Por Salvador Capote*
¿Qué sistema de justicia es ése que impuso condenas -increíbles por su exageración- a cinco cubanos sin antecedentes criminales, que no cometieron actos violentos, que no poseían armas, que no resistieron al arresto, que sólo estaban movidos por su inmenso patriotismo y que, además, son inocentes? -Es el mismo sistema impotente o cómplice ante el crimen, la violencia y el caos que en la frontera sur provoca el tráfico ilegal de armas, drogas y seres humanos.
El contrabando de armas de Estados Unidos hacia México comenzó a tomar fuerza a partir de los años setenta. El Artículo 10 de la Constitución de ese país garantiza a los ciudadanos el derecho a poseer armas para su propia protección o legítima defensa, excepto aquellas que estén expresamente prohibidas por la ley o que su uso esté reservado exclusivamente para los militares. Hasta 1968, era libre la venta de armas de fuego de pequeño calibre pero, a partir de las protestas estudiantiles antigubernamentales, sumadas al auge de movimientos de liberación nacionales, el gobierno clausuró las tiendas de ventas de armas e impuso el registro (ampliamente ignorado por la población) de todas las armas. Los estrictos controles establecidos por el gobierno mexicano fueron aprovechados por traficantes de ambos lados de la frontera para incrementar el volumen de sus negocios: armas de Estados Unidos hacia México, drogas de México hacia Estados Unidos.
En fecha tan temprana como 1977, el New York Times (1) denunciaba ya el contrabando de armas norteamericanas hacia el territorio mexicano. Tengamos en cuenta que el tráfico ilegal de armas está íntimamente ligado al de las drogas. Las armas cuestan caras y hay que pagarlas en dólares, pero los carteles de la droga las necesitan para imponer su dominio y el dinero no es un factor limitante. Por el contrario, no sólo alcanza para pagar el costo de las armas sino para sobornar a un ejército de colaboradores en todos los niveles de la administración en ambos lados de la frontera.
Cuando a un funcionario público le pagan la suma de lo que ganaría tal vez en diez años de trabajo, por sólo mirar hacia otro lado y cuando, por el contrario, si mira hacia donde debe de mirar, pone en grave peligro su vida y la de su familia, no es difícil entender lo que ha estado sucediendo en la zona fronteriza. El tráfico en ambas direcciones no sería posible sin la complicidad de empleados de aduanas, guardias fronterizos, agentes de narcóticos, funcionarios administrativos, periodistas, políticos, militares, jueces, fiscales y policías.
Cierto. Sin embargo, ésta era una explicación muy convincente hace 10 ó 20 años, pero el grado de violencia y caos en la zona fronteriza de México alcanza niveles tan altos que resulta difícil encontrar actualmente una explicación completamente satisfactoria a no ser que valoremos la intervención de otros factores que se insertan en un panorama geopolítico más amplio. ¿A quiénes conviene que el crimen y el caos conduzcan a una situación de ingobernabilidad en la zona fronteriza de México? -Ciertamente no a los traficantes, porque no hay nada más perjudicial para sus negocios que los estados de emergencia. Pero sí para la ultraderecha estadounidense que desea la militarización y el cierre de la frontera y la expulsión de todos los inmigrantes indocumentados; y también para la ultraderecha mexicana que ve en el establecimiento de un régimen autoritario, policíaco-militar, la única posible barrera al acceso al poder de un movimiento popular similar a los ya triunfantes en otros países latinoamericanos.
Es por este camino, me parece, por donde la investigación periodística ha sido muy pobre. Lisa Guáqueta (2), del “Institute for Policy Studies” de Wahington D.C., considera que un área importante de investigación es la fabricación de armas. “¿La gran industria de armas de Estados Unidos -se pregunta- traslada parte de su producción a México? ¿Están fabricándolas localmente en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez?…”.
Garrett M. Graff, profesor de la Universidad de Georgetown y editor principal de la revista “The Washingtonian”, en su libro “The Threat Matrix” (3), recién publicado, revela que en el periodo posterior al 9/11, justo cuando se recrudecía la guerra de los carteles de la droga, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sacó de la frontera sur alrededor de 2,000 agentes ocupados en perseguir a los narcotraficantes y trasladó sus responsabilidades a la “Drug Enforcement Agency” (DEA). Se considera que los mejor entrenados para perseguir tanto a narcotraficantes como a contrabandistas de armas u otros criminales, son precisamente los agentes del FBI.
