El sistema de justicia que condenó a los Cinco: La Ley contra la mujer (Novena parte)

Por Salvador Capote*

¿Qué sistema de justicia es ése que prohíbe cruelmente las visitas de esposas e hijas a nuestros cinco hermanos presos en las cárceles de Estados Unidos? Es el mismo sistema que mantiene más mujeres encerradas en prisión que cualquier otro país del mundo, que se ha mostrado incapaz de detener la violencia y el abuso sexual contra ellas y que perpetúa su desigualdad y discriminación.

Muchos consideran que, con la conquista de sus derechos civiles, la mujer en Estados Unidos alcanzó al fin su igualdad ante la ley y su emancipación. Esto es parcialmente cierto cuando se trata de una mujer blanca, sobre todo si es de origen anglo, pero es obscena y escandalosamente incierto cuando se trata de una mujer negra, india, hispana o perteneciente a cualquier otra minoría. Donde más claramente se observa esta diferencia es en las prisiones, tanto federales como estatales.

Desde finales de la década de 1980 comenzó un aumento exponencial en la población penal femenina con impacto devastador en las familias y, en trágico corolario, con efecto traumático irreparable en la formación de los niños. Las mujeres constituyen el segmento de la población penal en más rápido crecimiento. De 13,400 en 1980, la cifra subió a 84,400 en 1990 y continuó aumentando vertiginosamente. A mediados de 2006 el total ascendía a 200,745 (106,174 mujeres en prisiones federales y estatales y otras  94,571 en cárceles locales) (1), un  espeluznante aumento de cerca de 1,500 % en solo 25 años, y tendríamos que añadir todavía las mujeres presas en cárceles de inmigración y las menores de edad en centros de detención de juveniles. Ningún otro país presenta tan alta cifra de mujeres encarceladas, ni en términos absolutos ni relativos. Cerca de 67 % de ellas son negras o hispanas; si sumamos otras minorías, la cifra de mujeres no blancas se aproxima al 70 %, lo cual atestigua muy claramente la discriminación que subsiste en esta sociedad.

Para apreciar en su dimensión real esta tragedia hay que tomar en consideración que con el aumento de mujeres encarceladas aumenta también el número de niños criándose en la calle sin padres y sin hogar y alimentando el círculo vicioso de la delincuencia y el crimen. Aún en los casos en que el padre u otro familiar pueda hacerse cargo de los niños, la madre no tendrá contacto con ellos debido a la distancia geográfica, la carencia de transporte, la imposibilidad de cubrir los gastos de viaje  y el ambiente inapropiado de las prisiones. Según el “Bureau of Justice Statistics” (año 2000) “el 54 % de las madres no habían tenido contacto personal con sus hijos desde que ingresaron en las prisiones estatales”.

Se ha señalado como causa de este aumento en la población penal femenina las leyes draconianas que cambiaron el sistema de sentencias indeterminadas por el de mínimas obligatorias, eliminando así las circunstancias atenuantes y, por tanto, privando a los jueces de toda flexibilidad al imponer las condenas (2). Otros ponen el énfasis en cambios que han tenido lugar en la filosofía del objetivo del encarcelamiento, que ha pasado de la rehabilitación al castigo. Pero sospecho que también tiene que ver, y mucho, el hecho de que las prisiones se han convertido en negocios altamente lucrativos, tanto para empresarios privados como para avispados políticos locales.

Una de las leyes más crueles contra la mujer es la “Adoption and Safe Famillies Act”, promulgada en 1977. Esta ley arrebata a la mujer en prisión los derechos legales sobre sus hijos después que éstos permanecen 15 meses en hogares de adopción. Como en la mayoría de los casos el tiempo de condena de las madres es mayor que este lapso, las reclusas-madres pierden a sus hijos, lo cual constituye un doble castigo, mucho más terrible el segundo que el primero.

En 2007, el “Bureau of Justice Statistics” reveló que entre 5 y  6 % de las mujeres que ingresan en las prisiones y cárceles estatales se encuentran en estado de gestación. Se trata, en su mayor parte, de embarazos de alto riesgo y son pocas las reclusas que reciben cuidados médicos prenatales. En instituciones que fueron diseñadas para el encierro de hombres, no existen condiciones para la atención de partos complicados, bebés prematuros o  abortos espontáneos, entre otras situaciones de urgencia.

En 2007, el “American College of Obstetricians and Gynecologists” publicó una declaración en que solicitaba poner fin a la práctica de mantener esposadas o encadenadas a las reclusas durante el parto. Esta práctica –según ACOC- “interfiere con la capacidad del obstetra para realizar con seguridad su trabajo, ya que no le permite apreciar y evaluar las condiciones físicas de la madre y del feto y hace extremadamente difícil el proceso del parto, todo lo cual pone en peligro la salud y la vida de la madre y del niño”. Esta práctica brutal y totalmente innecesaria de mantener en cadenas a la parturienta añade riesgos adicionales que son causas de aumentos en los índices de mortalidad materna e infantil.

Ciento veinte años han transcurrido desde la masacre de “Wounded Knee”, donde los soldados asesinaron a centenares de indios Sioux, sin excluir a mujeres y niños, y no tanto tiempo desde la forzada esterilización de mujeres nativas en las clínicas IHS (“Indian Health Service”). Lehman Brightman, presidente de “United Native Americans”, que dedicó gran parte de su vida a estudiar este genocidio, realizado con fondos federales durante la década de 1970, estima que entre 60,000 y 70,000 mujeres nativas fueron obligadas a la esterilización mediante engaños y amenazas (3). Sin embargo, la violencia contra las mujeres indias continúa.

 A mediados de Julio de 2011, la administración de Obama anunció que estaba enviando al Congreso una propuesta de legislación que incrementaría el castigo por los crímenes violentos que se cometen contra las mujeres nativas. Lynn Rosenthal, Consejero de la Casa Blanca (4) reveló que, según investigaciones realizadas, la tasa de mujeres indias asesinadas es diez veces mayor que el promedio nacional, y que un tercio de todas las mujeres indias han sido violadas (5). Se ha señalado que una de las causas de la impunidad que favorece la violencia es que los tribunales indios no tienen autoridad (“Tribal Law and Order Act”) para procesar a no-indios, incluso aunque éstos vivan en las reservaciones y estén casados con mujeres de la tribu.
Ya en otro artículo de esta serie (sexta parte) hablamos de la corrupción en el sistema judicial, pero estoy seguro de que pocos imaginan lo que sucede con frecuencia en relación con la mujer detrás de las salas de audiencia o cuando los solemnes y austeros tribunales cierran sus puertas.

Si nos guiamos por el cine y los programas de televisión, pudiéramos pensar que las mujeres están ampliamente representadas en el sistema judicial. Pero no es así. No fue hasta 1979 que el número de juezas llegó a ser suficiente para crear la “National Association of Women Judges”. En aquel momento sólo uno de cada veinte jueces era mujer, actualmente es uno de cada diez. En la carrera judicial es, probablemente, donde la mujer encuentra más dificultades para hacer valer su presencia. Fue durante demasiado tiempo exclusivo patrimonio masculino.

En un ensayo titulado “El Acoso Sexual de los Jueces”, publicado por la Universidad de Miami (6), Marina Angel, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Temple, afirma que “los jueces solicitan favores sexuales de acusadas en causas criminales, litigantes civiles, abogadas (incluyendo fiscales), empleadas de la corte, solicitantes de empleo, oficiales de probatorias, guardias de las cortes juveniles y jurados”. “Algunos –continúa- han solicitado sexo específicamente a cambio de un tratamiento favorable y se han vengado cuando sus demandas no han sido satisfechas”. Sin embargo, según la profesora Ángel, cuando un juez es encontrado culpable de acoso sexual, lo que típicamente recibe no pasa de “una censura, reprimenda o advertencia”. Ángel documenta 15 casos de jueces acusados de asalto sexual o de acoso sexual continuado, contra los cuales no se tomó medida disciplinaria alguna o fueron éstas muy leves.

De 112 jueces que han formado parte históricamente de la Corte Suprema, sólo cuatro, y con posterioridad a 1980, han sido mujeres. La primera jueza de la Corte Suprema fue Sandra Day O’Connor, ya en retiro, nombrada por Reagan en 1981 en cumplimiento de compromisos electorales. Las otras tres prestan servicio actualmente: Ruth Bader Ginsburg, nombrada por Clinton en 1994,  Sonia Sotomayor (la primera de origen hispano) y Elena Krugan, nombradas estas dos últimas por Obama en 2009 y 2010 respectivamente. La entrada de mujeres como juezas de la Corte Suprema coincide con una etapa de intensa politización de este organismo. Cada nuevo juez ha sido la imagen especular ideológica del presidente que lo nombra. Una intervención funesta de la Corte en la arena política fue la decisión Bush v. Gore, mediante la cual la Corte tomó partido en las elecciones presidenciales del 2000 a favor de George W. Bush. Los jueces, de cualquier nivel, no son nombrados o electos  por su probidad,  rectitud moral  o  sentido inherente de la justicia, sino por sus habilidades políticas y sus relaciones con los círculos del poder. Todos los miembros de la Corte Suprema actual, seis hombres y tres mujeres, pertenecen a la “Ivy League” o sea, son graduados del puñado de universidades donde estudia la elite económica de Estados Unidos.

