambos equipos.
Ambas
lideraron las distintas sesiones para la fijación de la ruta con vistas
al restablecimiento de las relaciones bilaterales, algunas de las
cuales también tuvieron como sede a Washington. De estas quizás la
cuarta, celebrada el 21 y 22 de mayo en el Departamento de Estado, es la
que más trascendió luego de la inaugural.
La
expectativa ante el eventual anuncio de la concreción del acuerdo para
la instalación de las embajadas, postergado para un próximo encuentro
debido a diferencias de criterios en cuestiones técnicas, alentó un gran
movimiento mediático.
Vidal
manifestó en ese contexto su complacencia con la evolución de las
conversaciones y consideró que los progresos responden a que se están
tratando como iguales. Los resultados van llegando de forma paulatina y
la agenda amplia creada al efecto comienza a disminuir, afirmó.
En
ese sentido destaca el restablecimiento de los servicios bancarios a la
Sección de Intereses de la Cuba en Washington (21 de mayo) y la
decisión ejecutiva de sacar el 29 de mayo al país de la lista unilateral
elaborada por Estados Unidos de “países patrocinadores del terrorismo”,
donde fue incluida en 1982.
“Continuaremos
inspirados en la convicción de que el compromiso y no el aislamiento es
la clave para avanzar. Hemos alcanzado progresos significativos en los
últimos cinco meses, y estamos mucho más cerca de reanudar las
relaciones y reabrir las embajadas”, pronunció Jacobson.
Ambas
coincidieron en que los objetivos primarios están cerca de cumplirse,
pese a tener seguir discutiendo sobre el trabajo de las embajadas y las
prerrogativas de los designados a esas legaciones.
Pero
aunque el discurso conciliatorio prevalece, declaraciones desde la Casa
Blanca sugieren que para el equipo de Obama la meta continúa siendo
lograr “el cambio que nos gustaría ver en Cuba” sobre todo en cuestión
de derechos humanos.
Vale
no perder de vista que las bases legales que sustentan el bloqueo
continúan intactas, así como las transmisiones ilegales y la ocupación
de parte del territorio oriental cubano. Otra cuenta por saldar es la
derogación de la Ley de Ajuste Cubano (LAC, 1966), remanente de la
Guerra Fría que incita a la migración ilegal, y las compensaciones por
los daños causados por la política estadounidense en estos años.
Ese
cuerpo jurídico permite a los cubanos entrar bajo palabra o parole a
Estados Unidos, obtener de manera expedita permisos de trabajo y
solicitar la residencia permanente al año y un día de permanecer en ese
territorio.
El
Gobierno de Cuba considera que este trato preferencial y excepcional,
que no reciben emigrantes de otras nacionalidades, estimula la
emigración ilegal, el tráfico de personas y las entradas irregulares a
Estados Unidos. Simultáneamente deplora la política de pies secos-pies
mojados que data de 1995.
Frente
a esto cobra rango de certeza la afirmación de que el proceso hacia la
regularización de las relaciones Cuba-Estados Unidos será muy largo y no
exento de eventuales retrocesos. El potencial reposicionamiento de la
megapotencia en el contexto internacional, el reajuste del proyecto país
-que está cobrando fuerza a raíz del desborde de los conflictos
raciales- y el afianzamiento de sus posiciones en este hemisferio,
pudieran atentar contra esto.
De
lo que se trata es de construir consenso dentro del Congreso para ir
apartando piezas del ajedrez del bloqueo y crear intereses suficientes
entre los grupos de poder por la continuidad de la búsqueda de la
regularización de las relaciones.
Por
ahora 64 por ciento de los votantes estadounidenses apoya el fin esa
ley, según una encuesta de Beyond the Beltway Insights. En Florida
alrededor de 91 por ciento apoyan la eliminación de las restricciones de
viajes y un porcentaje ligeramente superior aboga por finiquitar el
bloqueo (College of Hospitality & Tourism Leadership).
La
superación de las hostilidades añejas dependerá también de cómo Cuba
maneje este proceso, porque hasta el momento las propuestas
estadounidenses sólo indican la intención de favorecer un mejor estado
de opinión en ese país con relación al Gobierno y a facilitar la venta
de productos de la agroindustria a la mayor de las Antillas.
Publicado en su blog Propuestas Vía Cuba *Pedagoga, historiadora y periodista cubana. Corresponsal de Prensa Latina, publica habitualmente en diversas páginas digitales
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