¿Por qué abandonó el FBI la frontera sur? -Graff explica que se debe a una reestructuración y reasignación de tareas. Actualmente, en el Buró existen tres Divisiones de seguridad nacional: Contraterrorismo, Contrainteligencia y Delitos Cibernéticos. En la esfera criminal, el FBI ya sólo se ocupa de los casos de mayor envergadura. La División de Delitos Cibernéticos es enteramente nueva y refleja el interés del gobierno en las comunicaciones por Internet (tomen nota los blogueros). Graff observa una correlación casi directa entre el auge de la violencia en la frontera y la salida del área de los oficiales del Buró. Me pregunto si es posible conciliar la decisión de sustraer 2,000 agentes, con la priorización que supuestamente se asigna a la estabilidad en esta área tan sensible. El hecho parece reforzar la tesis de un caos programado.
En abril de 2009, el presidente Barack Obama, citando datos del ATF (4), afirmó que el 90 % de las armas que se confiscan en México proceden de Estados Unidos. En un informe del mismo año, la GAO (5) señala que las armas objeto del tráfico ilegal son cada vez más poderosas y letales. La G.A.O. destaca que tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México “no ven por qué razón los carteles de la droga habrían de pasar por la dificultad de adquirir armas en otras partes del mundo y transportarlas a México cuando es tan fácil para ellos adquirirlas en Estados Unidos.”
Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos es prácticamente impotente ante los poderosos “lobbies” congresionales de la “National Rifle Association” (NRA), brazo de relaciones públicas de la industria de las armas, y de otras organizaciones, que disponen de grandes recursos para la propaganda y los litigios judiciales. La administración Obama anunció a finales de julio de 2011, una medida federal que obliga a las tiendas de armas a reportar las compras de dos o más fusiles semiautomáticos, de calibre mayor al .22, dentro de los cinco días siguientes a la compra. La medida afecta a 8,500 tiendas de venta de armas en los cuatro estados fronterizos: Texas, New Mexico, Arizona y California (6). De inmediato, la NRA y otras instituciones a favor de la venta libre de armas, presentaron demandas contra el gobierno federal. Cada medida que el gobierno pretenda implantar con el fin de establecer algún control, aunque sea mínimo, sobre la venta de armas, tendrá que pasar primero por una larga y costosa batalla judicial.
La situación de la administración Obama a este respecto es ahora particularmente débil a causa del completo fracaso de ATF en la operación llamada “Fast and Furious”. La operación, comenzada en noviembre de 2009, consistía en dejar pasar las armas al interior de México y monitorearlas todo el tiempo hasta su destino final, lo que supuestamente serviría para ubicar y destruir los centros operativos de los cárteles de la droga. En parte por negligencia y en parte por escasez de recursos, la operación fue un desastre. Las armas, 2,200 fusiles de asalto, se perdieron de vista y están siendo utilizadas por los cárteles en asesinatos, secuestros y derribo de helicópteros (7). El asunto puede ser aún más complicado para el gobierno si hemos de creer el informe publicado el sábado por William Lajeunesse, de Fox News, según el cual agentes federales norteamericanos pactaron con el cártel de Sinaloa permitir la entrada en Estados Unidos de toneladas de narcóticos a cambio de información acerca de los cárteles rivales (Fox News, Aug. 6, 2011).
Según Steven Dudley (8), co-director de “InSight”, un grupo que se enfoca en el crimen organizado, “…Estados Unidos tiene que detener el flujo ilícito de armas hacia las pandillas criminales. Sin embargo, la administración Obama no ha proporcionado los medios imprescindibles a las agencias que tienen la responsabilidad de hacerlo, y carece de la voluntad política para realizar los cambios necesarios en las leyes”. Dudley señaló además que ATF “tiene el mismo número de agentes que tenía en 1970, esto es, unos 700 inspectores, con la función de controlar a 120,000 vendedores de armas de fuego”.`
Pero los fabricantes de armas disfrutan de muchas maneras de impedir las acciones legales. Por ejemplo, “Intratec Inc.” (“Navegar”) con sede en Miami, Florida, comenzó a fabricar en los años ochenta la “pistola de asalto” TEC-9, basada en las subametralladoras ilegales KG-9 y KG-99, producidas previamente por la firma. El arma recibe cargadores de hasta 32 balas, acepta silenciador, no recoge huellas dactilares (según el fabricante) y es fácilmente convertible a fuego en ráfaga. Ha sido la más utilizada en acciones criminales en todo el país, entre ellas la masacre de “101 California Street” en San Francisco, en julio de 1993, y la tragedia de “Columbine High” en abril de 1999. El cubano-americano Carlos García, dueño de la empresa admitió: “Yo sé que parte de las armas que fabrico terminarán asesinando personas, pero no soy responsable por eso” (9). En 1989, el estado de California, y en 1991 el Distrito de Columbia, prohibieron la TEC-9. En respuesta, Intratec Inc cambió el nombre de la pistola por TEC-DC-9 para evadir la ley (10). Cuando en 1994 el gobierno de Estados Unidos puso en vigor la “Assault Weapons Ban” (prohibición de armas de asalto), TEC-DC-9, a su vez, se convirtió en TEC-AB-10 (11) con ligeras modificaciones.