La mujer en este país alcanzó el derecho al voto en 1920, casi siglo y medio después del enunciado de que todos los seres humanos nacen iguales, plasmado en la Declaración de Independencia; pero estaba (y está) todavía muy lejos de alcanzar la plena igualdad de oportunidades y tratamiento.

En 1923, un grupo de mujeres, dirigido por Alice Paul, propusieron la enmienda ERA  (“Equal Rights Amendment”)  a la Constitución.  Para su avance,  el proyecto tuvo que esperar casi medio siglo hasta que, con el resurgimiento del movimiento feminista de los sesenta,  fue presentado  en un comité  senatorial  por la conocida escritora y editora Gloria Steinem.

En 1972 el Congreso aprobó la ERA, que contaba con  vasto apoyo del pueblo estadounidense. Sin embargo, la enmienda no recibió la ratificación necesaria de las tres cuartas partes de los estados. Como era de esperar, la oposición estuvo centrada en los estados del sur y, también, en varios estados del oeste, Missouri e Illinois. No obstante, aunque por un camino lento y difícil, las mujeres han ido alcanzando posiciones ocupadas tradicionalmente por los hombres. Ya en 1980 alcanzaron la mayoría en el número de matriculados en las universidades, y en l984, por primera vez, una mujer, Geraldine Ferraro, fue seleccionada como candidata vicepresidencial.
En 2001, “Wal-Mart Associates”, en representación de 1.6 millones de trabajadoras de “Wal-Mart”, presentó una demanda contra esta gigantesca corporación por salario injusto y discriminación (7). Según la demanda, las mujeres empleadas ganaban $5,200 menos por año que los hombres, ocupaban los empleos de menor salario y muy pocos cargos de administración y dirección. Diez años después, el 20 de junio de 2011, la Corte Suprema de Justicia (por 5 votos contra 4), falló lamentablemente en contra de las trabajadoras. El fallo (Dukes v. Wal-Mart) es desastroso para las aspiraciones de las mujeres de todo el país a un trato justo y equitativo en sus empleos, porque demuestra que las grandes corporaciones pueden funcionar al margen de las leyes y establece una jurisprudencia que será seguramente utilizada en contra de la mujer en situaciones similares que tengan lugar en el futuro.
Existen leyes que protegen a las mujeres, por supuesto,  pero se evaden fácilmente. Por ejemplo, para evitar promocionarlas  a cargos de dirección sólo hay que hacer lo que hace Wal-Mart, se le exige al nuevo “manager” el cumplimiento de un horario de 50 horas semanales y su traslado a otra tienda de la firma situada a cien millas de distancia. Pocas mujeres pueden aceptar estas condiciones y las que aceptan renuncian en la primera ocasión que tienen un hijo con fiebre de 102°F (39°C).
En Estados Unidos el cine, la televisión y otros medios glorifican la subordinación de las mujeres. El hombre es el héroe que las protege, las guía y las salva; el tipo más duro es el que las controla completamente. Mientras tanto, cerca de 2,000 mujeres son asesinadas y unas 6,000,000 son golpeadas cada año como resultado de la violencia doméstica. Se estima que el 50 % de las mujeres norteamericanas han sido golpeadas por su pareja por lo menos una vez. Las mujeres sufren más lesiones debido a la violencia doméstica que a los accidentes de auto, violaciones y asaltos, tomados en conjunto (8).

No hay duda de que la mujer norteamericana ha logrado grandes avances en el reconocimiento de sus derechos civiles, pero estos avances constituyen un espejismo si no se tiene en cuenta que la mujer está sometida no a una sino a varias esferas de sometimiento, como las relaciones de pareja, las condiciones de trabajo, ámbito empresarial, papel que desempeña en la sociedad, en las actividades religiosas, etc. El avance, donde ha existido, no ha sido homogéneo y, en mayor o menor grado, la mujer ocupa todavía en todas ellas una posición subordinada.

Transcurrida la primera década del nuevo milenio, la mujer continúa ganando salarios más bajos que los del hombre, la vida es extremadamente difícil en los núcleos familiares donde es ella el único sostén,  persiste como tema controversial y sin aparente salida el reconocimiento de sus derechos reproductivos, es maltratada, vejada, discriminada, y sus hijos, padres, esposos y  hermanos son enviados a matar  y a morir en las guerras injustas del imperio.

(1)  Informe de “General Accounting Office”, 1999; y Boletín del “Bureau of Justice Statistics Prisoners”, 2005.
(2)  1986 Anti-Drug Abuse Act; 1988 Omnibus Anti-Drug Act; etc.
(3)  Bruce E. Johansen: “Sterilization of Native American Women”, AIM-WEST, Sept. 1998.
(4)  Levi Rickert: “White House Holds News Conference on Violence Against Native Women Legislation”, Native News Network, July 21, 2011.
(5)  Investigación del “National Institute of Justice”.
(6)  Marina Angel: “Sexual Harassment by Judges”, 45 University of Miami Law Review, March 4, 1991, 817-841.
(7)  Nelson Lichtenstein: “Wal-Mart Authoritarian Culture”, The New York Times, June 21, 2011.
(8)  Lorraine Dusky: “Still Unequal”, Crown Publishers, N.Y., 1996.

Salvador Capote
*Bioquímico cubano, actualmente reside en Miami. Trasmite con cierta regularidad por Radio Miami el Programa “La Opinión del Día”, que aparece poco después en laradiomiami.com. Es colaborador de Areítodigital.net; participa, con la Alianza Martiana, en la lucha contra el Bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos.

El sistema de justicia que condenó a los Cinco: La Tortura (Octava parte)

Por Salvador Capote* 

Muchos se asombran de las torturas  o  –su expresión eufemística- “castigos crueles e inusuales” prohibidos por la Constitución de Estados Unidos, que han sido impuestos a los Cinco héroes cubanos: largos periodos de permanencia en celdas de castigo en incomunicación total, privación de visitas familiares, desmesuradas y escandalosas condenas, etc., sin entender que los gobiernos de este país, los que más vociferan exigiendo a otros el respeto de los derechos humanos son, al mismo tiempo, los que más los violan, en su propio territorio  y en todos los países a donde llevan la guerra y sus secuelas de destrucción y muerte. La tortura ha sido un fiel acompañante del sistema de justicia de Estados Unidos a través de toda su historia y es más antigua en su cultura que el pastel de manzana.

El “waterboarding” o “ahogamiento simulado”, por ejemplo, método de tortura que en su versión moderna  consiste en aplicar una toalla saturada de agua sobre el rostro de la víctima, haciéndole creer que morirá de asfixia, tiene una larga tradición en Estados Unidos.

En un libro publicado en 1891 (1) su autor, el capitán J.C. Powell, jefe de un campamento de convictos de la Florida a mediados del siglo XIX, describe las técnicas de tortura que utilizaban para castigar a los prisioneros, entre ellas algunas de las rutinarias en Abu Ghraib y Guantánamo, como colgar por los pulgares y el “waterboarding”. A esta última le llamaban entonces “watering” y era una forma más burda que la actual pero en esencia la misma. Consistía en arrodillar al preso, con las manos amarradas a la espalda, junto al abrevadero de las bestias y sumergirle la cabeza en el agua hasta que el guardia consideraba que la víctima estaba a punto de ahogarse.

En la Escuela de las Américas en Panamá, instructores norteamericanos difundieron otra variante del “waterboarding”, el “submarino”, que podia ser “seco” o “mojado”. En el seco o “capucha” colocaban una bolsa plástica en la cabeza del prisionero hasta que su propia respiración lo ahogaba. En el mojado, lo colgaban por los pies y le introducían la cabeza en un tanque con agua, orina u otro líquido hasta que comenzaba a ahogarse. El “submarino” fue utilizado ampliamente por los cuerpos represivos de las dictaduras militares centro y suramericanas y era el método preferido cuando no se deseaba que quedasen marcas en el cuerpo de la víctima.

Pero en los siglos XIX y XX no eran  puntillosos con el conteo. Actualmente parece que sí, pues ahora sabemos (2)  que en la prisión de la Base Naval de Guantánamo el saudita Abu Zubaydah fue “waterboarded” 83 veces y el kuwaití Khalid Sheikh Mohammed  183, ni una más ni una menos, lo cual supongo constituye un récord y debe ser suficiente para que cualquiera confiese cualquier cosa.

En las cárceles en territorio estadounidense, hasta 1968 (Jackson v. Bishop, 8th.Cir.), era común el “strap”,  o azotar con correa. Hoy, el tipo de tortura más utilizado parece ser el confinamiento en solitario en una SHU (“Security Housing Unit”) llamada por los presos “el hueco”, una prisión dentro de la prisión. Imagínese usted por un momento encerrado en una celda de 6 por 10 pies o más pequeña, con puerta de hierro, sin ventanas, con la luz encendida permanentemente, donde se pierde la noción del tiempo y nunca se sabe si es de día o de noche, y esta situación se prolonga durante meses o años. En ocasiones, pueden añadir a su celda otros elementos de tortura: frío, calor, desnudez, ausencia de agua para el aseo, ruido, etc. El prisionero cae en un profundo estado depresivo o en absoluta desesperación y sólo pueden resistir este castigo, sin perder la razón, hombres que posean una gran fortaleza espiritual. Sin embargo, en un día cualquiera, hay no menos de 75,000 y probablemente más de 100,000 presos en celdas de aislamiento en las prisiones de Estados Unidos (3).

El 1o. de Julio de 2011, 43 presos de la infamante SHU de la prisión estatal “Pelican Bay”, en California, comenzaron una huelga de hambre que se ha extendido rápidamente a otras 12 prisiones con la participación de 6,600 convictos. Muchos presos  de “Pelican Bay” han estado en condiciones completamente inhumanas de aislamiento durante años o décadas. Estas SHU fueron inauguradas en la década de 1960 y utilizadas para aislar y castigar a prisioneros políticos (4), pero el “boom” de construcción de estas unidades comenzó en los noventa y se extendió a 40 estados. Hoy las SHU albergan a decenas de miles de presos.

En la década de 1950, los militares norteamericanos y la CIA desarrollaron el programa SERE (5), primero para entrenamiento de sus propios soldados y más tarde para el interrogatorio de prisioneros. De acuerdo al manual de entrenamiento de la CIA de 1963 (“KUBARK [criptónimo de CIA] Counterintelligence Interrogation”) las técnicas de SERE “son exitosas incluso en los casos más difíciles, al inducir la regresión de la personalidad al nivel más primario y débil que se requiera para diluir la resistencia”. En otras palabras, son eficaces porque destruyen la voluntad, la dignidad y la moral del prisionero. Las técnicas están diseñadas para minar su autoestima,  hacerle  perder toda esperanza,  desconectarle de la realidad y  aniquilarle  emocionalmente.

Ya a finales de los años cincuenta, las técnicas de SERE fueron exportadas al Sudeste Asiático y a la América Latina. Hacia 1971, miles de militares extranjeros habían sido entrenados en métodos de tortura de SERE (6).

En 1983, la CIA elaboró una nueva guía (“Human Resource Exploitation Training Manual”) que destaca la eficacia de la violencia física, la privación de las funciones sensitivas y la humillación sexual, para quebrar a los prisioneros.

Las administraciones de Ronald Reagan y George H. W. Busch facilitaron que la CIA continuase con las técnicas de SERE. Pero la responsabilidad por las torturas no es privativa de las administraciones republicanas; en 1995 el presidente Bill Clinton autorizó (“Presidential Decision Directive 39”) la  transferencia (“extraordinary  rendition”) de prisioneros a Egipto para su interrogatorio en ese país donde es notorio que se practicaba la tortura, y la información obtenida era utilizada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos evadiendo de este modo las leyes norteamericanas que la prohíben. George W. Bush amplió y perfeccionó este procedimiento, enviando sistemáticamente prisioneros no sólo a Egipto sino también a Arabia Saudita y a otros países aliados. De la tolerancia con las violaciones de derechos humanos en las satrapías se pasó a la complicidad revelando así  la desvergüenza de la política exterior de Estados Unidos.

Después del 9/11, las técnicas de tortura de SERE se utilizaron ampliamente en Afganistán, Irak, en el territorio usurpado a Cuba en Guantánamo;  en la prisión de Bagram (“Bagram Collection Point”), cerca de la base aérea de este nombre en Afganistán; en “Salt Pit”, nombre codificado de una prisión clandestina de la CIA, ubicada al norte de Kabul; y en decenas de otros centros secretos de detención y tortura, o “black sites”, situados en diversos países.

Un informe desclasificado del Inspector General del Departamento de Defensa, ofrece evidencia concreta de que las técnicas desarrolladas en el programa SERE fueron sistemáticamente utilizadas en Guantánamo y, menos sistemáticamente, en Irak y Afganistán (7). No obstante, de la información desclasificada se infiere que en las prisiones secretas estadounidenses ha existido amplio espacio para la iniciativa de los torturadores. En Bagram, por ejemplo, colgaban con cadenas  a los prisioneros al techo de la celda y los golpeaban (“peroneal strikes”) rompiéndoles el hueso largo y delgado de la pierna o peroné y los músculos, nervios y vasos sanguíneos que lo acompañan. El sufrimiento es indescriptible y se sabe que al menos dos personas, Habibullah y Dilawar, fueron golpeados de esta manera hasta causarles la muerte (8). En enero de 2010, mediante el uso de la ley de libertad de información, se pudieron conocer los nombres de 645 de los presos de Bagram.

Después de los escándalos de Abu Ghraib y de otros centros de detención, los militares abandonaron, al menos formalmente, el uso de estas técnicas, pero  la CIA en sus prisiones secretas  continuó empleándolas, legalizadas por la “Military Commissions Act” de 2006, ley con apoyo bipartidista calificada de “vergonzosa” por Noam Chomsky (9). Torturas como la hipotermia inducida, la privación del sueño, la asfixia simulada y otras, son utilizadas por la CIA sin temor a consecuencias legales.

Estados Unidos llegó a tener más de 14,000 prisioneros en su vasta red de cárceles secretas en el extranjero. Por lo menos 34 ciudadanos estadounidenses han sido torturados y asesinados en estos “black sites” (10).

La administración de George W. Bush trató de crear un nuevo marco legal que permitiese la detención arbitraria por tiempo indefinido y la tortura de los prisioneros. Este marco legal se estableció mediante una serie de memorandos, llamados por Chomsky “los memos de la tortura”.  El 9 de enero de 2002, John Yoo, de la oficina de asesoría legal (“Office of Legal Councel”) del Departamento de Justicia y tal vez el principal ideólogo de la tortura en esta etapa de la historia de Estados Unidos, elaboró un memo en el cual concluye que ninguna ley de la guerra, incluyendo las Convenciones de Ginebra, eran aplicables al conflicto en Afganistán. La conclusión, horripilante para todo jurista serio de Estados Unidos, fue respondida adecuadamente por el principal consejero legal del Departamento de Estado, William Howard Taft, quien le señaló graves errores, pero Yoo había elaborado los argumentos que el presidente quería escuchar y, en consecuencia, su opinión prevaleció.

Terminado el mes de enero, el consejero de la Casa Blanca y posteriormente fiscal general, Alberto González, se convirtió también en apologista de la tortura y señaló en un memo al presidente Bush la necesidad de obtener rápidamente información de los detenidos. “Este nuevo paradigma –de acuerdo con González- vuelve obsoletas las estrictas limitaciones de los Convenios de Ginebra al interrogatorio de los prisioneros enemigos.” Es verdaderamente increíble que quien propuso que el gobierno de Estados Unidos actuase al margen de los convenios internacionales y de la Ley de Crímenes de Guerra de 1996, haya tenido como premio su nombramiento como fiscal general, el cargo con mayor responsabilidad en la aplicación de la ley.

Debido a la oposición del Secretario de Estado Colin Powell, el 7 de febrero de 2002 el presidente Bush, convertido en matador, toreó la situación con una verónica completa: Estados Unidos respetaría las Convenciones de Ginebra en las operaciones en Afganistán pero no con Al-Qaeda ni con los talibanes; es decir, las respetaría en abstracto, no en la situación real de la guerra.

Elaborados ya los argumentos para eludir los convenios internacionales, los asesores de Bush pasaron a una segunda etapa en la cual crearían las bases pseudolegales para esquivar las leyes federales que prohíben la tortura. El 1o. de agosto de 2002, John Yoo y Jay Bybee, consejero también este último de la oficina de asesoría legal (OLC) escribieron dos memos, solicitados por Alberto González. En el primero (publicado en 2004), Yoo y Bybee ofrecieron una nueva y muy estrecha definición de la tortura, aconsejaron a los interrogadores invocar las doctrinas de “defensa propia” y de “necesidad” y llegaron al colmo de afirmar que el presidente tenía el poder de autorizar la tortura con independencia de las leyes federales.

En el segundo memo, que no se publicó hasta el mes de abril de 2009, se aprobaban todas las técnicas de interrogatorio propuestas por la CIA, incluido el “waterboarding”, consideradas como torturas en numerosos documentos nacionales e internacionales. Si Alberto González fue nombrado fiscal general, no es de sorprender que Jay Bybee haya sido nombrado posteriormente por Bush para el cargo vitalicio de juez de la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones.

En diciembre de 2002, el Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld aprobó un memorando, llamado “el memo de Haynes”, escrito por William J. Haynes, principal consejero del Departamento de Defensa, en el cual éste solicitaba la aprobación de nuevas técnicas de tortura que incluían el confinamiento en solitario, en silencio y oscuridad total, durante 30 días.