La TEC-9 fue usada primeramente por la mafia cubana de la droga en los años ochenta. La podemos ver en acción en la serie televisiva “Miami Vice”. Dennis Henigan, director del “Brady Center to Prevent Handgun Violence” afirmó que la TEC-9 “es un arma literalmente diseñada no para otra cosa que para el asesinato masivo” (12). TEC-9, o sus variantes, fueron utilizadas por la contra nicaragüense, paramilitares y escuadrones de la muerte en Centroamérica y en acciones terroristas de infiltración contra Cuba.
John Miller, periodista de ABC News, que cubrió la masacre de Columbine High, afirmó que “desde entonces [desde que ATF prohibió la TEC-9] la compañía Navegar [Intratec] de Carlos García, en Miami, ha continuado modificando el arma, a menudo cambiándole simplemente de nombre y eludiendo de este modo la ley”. (13)
Sin embargo, ATF permitió la venta en 1989 de los modelos calibre .22 de las armas de asalto prohibidas, basándose en que las armas de ese calibre se consideran de uso deportivo. “Este romántico criterio de balas buenas contra malas -explica Sugarmann (14)- ignora las realidades del mercado de armas de asalto.” Una de las más populares es la TEC-22 “Scorpion”. Aunque menos letal por tiro que una 9 mm, el efecto total de una ráfaga de 30 balazos .22 no es muy deportivo que digamos.
Según Bárbara Vobejda, periodista del Washington Post (15), basándose en declaraciones del director de ventas y comercialización de Intratec, las letras DC en TEC-DC-9 significan “Distrito de Columbia”. Intratec añadió estas dos letras a TEC-9 en 1992 después que el Distrito adoptó una ley, que nombraba específicamente a la TEC-9, haciendo responsables a los fabricantes de armas por las muertes que éstas produzcan. La inclusión de DC en el cambio cosmético de TEC-9 a TEC-DC-9 fue pues, añadir sarcasmo a la burla arrogante de la ley. De igual modo, las letras AB en TEC-AB-10, que significan “After Ban” (después de la prohibición), constituyen una nueva burla a las prohibiciones de Washington de 1994.
Según el propio García, el año de la prohibición su empresa tuvo ingresos por $1.7 millones. Poco tiempo después adquirió una residencia junto al mar, en Coral Gables, por valor de $2.9 millones. García, que emigró de Cuba en 1962, se dedicó al negocio de la venta de armas de fuego en una tienda en la Pequeña Habana llamada “Garcia’s National Guns”. Carecía de experiencia en su fabricación pero se asoció con George Kellgren, un sueco especializado en diseño de armas militares y formaron “Interdynamics Inc.” a comienzos de la década de 1980, fabricando la KG-9 (K por Kellgren, G por García) pero el arma fue declarada ilegal por ATF. Fabricaron entonces la KG-99 que también fue prohibida. En 1984 Kellgren abandonó el negocio, García cambió el nombre de la empresa por “Intratec”, transformó la ilegal KG-99 en TEC-9 y cuatro años más tarde creó “Navegar” para promocionar la venta (16). En 2001 cesó la fabricación de estas armas asesinas, pero decenas, tal vez cientos de miles de ellas circulan entre la población y están a la venta en Estados Unidos y otros países, cobrando cada día las vidas de muchos seres inocentes.
Estados Unidos es la sociedad más violenta del mundo, sus gastos militares sobrepasan 1/3 del gasto militar mundial y es responsable de la muerte de millones de seres humanos en todos los continentes. Las personas que mueren al año en Estados Unidos por disparos de armas de fuego, sobrepasan la cifra de 34,000 (17), es decir, más de 650 por semana, unas 90 cada día, mientras que otras decenas de miles sufren heridas sin consecuencias fatales. Por disparos de armas de fuego mueren cada año en Estados Unidos más de 3,000 niños y adolescentes, uno cada tres horas; diez veces más que la suma de los que mueren por este motivo en Japón, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Canadá. Todas estas cifras permitirían considerar que existe una especie de guerra interna contra sus propios ciudadanos, con más bajas que en cualquiera de las libradas en otras latitudes.
Las armas en este país son mucho más que simples instrumentos de muerte, son como iconos sagrados y forman parte de una cultura de “cow-boy” que se refleja en el estilo agresivo de su política exterior.