En mayo de 2005, la OLC elaboró tres memos secretos, firmados por su jefe, Steven Bradbury, en los cuales se afirma que ninguna de las técnicas de interrogatorio de la CIA se puede calificar como tortura, ni siquiera de tratamiento cruel, inhumano o degradante. Esto, cuando desde hacía ya largo tiempo, las imágenes dantescas de los torturados en Abu Ghraib, en  Guantánamo y en las cárceles secretas, recorrían el mundo.

El último memo de la OLC sobre las técnicas de tortura de la CIA fue escrito en Julio de 2007 en respuesta a una interpretación de la Corte Suprema según la cual las Convenciones de Ginebra amparaban a los detenidos de Al-Qaeda. La OLC no acató la decisión de la Corte Suprema y afirmó que si el programa de la CIA violaba las Convenciones de Ginebra el presidente tenía el poder para declarar, simplemente, que no eran aplicables. ¡Así de fácil!.

En el gobierno de Barack Obama observamos el restablecimiento de la ley, no su aplicación. El fiscal general, Eric Holder, reconoció que el “waterboading” clasifica como tortura y se han prohibido las técnicas de “enhanced interrogation” (interrogatorio avanzado) promovidas por Bush, pero aún existen los tribunales militares (“military commissions”) y permanecen todavía en la prisión de Guantánamo 171 detenidos. No parece tampoco que la administración de Obama tenga mucho interés en llevar ante los tribunales a los torturadores  y, mucho menos, a los ideólogos de la tortura y a los que la autorizaron, ocultaron y sistematizaron. Holder anunció recientemente, después del estudio realizado durante dos años por un fiscal especial, que sólo se presentarán cargos criminales en dos casos de asesinatos pepetrados por la CIA. 

Esto quiere decir, como señala un editorial de “The Guardian” (11) que se juzgarán actos criminales no autorizados, pero los más trascendentes, los autorizados, no se enjuiciarán.

Kenneth Roth, director ejecutivo de “Human Rights Watch”, grupo defensor de los derechos humanos, afirmó en una nota de prensa que “el presidente Obama ha tratado la tortura como una política desafortunada y no como un crimen”. En un informe publicado el 11 de Julio de 2011 por esta organización, se exige al gobierno de Estados Unidos que investigue las torturas que se alega fueron autorizadas por el ex-presidente George W. Bush, el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de estado Donald Rumsfeld y el director de la CIA, George Tenet, entre otros. HRW alega que Bush era la máxima autoridad en las operaciones y que aprobó públicamente el uso de torturas por la CIA. La administración de Bush, además –continúa HRW- creó un programa de detención clandestino mediante el cual los prisioneros eran encerrados en lugares secretos sin informar a sus familiares y sin permitir el acceso de la Cruz Roja Internacional, y los detenidos eran enviados ilegalmente a otros países donde seguramente serían torturados.

Según HRW existen documentos desclasificados, entre ellos una autorización presidencial de las prisiones secretas, suficientes para iniciar un proceso de investigación criminal (12).

(1) – J.C. Powel: “The American Siberia”, a facsimile reproduction of the 1891 Edition, The University Press of Florida, Gainesville, 1976.
(2) - Marjorie Cohn: “Avoiding Impunity: The Need to Broaden Torture Prosecution,  JURIST – Forum,  July 8, 2011.
(3) -  Kevin Goszola: “Pelican Bay Prison Hunger Strike Shines Light on True Character of US Prison System”, FDL, July 11, 2011.
(4) -  Li Onesto: The California Prison System. The Pelican Bay Prison Hunger Strikers: We Are Human Beings!, Global Research, July 12, 2011.
(5) -  SERE: Acrónimo de  “Survival, Evasion, Resistance and Escape”, llamado así porque en sus comienzos era un programa de entrenamiento para soldados norteamericanos; luego se transformó para utilizarlo en el interrogatorio de prisioneros.
(6) -   Michael Otterman: “American Torture”, Pluto Press, 2007, p.12.
(7) - Stephen Soldz: “Shrink and the SERE Technique at Guantanamo”, Counterpunch, May 29, 2007.
(8) -   Editorial: “Patterns of Abuse”, New York Times, May 23, 2005.
(9) -   Noam Chomsky: “Los memos de la tortura”, Chomsky.info, May 24, 2009.
(10)    Michael Otterman: Idem, p. 13.
(11)     Editorial: “Torture: crimes with impunity”, The Guardian, U.K., 12 July 2011.
(12)     CBS News: “Group urges probe into alleged Bush-era torture”, 12 July 2011.

*Bioquímico cubano, actualmente reside en Miami. Trasmite con cierta regularidad por Radio Miami el Programa “La Opinión del Día”, que aparece poco después en laradiomiami.com. Es colaborador de Areítodigital.net; participa, con la Alianza Martiana, en la lucha contra el Bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos.

Imagen agregada RCBáez

El sistema de justicia que condenó a los Cinco: Las cárceles de la migra (Cuarta parte)

Por Salvador Capote*

En los años del siglo XVIII tras la fundación de la república, y durante casi todo el siglo XIX, a nadie en Estados Unidos se le ocurrió encarcelar a un inmigrante por el solo hecho de serlo. Hacían falta brazos para exterminar a los indios, conquistar el Oeste y arrebatar la mitad del país a los mexicanos; hacían falta europeos blancos para que la población negra –esclava primero y segregada y discriminada después- no se convirtiese en mayoría; y hacía falta mano de obra barata para impulsar el pujante desarrollo industrial capitalista y extender las líneas del ferrocarril hasta las costas del Océano Pacífico.

Es en la última década del siglo XIX, cuando Estados Unidos transita de su etapa expansionista a la francamente imperialista cuando, para el registro y examen de los inmigrantes, se crea el centro de detención de Ellis Island, en la parte norte de la bahía de New York, que serviría de filtro entre 1891 y 1954 para rechazar a los recién llegados que presentasen características indeseables.

 Con el tiempo, Ellis Island fue rodeada de una aureola romántica aunque, como dice la vieja canción irlandesa, fue una isla de esperanzas pero también de lágrimas. No todos tenían suerte, las mujeres que llegaban solas a la isla eran sistemáticamente rechazadas porque, de acuerdo a los hipócritas criterios puritanos de la época, si carecían de apoyo familiar o, en otras palabras, de un hombre que las representase, podían caer fácilmente en el vicio y la prostitución. Los pasajeros que arribaban al puerto viajando en primera y segunda clase, llenaban sus formularios en la privacidad de sus camarotes y desembarcaban en Manhattan, no pasaban por Ellis Island. La isla era sólo para procesar a los que viajaban en tercera clase o hacinados en los entrepuentes, o sea, a los pobres (1).

 La historia de los servicios de inmigración de estos primeros años está llena de lagunas pues muchos registros se quemaron durante el incendio de las instalaciones originales de Ellis Island, el 14 de junio de 1897, o fueron destruidos deliberadamente por la administración Eisenhower. Sin embargo, en una memoria de la legendaria puerta de entrada, realizada por el Departamento de Justicia, se describe el lugar como “una penitenciaría de duros castigos que era para muchos una pesadilla”. …”Por causa de la angustia mental –señala el documento- muchos inmigrantes se quitaban la vida”. Hacia 1930 la cifra de suicidios ascendía a más de 3,000. En 1953 un juez de la Corte Suprema de Justicia calificó a Ellis Island –que un año después cerraría sus puertas- como “isla prisión” (2).

La política migratoria de Estados Unidos ha sido siempre racista pero con tolerancia directamente proporcional a la prosperidad económica. En la década de los veinte, por ejemplo, vivían en New York más de cien mil puertorriqueños pero en los años de la Gran Depresión la cifra descendió a la mitad para subir después vertiginosamente con la recuperación económica al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En 1940, Franklin Delano Roosevelt transfirió el INS del Departamento del Trabajo al Departamento de Justicia pensando seguramente que en tiempos de guerra estaría allí mejor ubicado, dando origen de este modo a toda una serie de cambios tanto en su estructura como en sus métodos. A pesar de toda la carga ideológica racista y clasista, las tres décadas posteriores fueron, relativamente, las mejores de los servicios de inmigración, cuando era todavía una institución civil y no era política de la institución encarcelar innecesariamente a los inmigrantes indocumentados.

Es bajo el gobierno de Ronald Reagan que la agencia comienza a transformarse –mediante un largo proceso que dura hasta el presente- en un poderoso aparato represivo, cada vez más fuera de control y que desarrolla impunemente actividades secretas. Bajo la administración Reagan comienza la militarización de la frontera sur y, en general, de las operaciones del INS. Además, se elaboran planes militares de contingencia para situaciones hipotéticas en que fuese necesario detener a cientos de miles de indocumentados (3).

En 1981, un número considerable de haitianos llega a las costas de la Florida utilizando todo tipo de embarcaciones. Reagan les niega el status de refugiados y, violando acuerdos internacionales, ordena su detención en masa y la ampliación del Centro de Detención de Krome, en Miami, para albergarlos. Reagan califica a los haitianos como refugiados “económicos” con el fin de justificar su negativa a reconocerlos como refugiados políticos. Si los que llegan en bote son cubanos, se les admite de inmediato y se les abre una puerta ancha a la residencia legal y a la ciudadanía (en la política hostil contra la Revolución Cubana todo vale); si son haitianos, se les encierra en Krome y, brutalmente, se les expulsa del país.

Krome posee un nutrido y tenebroso expediente de abusos de todo tipo contra los inmigrantes detenidos. Por ejemplo, en un reportaje de Debbie Sontag, en el Miami Herald, con el título “Krome: historias de desesperación” y de subtítulo: “Palizas de los guardias en medio de relatos de horror” (4), se describe como los oficiales del centro manoseaban rutinariamente a las jóvenes haitianas detenidas y las acosaban y agredían sexualmente, y como mantenían a niños presos, en contra de la ley, entre otras infamias. Cada una de las detenidas sufría una múltiple discriminación: por mujer, por negra, por pobre, por extranjera, por no conocer el idioma, por su bajo nivel cultural. ¿Qué oportunidad de defensa tenían ante el asalto sexual de guardias prepotentes cuando, quizás sólo unas horas después, sin amparo legal alguno, con esposas y cadenas, serían deportadas por la fuerza a su país natal?.

El número de detenidos por los servicios de inmigración ha tenido un aumento exponencial en las últimas dos décadas. Como no dan abasto en sus propios centros, los inmigrantes detenidos pueden estar en cualquier sitio de la amplísima red penitenciaria del país, mezclados con delincuentes comunes, a pesar de que técnicamente no están cumpliendo sentencia alguna sino en calidad de “administrative detainees” (detenidos administrativamente). Se les puede encontrar en cárceles locales, prisiones estatales o federales o, en lo que es a mi juicio la mayor aberración del sistema de justicia de Estados Unidos, la creciente urdimbre de cárceles privadas que operan corporaciones como “Corrections Corporation of America (CCA)”, “GEO Group Inc.”, “Management and Training Corporation (MTC)”, “Wackenhut Corporation” (WC), y “Correctional Service Corporation (CSC)”. En 2010, CCA y GEO reportaron ingresos por 1.69 y 1.17 billones de dólares respectivamente (5).

La primeras prisiones privadas de Estados Unidos comenzaron a operar en 1984 como centros de detención de inmigrantes: “Aurora Services Processing Center” (de Wackenhut), cerca de Denver, Colorado, y “Houston Processing Center” (de CCA) en Texas. Hoy las cárceles privadas, que lucran con el encarcelamiento de seres humanos, cubren todo el territorio del país Más de la mitad de los detenidos por inmigración ocupan celdas en instituciones de la llamada industria del castigo.

La detención de inmigrantes se ha convertido en negocio muy lucrativo y, a su sombra, otros muchos negocios colaterales prosperan. Por ejemplo, algunos se preguntan por qué los presos son trasladados con tanta frecuencia de una instalación penitenciaria a otra. Hay inmigrantes detenidos que han recorrido ya, de cárcel en cárcel, toda la geografía de Estados Unidos. La respuesta, o una de ellas, es que el traslado de prisioneros también está, en parte, en manos privadas y es un negocio excelente y rentable.

 Pero no únicamente para la empresa privada la detención masiva de inmigrantes y, en general, el “boom” de la población penal de Estados Unidos, ha resultado un cuerno de la abundancia. Políticos locales de pueblos y ciudades que languidecían económicamente y con alta tasa de desempleo, sobre todo en el sur del país, han aprovechado la situación para crear o ampliar facilidades carcelarias y rentarlas a los servicios de inmigración. Se trata de un negocio multibillonario que, además, genera muchos puestos de trabajo. Ya el estado financiero de algunas ciudades depende de los fondos federales o estatales que ingresan a través de sus cárceles. Esta situación estructural torcida victimiza aún más a los reclusos porque los que una vez al año (si es que cumplen con la ley) revisan la situación de los inmigrantes detenidos por tiempo indeterminado, con vista a su posible liberación, son los mismos que poseen interés económico o político en la prolongación del encarcelamiento, y no es de esperar por tanto que las decisiones favorezcan al prisionero.

En 1996 el Congreso aprobó dos leyes que introdujeron nuevas y radicales transformaciones en el accionar del INS (6). Estas leyes ampliaron exageradamente las categorías de delitos a causa de los cuales los inmigrantes legales podían ser detenidos y deportados y, además, se aplicaron con carácter retroactivo y con la pretensión de que las decisiones de INS no podrían ser revisadas por las cortes. Con estas leyes se hizo clara la tendencia a dirigir contra los inmigrantes la lucha antiterrorista sin que existiesen motivos racionales para ello. Satisfacían sin embargo el sentimiento xenófobo y racista de la ultraderecha.

En ese mismo año de 1996, el INS de Atlanta circuló un memorándum entre los fiscales que constituye uno de los documentos más perversos en la historia del sistema de justicia norteamericano. En esencia, instruía a los fiscales de manera insidiosa y mal intencionada, en cómo manejar las negociaciones con los inmigrantes legales que cometiesen delitos (En Estados Unidos más del 90 % de los fallos de culpabilidad son el resultado de negociaciones entre el fiscal y el abogado de la defensa, no de juicios) de manera que se pudiese proceder a la deportación aún por delitos de menor cuantía. De acuerdo con el documento, el fiscal podia convenir con el acusado el no cumplimiento de la sentencia, pero la naturaleza de ésta debía permitir, sin que el acusado lo supiera, su posterior deportación (7).

La última transformación del INS que convirtió esta agencia en el engendro represivo que es actualmente, tuvo lugar en marzo 1 de 2003, al pasar a formar parte de un nuevo organismo, el “Department of Homeland Security (DHS)” (Departamento de Seguridad Nacional). Ahora, la responsabilidad de las detenciones la tiene el “Immigration and Customs Enforcement (ICE)”. Con la atmósfera de histeria anti-inmigrante creada y mantenida después del once de septiembre y con la promulgación de la Ley Patriota y otras que le dan a este organismo cada vez mayor poder, secretismo y libertad de acción, es casi imposible que se logre avanzar hacia una reforma migratoria justa. Por el contrario, es de esperar que las detenciones de inmigrantes continúen aumentando y que los abusos y arbitrariedades contra éstos se multipliquen. Además, los inversionistas de la industria del castigo, que contemplan a las decenas de millones de inmigrantes legales e ilegales como la mayor reserva del mundo de materia prima humana para sus cárceles, poseen ya poderosos “lobbies” en el Congreso Federal y en los Congresos Estatales que dedican sumas millonarias a promover leyes draconianas que convierten a los inmigrantes en delincuentes elegibles para su detención y deportación. Esta manipulación del sistema legal norteamericano conspira contra su legitimidad y es inevitable que muestre (muestra ya) sus dañinas consecuencias.

Mientras tanto, los informes sobre violaciones sistemáticas de los derechos humanos en las cárceles de inmigrantes se multiplican. Informes de “Florida Immigration Advocacy Centre” (FIAC) y de “Human Rights Watch” (HRW) publicados en marzo de 2009, revelaron que en los centros de detención de inmigrantes se abusa sistemáticamente de los detenidos que necesitan cuidados de salud, especialmente de las mujeres. “Las tasas de mortalidad empeoran”. (…) “Se detiene innecesariamente a personas con enfermedades graves y que no representan amenaza o peligro alguno para la comunidad”. Los servicios de salud para los detenidos son extremadamente precarios y no existe prácticamente control oficial. El tratamiento a las personas con incapacidades físicas es violento e inadecuado, el personal se conduce de manera “cruel y abusiva”, existe hacinamiento y condiciones insalubres en las enfermerías y se utiliza el aislamiento y el traslado de pacientes como castigo a los que se quejan. De acuerdo con FIAC los detenidos alegan que son tratados como criminales. HRW informa de graves violaciones en el trato a las mujeres, como el encadenamiento de embarazadas, negación de tratamiento a las que presentan síntomas de cáncer mamario o cervical, así como afrentas a su dignidad. El 80 % carece de abogado.

Los centros de detención de niños y jóvenes poseen su propio historial sórdido y espeluznante que me propongo tratar con mayor amplitud en otra oportunidad. Me limitaré a señalar que una investigación muy reciente del Palm Beach Post (8) demostró que en estos centros –operados en su mayor parte por compañías privadas- manejan la conducta de los niños mediante fuertes dosis de poderosos medicamentos anti-psicóticos (Seroquel, Abilify, Risperdal y otros), la “artillería pesada” de la psiquiatría, que provocan tendencias suicidas y otros peligrosos efectos secundarios. La investigación demostró que el Departamento de Justicia Juvenil (DJJ) de la Florida no controla la administración de medicamentos a los niños. Antoinette Appel, neurofisióloga de la ciudad de Tamarac, en el Condado Broward, explicó que “como no les está permitido [a los centros bajo la responsabilidad del DJJ] ponerle esposas y grilletes a los niños, utilizan drogas anti-psicóticas como sustituto”. Según el Dr. Robert Hendreu, Director del Departamento de Psiquiatría de Niños y Adolescentes de la Universidad de California, este tipo de drogas seda a los niños para que parezca que no tienen problemas. “Podría decirse –comentó- que se convierten en zombies”.