La industria de las armas, a través de la NRA, ha fundamentado históricamente el supuesto derecho a la venta libre de armas, en la Segunda Enmienda de la Constitución, que reza: “Siendo necesaria una bien regulada milicia para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas, no debe ser violado”.
Los defensores de la libre posesión y venta de armas utilizan generalmente en su propaganda sólo la segunda parte del enunciado y omiten que esta segunda estaba condicionada a la primera, o sea, a “una bien regulada milicia”. De todos modos, es una discusión bizantina tratar de descifrar la intención de los padres fundadores en el momento en que escribieron la frase, pero estoy seguro de que James Madison no estaba pensando en una “no regulada” industria de las armas y ni siquiera imaginó el poder que ésta tendría. No pudo imaginar tampoco que armas norteamericanas compradas con dinero del narcotráfico llevarían la destrucción y el caos a la frontera sur. El mundo actual es totalmente diferente al de 1791 y no se puede justificar una situación que origina miles de muertes con una frase muy respetable pero que es fruto de antiguas realidades y de la ideología política y social dominante en otra época.
(1) “Smuggled Guns from U.S. are Common in Mexico”, New York Times, Jan. 23, 1977.
(2) Lisa Guáqueta: “Arms Trafficking at the U.S.-Mexico Border”, Washington, D.C., Foreign Policy Focus, March 26, 2010.
(3) Garrett M. Graff: “The Threat Matrix”, Little, Brown and Company, Hachette Book Group, 2011, pp. 520-521.
(4) “Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives”.
(5) “Government Accountability Office”
(6) Michel Marizco: “Gun Rights Groups Sue Feds Over Rifle Rule Aimed at Cartels”, News for Austin, Aug. 4, 2011.
(7) La Operación “Gunrunner”, durante el gobierno de George W. Bush, terminó igualmente en fracaso.
(8) Citado por Robert Beckhusen en “New player in Mexico’s drug war: the NRA”, Wired.co.UK, Aug. 5, 2011.
(9) “I know some of the guns going out of here are going to end up killing people. But I’m not responsible for that.” Citado por Peter H. Brown y Daniel G. Abel: “Outgunned”, The Free Press, 2003, p. 273.
(10) Brown y Abel: Idem, p. 273
(11) AB significa “After Ban” (después de la prohibición).
(12) Brown y Abel: Idem, p. 89.
(13) Idem.
(14) Josh Sugarmann: “NRA, money, firepower, fear”, National Press Books, Washington, DC, 1992, pp. 208-209.
(15) Bárbara Vobedja: “The Colorado Pistol With ‘DC’ in Its Name”, Washington Post, May 1, 1999.
(16) David Olinger: “Following the guns”, Colorado News, Aug. 1999.
(17) Lilian B. Rubin: “A Lack of Gun Control Leads to Gun Crime”. In: “Guns and Crime”, 2008, p. 54.
*Bioquímico cubano, actualmente reside en Miami. Trasmite con cierta regularidad por Radio Miami el Programa “La Opinión del Día”, que aparece poco después en laradiomiami.com. Es colaborador de Areítodigital.net; participa, con la Alianza Martiana, en la lucha contra el Bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos.
Imagen agregada RCBáez, caricatura de Jayme Sifuentes
Según una fuente bien informada, que pidió no ser identificada, Jeffrey Robert Kline, fundador de la Fundación Self Reliance,
fue a Cuba para probar teléfonos celulares y otros dispositivos
inalámbricos para un contratista que trabajaba para el Departamento de
Estado.
Gross continuó su negocio en silencio, dijo la bien informada fuente, pero Kline “la mantenía muy público” y “estaba dejando celulares por donde quiera.”
Emily Goulding, una antigua empleada de la Fundación Self Reliance que trabajó para Kline durante tres años, dijo: “Es un hombre interesante, muy creativo.”
Sin embargo, se negó a hablar de la labor de Kline en Cuba, lo que
calificó como “clasificado”. Tampoco respondió preguntas sobre las
experiencias en Cuba, y sugirió que el Departamento de Estado podría
tener más información.
En
su carrera como redactora de solicitudes de subvenciones ha escrito
propuestas ganadoras para la fundación John S. y James L. Knight
Foundation, el Fondo Nacional de las Artes, el Departamento de Estado de
EE.UU., etc.
La
Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia mencionó a
Self Reliance en un informe semestral enviado al Congreso en 2010. Según
el informe, la Oficina del Inspector General había detectado 470 mil
750 dólares en costos que fueron cuestionados y no parecen estar
documentados adecuadamente.