Más de 600,000 familias de inmigrantes enfrentan actualmente órdenes de deportación (9). ¿Cuántas serán destruídas en nombre de la ley? ¿Cuántos niños y jóvenes serán separados de sus padres en aras de un absurdo modo de combatir el terrorismo? ¿Cómo medir el dolor de tanta gente humilde sacrificada para satisfacer mezquinos intereses partidistas?.

  (1)  Records of the Immigration and Naturalization Service. Part 3: Ellis Island, 1900 – 1933. A microfilm project of University Publications of America (1995).
(2)  U.S. Department of Justice, Immigration and Naturalization Services, “Isle of Hopes, Isle of Tears”, prepared by K. Barry, no date [probably 1986]. Citado por Mark Dow en “American Gulag”, Univ. of Cal. Press (2004), p. 6.
(3)  Timothy J. Dunn: “The militarization of the U.S.-Mexican border”, Center for Mexican American Studies, University of Texas, Austin, (1996).
(4)  Debbie Sontag: “Krome: Stories of Despair”, Miami Herald, April 11, 1990.
(5)  Mandy Oaklander: “Texas, immigration detention capital of the country”, May 18, 2011.
(6)  “Antiterrorism and Effective Death Penalty Act” e “Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act”.
(7)  Mark Dow: “American Gulag”, Univ. of Cal. Press (2004), p. 180.


*Bioquímico cubano, actualmente reside en Miami. Trasmite con cierta regularidad por Radio Miami el Programa “La Opinión del Día”, que aparece poco después en laradiomiami.com. Es colaborador de Areítodigital.net; participa, con la Alianza Martiana, en la lucha contra el Bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos.

Imagen agregada RCBáez

Hablemos de las prisiones y el régimen carcelario en Cuba

Por Felipe de J. Pérez Cruz

Más de un millón de comentarios, notas de prensa, y declaraciones, circulan ahora mismo en el mundo mediático, sobre los “horrores” de las prisiones, la “violación” de los derechos de los “presos políticos”  y de los “derechos humanos” en Cuba. El hecho “disparador” de la nueva escalada propagandística anticubana es la muerte “en prisión” de un “disidente” en huelga de hambre.

El característico manejo de las medio verdades y la tergiversación de que hacen gala los actuales émulos de la propaganda negra, ha convertido en activista político a una persona con amplio expediente delictivo, hombre violento y de juzgada conducta antisocial, por lo cual cumplía sanción de privación de libertad. Este sujeto ejerció contra sí mismo, la última y más enajenante de las formas de violencia física, el suicidio. 

Es muy esclarecedor el artículo que sobre esta última maquinación anticubana, publicara en Cubadebate y luego en Rebelión Enrique Ubieta Gómez. Su ampliación con datos irrefutables en el periódico Granma*, desmonta en su propio cimiento la mitologización que del delincuente, asesinado por la mafia anticubana, ya está en marcha. Las verdades rotundas que se han colocado a disposición de la opinión pública mundial, como otras tantas que son objeto de desinformación, precisan que quienes las compartimos, nos comprometamos pública y decididamente con ellas, y en tal dimensión aportemos nuestra perspectiva.

La algarada en sí misma de los eternos sembradores de calumnias carece de importancia, pero no desprecio el impacto y los resultados de su masivo ataque entre quienes están distantes de lo que realmente pasa en Cuba. Se trata, además, de que en este mundo cada vez más ciberconectado, y del cual no menos de 800 mil cubanos y cubanas participan directamente todos los días, esa distancia que refiero, no necesariamente es geográfica. Cada vez se trabaja más por los servicios enemigos, en el diseño de una propaganda internacional, que sin dirigirse aparentemente al público cubano, a la comunidad cubana en el exterior y sus familiares en Cuba, a los jóvenes y otros grupos poblacionales, los incluya y atrape. Parto de un criterio básico: De Cuba y en Cuba, los revolucionarios podemos hablar de cualquiera, y de todos los temas.

Las conductas patógenas

Durante no pocos años consideramos la delincuencia una lacra heredada del pasado colonial y neocolonial. Sin dudas en las antiguas relaciones de explotación y enajenación capitalista de los resultados del trabajo honrado de nuestro pueblo, están los motores de reproducción a escala cultural e ideológica de las conductas patógenas, pero lo que no percibimos inicialmente, es que parte de aquellas relaciones se mantienen de una u otra forma en nuestro tránsito socialista, y se rearticulan y reproducen desde las limitaciones objetivas, los errores –y en ocasiones excrecencias-,  que también se producen en la creación de la nueva sociedad.  A nivel de las condiciones culturales de existencia y de la psicología de determinados grupos sociales – de los más marginados y excluidos en épocas pasadas-, se mantienen y reconstruyen las tradiciones negativas.

La tensión social generada por el período especial, sin dudas contribuyó al aumento de las conductas negativas. Hubo personas que decayeron en su ánimo solidario, en el interés a la realización con calidad de su trabajo, y hasta abandonaron su empleo dedicándose a actividades paralegales o definitivamente ilegales. Bajo la influencia del incremento de la entrada de capital extranjero, el aumento de las relaciones de mercado y de incipientes formas capitalistas de explotación en el sector de los cuentapropistas, aparecieron nuevos ricos y, pronto, las personas que reaprendieron a vivir del trabajo de otros. 

La situación descrita, se complica aún más en las circunstancias de la contemporaneidad, y se concitan nuevos fenómenos negativos. Se trata de las nuevas formas y dimensiones alcanzadas por la delincuencia a escala mundial, dadas en dos tendencias fundamentales: su crecimiento numérico y su carácter cualitativamente más peligroso, lo que amenaza la estabilidad económica, política, social e institucional de muchos países. Cuba en particular por su estratégica posición geográfica y apertura al turismo, está bajo el asecho de las mafias del narcotráfico internacional, y la política de aliento a la confrontación e ilegalidad en las relaciones migratorias que mantiene el gobierno de los Estados Unidos, ha provocado el negocio del tráfico humano.

Las expresiones y conductas patógenas de aquellos que no han querido ni podido trascender las contradicciones –e insuficiencias- de nuestra sociedad, y que optan por intentar soluciones transgresoras y delictivas, reclamarán siempre nuestra máxima atención. La defensa de la obra común no puede ponerse en riesgo, y nuestro país ha sido forzado a escoger, en legítima defensa, el camino de establecer y aplicar disposiciones y leyes severas.

Las cárceles en Cuba

El problema de la atención a la población penal y sobre todo la falta de programas que realmente contribuyan a una vida decorosa de los sancionados, es un problema insoluble a nivel mundial. En los sistemas carcelarios de los países capitalistas, predomina el concepto del castigo, la severidad y la exclusión.

En Cuba el sistema penal se dirige precisamente a concretar el paradigma del humanismo, que insiste en la necesidad de buscar en todo momento, la oportunidad y los medios para la dignificación del ser humano.  La profilaxis del socialismo cubano se inserta en toda la filosofía del hombre y la mujer que defiende nuestro proyecto. Consideramos al ser humano perfectible, y se asume que sus conductas negativas pueden reformarse, y sobre esta base, se enriquecen constantemente los conceptos de reeducación en los centros penitenciarios.

El doble bloqueo que representó la interrupción abrupta de las relaciones económicas con la ex URSS y el extinto campo socialista europeo, y el incremento genocida del bloqueo con que nos agreden los Estados Unidos, produjo un deterioro sustantivo en la vida material del pueblo cubano, situación de la que aún no nos hemos recuperado completamente. Sufrieron nuestros hogares, las escuelas y hospitales y el conjunto de la infraestructura y aseguramiento social. Las condiciones de las prisiones también fueron afectadas, pero los reclusos cubanos recibieron las mismas protecciones que todos los ciudadanos y ciudadanas.

La alimentación en las prisiones mantuvo una estable y segura suficiencia. En los establecimientos penitenciarios se elabora la misma dieta para reclusos, educadores, custodios y demás trabajadores de la institución. Si la comida no puede ser la mejor, no lo es para todas las personas que trabajan y habitan en el lugar. La atención médica y hospitalaria, se realiza ininterrumpidamente para los trabajadores y reclusos de cada instalación.

Nadie murió de hambre o de enfermedades curables en las prisiones, aún en los días más cruentos del período especial. Los reclusos cubanos siempre han recibido un trato respetuoso. Cada interno tiene derecho a recibir correspondencia, libros y abastecimientos, pueden solicitar y contratar asesoría legal, se comunican con sus familiares y reciben visitas, incluidas visitas conyugales. Existe además, un programa de salidas de estímulo, para que visiten a sus familiares en el seno de sus hogares.

En la mayoría de las prisiones existen bibliotecas, salas de televisión y vídeos y se está incorporando la computación. En el plan de vida de los reclusos hay opciones recreativas, deportivas y culturales, con la aspiración de que toda la población penal, tenga la posibilidad de ampliar sus conocimientos, se instruya y pueda recrearse de forma sana.  El derecho a la práctica del deporte, la cultura y recreación, incluye la constitución de equipos deportivos y grupos de artistas aficionados, atendidos por instructores profesionales, y la realización de competencias inter establecimientos.

En atención a los delitos que cometieron, la conducta dentro de los establecimientos, y las posibilidades del restablecimiento de las condiciones de las instituciones, los reclusos pueden solicitar acogerse a diversos planes de vida. La evaluación y el estudio de la población penal es la base para estructurar un tratamiento diferenciado y recuperativo, en particular con los jóvenes reclusos, lo que va desde las posibilidades de alcanzar estudios superiores, condiciones de vida y trabajo y rescate de la dignidad afectada por la condición de recluso.

La labor de reeducación

Los reclusos siempre serán asumidos como cubanos y cubanas que, aún sancionados, merecen nuestro respeto, sujetos en su inmensa mayoría dignos de recibir una segunda oportunidad.

En Cuba se parte del principio de que la persona que cumple una sanción de reclusión, lo hace para volver a reinsertarse en la sociedad. Nuestro concepto esencial radica, en que la no permisibilidad y el rigor en la defensa de la legalidad y el clima solidario de la nación, presupone que cada recluso, incluido el que haya sido comisor de delitos contrarrevolucionarios, es también una responsabilidad de la sociedad, y esta debe esforzarse por ayudarlo a rectificar su error.

Las opciones de trabajo resultan elemento fundamental para incentivar la labor de reincorporación social de los reclusos, tanto dentro como fuera del penal, en dependencia del delito que se extinga.  Por ello se le propicia que en el período en que transcurre su pena, tenga acceso al estudio y al trabajo, preparándose en un oficio y ayudando económicamente a su familia, pues en todos los casos, se le retribuye salarialmente, por igual labor que la realizada por otro ciudadano fuera de la prisión. La sanción de trabajo correccional sin internamiento es una de las soluciones penales más recurridas.

Los programas desarrollados en Cuba, para convertir las prisiones en escuelas para los jóvenes reclusos -el plan está concebido para atender a reclusos que tengan hasta 30 años y excepcionalmente incluye a personas de 35 años-, constituyen una experiencia única en el contexto internacional. Los programas en coordinación con el Ministerio de Educación (MINED), Ministerio de Educación Superior (MES), Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y el Instituto Cubano de Educación Física y Deportes (INDER), abarcan desde cursos de escolarización media y general, enfermería y educación física, hasta sedes universitarias, para los  que deseen incorporarse a los estudios superiores. Estos programas ya se extienden hacia la totalidad de los centros penitenciarios del país. La actividad docente, estimula mucho más la vinculación afectiva y educativa entre los  sancionados, la familia y las organizaciones sociales de su comunidad.

En el centro penitenciario San Francisco de Paula, en las afueras de la Ciudad de la Habana, se empezó a experimentar con la idea de una cárcel sin cercas, sin rejas, ni cerrojos, los cuales fueron sustituidos por aulas, talleres, laboratorios de computación y bibliotecas. Se trata del primer paso de una experiencia, que pretende convertir a los centros penitenciarios en escuelas, partiendo del estrecho vínculo entre los reeducadores del sistema de prisiones y los jóvenes internados, sus familias, y los trabajadores sociales encargados de atender tanto a los reclusos como a sus familiares. Por tal experiencia ya han pasado varios centenares de reclusos.

Retos y perspectivas

Resulta muy difícil lograr en la dinámica estatal –y por supuesto también en la social-, que todo marche según se conciba y regule por el Gobierno central. Siempre hay estilos y formas particulares de enfocar las mismas orientaciones en uno u otro lugar, decisiones casuísticas que nos son las más acertadas, burocratismos y errores humanos. Y de esta realidad que aún nos afecta la producción, los servicios, la salud y la educación, no se libra el sistema de prisiones. 

Hoy el sistema penitenciario está inserto en los planes de recuperación de la vitalidad constructiva y el aseguramiento, que se extiende a las diversas instituciones del Estado socialista, a pesar de las nuevas restricciones que ha sumado la adversa situación económica internacional.  En ello se trabaja tanto por la dirección de prisiones, como por otros organismos estatales que deben asegurar y facilitar esta labor, también en tales medidas de revitalización están incorporadas las organizaciones sociales y comunitarias.

En nuestras población penal, como en cualquier grupo humano sometido a restricciones y condiciones especiales, se producen conflictos entre sus miembros, pero en el país nunca se han dado los fenómenos de promiscuidad y corrupción, tan afines al estado de las prisiones en el mundo. Todo el trabajo educativo y profiláctico, la organización y disciplina de los establecimientos y sus opciones educativas, culturales y recreativas, articulan un esfuerzo sostenido, para evitar que las instituciones penitenciarias se conviertan en escuelas de delincuencia y corrupción moral, tal como se certifica que ocurre en la inmensa mayoría de las cárceles de los países capitalistas. 

Ese maravilloso mosaico social que es mi barrio de “El Canal”, en el habanero municipio de El Cerro, me ha permitido conversar  con reclusos que disfrutan de visitas a sus hogares, conozco y mantengo excelentes relaciones humanas con ciudadanos que cumplieron sanciones en prisiones y con sus familiares, participo como vecino de la comisión que se ocupa en la comunidad de la reinserción de estas personas, y no me son ajenas quejas e inconformidades. 

Esas demandas están relacionadas con aspectos puntuales de la vida, las condiciones y el deterioro de servicios en los establecimientos, de sus relaciones con uno u otro encargado, con la ubicación en un puesto trabajo, con la interpretación de su régimen de sanción. En quienes nada tienen que ocultar, me resulta sumamente interesante la unánime buena opinión, el respeto, e incluso el cariño, que expresan de mil maneras por la figura de sus reeducadores, algo que confirman también madres, padres y familiares que los han acompañado en ese difícil período de sus vidas.

La mayoría de los ex sancionados en mi comunidad se han reincorporado al trabajo, y participan de las actividades de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Desafortunadamente hay varios que mantienen una conducta de rechazo a la acción social, evaden el trabajo y  muestran hostilidad. Con estos ciudadanos seguimos en permanente diálogo de persuasión y rescate.  

Los presos contrarrevolucionarios

En Cuba no existen “presos políticos” como se esfuerza por hacer ver la propaganda anticubana. Se sanciona, no por pensar en contra de la Revolución, sino por la comisión de actos contra la estabilidad político social y la seguridad del país. Entonces son penados quienes secundan los planes y acciones de terrorismo de Estado del gobierno estadounidense, practican el mercenarismo, trabajan para la potencia enemiga y sus aliados, o afectan la seguridad nacional y violan la paz social con acciones peligrosas, siempre apegados a la más estricta legalidad y con respeto de las garantías procesales y judiciales reconocidas internacionalmente, que incluye la rápida presentación de cargos, transparente instrucción penal, la elección por el acusado de la defensa que considere apropiada, la presentación de hechos probados en juicios orales, en tribunales civiles, y juicios públicos.

Estos reclusos, de acuerdo a los delitos por los que fueron hallados responsables y a su peligrosidad, reciben el tratamiento justo y humanitario que caracteriza al sistema penitenciario cubano. Si es su deseo pueden acogerse a los distintos planes de participación laboral y estudio, y tienen derecho a recibir el mismo trato que el resto de la población penal, en cuanto a sus relaciones con la familia y la sociedad, incluidas  las visitas conyugales. Nada que se parezca al trato inhumano y canallesco, que reciben los cinco héroes antiterroristas cubanos, ilegalmente presos  en las cárceles del imperio; nada similar a los presos políticos nacionalistas puertorriqueños, a los militantes y activistas de los movimientos indios y afronorteamericanos  que están, como los patriotas cubanos,  bajo severísimas medidas de rigor y aislamiento dentro del sistema carcelario estadounidense…

En el negocio de la contrarrevolución, los mercenarios presos y sus perspectivos reclutas, tienen un guión pautado. No se incorporan a los programas existentes, asumen una conducta hostil y provocadora, y su “trabajo” es  el de tratar por todos los medios de sabotear y tensar la vida en los establecimientos.  Por ello son compensados en especies y dinero. ¿Para qué realizar un trabajo honesto, si a ellos les llegan con regularidad los paquetes “de ayuda humanitaria”, que les permiten el acceso a alimentos, ropas y productos, que los sitúan en condiciones de privilegio sobre el resto de la población penal? ¿Si sus familias comienzan a vivir del presupuesto millonario que para la subversión interna tiene asignada la Oficina de Intereses de Washington en La Habana, y otras Embajadas de sus aliados europeos?. 

Recibí hace unos meses a una alumna de español de un amigo que trabaja en un país de la Europa ex socialista. Una muchacha muy amable y de ideas humanistas. Cuando la conocí, me comentó que venía de “entregar ayuda solidaria a la familia de un preso político”. Indagué, y la joven me explicó que se había dirigido a su Embajada, para que le recomendaran cómo podía ayudar al pueblo cubano, y allí solícitamente le facilitaron la dirección de “una sufrida familia represaliada”!

Contrarrevolución y delincuencia

La aspiración de la Revolución de resolver por medios humanistas, las causas y consecuencias de las conductas antisociales y delictivas, tienen una barrera principal en la política criminal que auspicia y desarrolla el imperio estadounidense.  La peligrosidad de las acciones terroristas, que se urden en Miami y otros centros de la mafia cubano americana, con el apoyo y aliento del gobierno norteamericano y de sus grupos más conservadores y profascistas, están dirigidas en primer lugar contra la vida y la seguridad de los ciudadanas y ciudadanos  cubanos. Un saldo hasta ahora documentado de 3 478 muertos, 2 099 incapacitados y daños físicos y psíquicos a cientos de víctimas y familiares, resulta el terrible costo humano con el que hemos sido castigados por nuestra decisión de defender la soberanía, la independencia y el socialismo.

Mientras el gobierno norteamericano proteja y despenalice a criminales internacionales como Orlando Bosh y Luis Posada Carriles, les otorgue el perdón presidencial, o los juzgue por delitos menores, para dejarlos luego en plena libertad en territorio estadounidense, el pueblo de Cuba tendrá que estar más alerta que nunca, y sus medidas de protección y disuasión para evitar nuevos actos terroristas, tienen que ser necesariamente muy rigurosas. Quienes se presten a secundar la actividad contrarrevolucionaria, recibirán la justa respuesta de nuestros órganos de seguridad y orden interior y tendrán que responder por los delitos tipificados en la ley. Y sobre todo, los que cometan actos criminales contra la niñez y la juventud, la integridad física y la vida de los ciudadanos, deben saber que pueden ser sancionados hasta con la pena capital.

Es de dominio público como la inescrupulosidad de los servicios enemigos no repara en utilizar para sus fines desestabilizadores a delincuentes comunes. Desde contratar el asesinato de Fidel con la mafia estadounidense, y reclutar matones y terroristas en otros países, hasta pagar a elementos inescrupulosos dentro del territorio nacional para que den cobertura a sus agentes, asistan a sus convocatorias y creen disturbios y manifestaciones contra la paz y la seguridad. 

Resulta evidente que la naturaleza antisocial de la delincuencia propicia su manipulación por los enemigos de la Revolución. Hay individuos que resisten las políticas de profilaxis de la Revolución, e  intentan sacar partido de la política agresiva de los Estados Unidos.
 
Los articuladores de la actual operación anticubana no hallaron a su víctima en una fábrica, en nuestras escuelas, o en las instituciones culturales y sociales. Lo detectaron y reclutaron en la hez de la sociedad, luego de reincidencias delictivas, a punto de asesinar a otro ciudadano.

La muerte de este cubano que ahora pretenden inscribir en banderas de martirologio contrarrevolucionario, comenzó  el día que cegaron su raciocinio, no con una causa política, sino con su propio y acendrado individualismo, cuando lograron imbricar su naturaleza violenta y antisocial, con sus necesidades consumistas y el dinero fácil que llega a los mercenarios. Las trampas de la enajenación capitalista, y los cantos de sirena de la propaganda y subversión ideológico-cultural del imperio, se confirman en toda su criminalidad. Morir demandando privilegios especiales sobre el resto de la población del penal, en este caso televisión, cocina y teléfono personal en la celda, resulta tan descabelladamente absurdo, como carente de principios y seriedad es todo el programa que la contrarrevolución tiene dictado desde Washington.

La manipulación del absurdo llega al cinismo, cuando se conoce que el Estado cubano en estos últimos cinco años ha beneficiado a las familias cubanas con la reposición de cocinas y refrigeradores, la entrega a quienes no lo poseían de televisores y otros electrodomésticos -que ya llega a los 21 millones de unidades-, todos a precios subsidiados o a su costo, con el respaldo de facilidades bancarias sin precedentes, y la donación en el caso de los ciudadanos que carecían de posibilidades reales de pago.  

La sinrazón de quienes pretenden calumniarnos

Cada año mueren 7 000 personas en las cárceles de los Estados Unidos, muchas son asesinadas o se suicidan. En los últimos cinco años dentro de los centros de detención de emigrantes 72 personas han perdido la vida. En el 2006 en las prisiones de California, se registraron 426 casos de muerte, debido a un tratamiento médico tardío. De ellos, 18 fallecimientos fueron considerados como "evitables" y otros 48 como "posiblemente evitables". Un recluso diabético de 41 años de edad, Rodolfo Ramos, murió después de haber sido abandonado solo y cubierto por sus propias heces durante una semana. Los funcionarios de la prisión no le proporcionaron tratamiento médico, pese a conocer su condición. Sin embargo, no conozco que esto haya preocupado a uno solo de los gobernantes de ese país. A esta situación nunca se ha referido un secretario de Estado. Tampoco recuerdo -y auxilio mi memoria con el estudio de la documentación internacional-, que se le haya propuesto a los gobiernos europeos, por unos u otros grupos de presión y opinión política del centro a la derecha, que se juzgue al país del Norte por una sola de tales muertes, mucho menos que se sugiera tomar medidas y sancionar.

La opinión pública se horroriza cuando por casualidad conoce las atrocidades de los policías militares estadounidenses y los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en Abu Ghraib, las prisiones y campos que mantiene en Irak, en el enclave de la ilegal base de Guantánamo en Cuba, y en otros países.  También se alarmaron los ciudadanos del mundo desarrollado cuando conocieron de la abierta complicidad de los gobiernos europeos, que dieron -y aún proporcionan- cobertura a los secuestros y vuelos clandestinos de la norteamericana CIA, con la carga de detenidos hacia distintos centros de tormento, con muy sólidas sospechas de que en su territorio, también existan cárceles y centros de tortura, enmascarados a través de la cooperación de las agencias de inteligencia de la OTAN. Pero como tales hechos llegan a los grandes espacios solo “por casualidad”, estas imágenes pronto se sepultan en la avalancha de productos informativos banales, cuyo principal objetivo es el de desorientar y desviar la atención de los temas que no interesan a los arquitectos de la hegemonía ideológico cultural imperialista.

Cuba revolucionaria no conoce un solo caso de tortura, desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales, ni cárceles clandestinas. Si embargo, una y otra vez se fabrican campañas de descrédito, de lo que realmente ocurre en el país y se colocan tales engendros mediáticos en los noticieros de todo el mundo capitalista.  Ahora estamos ante un nuevo episodio: La guerra criminal del imperio nos ha arrebatado otra vida. Su irresponsabilidad lleva dolor a una madre y sus familiares, y  aspira a dar continuidad en estos compatriotas, al odio feroz de clase, que nos profesan los enemigos históricos de la nación cubana.

Podrán ladrar los cancerberos del imperio, regocijarse con los escuálidos apoyos de gobernantes prostituidos, personeros venales y meretrices intelectuales. Se felicitarán por quienes logren confundir y sumar a su carro de engaños. Pero lo definitivo, siempre estará a nuestro alcance. Nada nos hará apartarnos  de nuestros principios. Mucho menos nos atrincheraremos en autocomplacencias  y justificaciones. Un caso como el que nos ocupa precisa del resumen de aprendizajes y experiencias.

Nuestra respuesta será la de trabajar  con más eficiencia social,  en los sistemas que ya están en curso, los dirigidos a erradicar las causas de la marginalidad y a proteger a los sectores de la población en riesgo de pobreza, así como perfeccionar en nuestras comunidades y consejos, la labor de  las comisiones de prevención y atención social; pero sobre todo, hay que reafirmar cada día más, en nuestras familias y escuelas, en los colectivos laborales y por supuesto, también en las prisiones, los valores y la belleza de la honestidad, honradez, solidaridad, laboriosidad, y de la disciplina social, porque en ellas está la cultura civilizatoria y base ideológica, para defender y reproducir el universo moral de la nueva sociedad que construimos.

• http://www.granma.cubaweb.cu/2010/02/27/nacional/artic01.html

Véase además:

El sistema penitenciario / Cuba MINREX 

http://www.cubaminrex.cu/derechos%20humanos/articulos/consejoderechoshumanos/Informe/Espannol/Sist_Penitenciario.html

Convertir las prisiones en verdaderos centros de educación y mejoramiento humano
http://www.cubaminrex.cu/cdh/62cdh/Libro_Blanco_2006/ParteIII/Capitulo_VI.htm