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jueves, 10 de septiembre de 2015

¿Los batistianos llegaron ya?

Iroel Sánchez y Luis Toledo Sande
Parte de la "obra" de Fulgencio Batista
Parte de la "obra" de Fulgencio Batista
Reproduzco un texto del escritor Luis Toledo Sande, publicado originalmente en la revista Bohemia, y añado al final varias preguntas y una reflexión.
Que no nos priven las palabras o Fulgencio Batista, ¿un santo constructor?
Cuando en vísperas del pasado 26 de Julio me dirigía al Centro de Estudios Martianos –situado en una de las esquinas de Calzada y 4, en El Vedado habanero– para hacer un trámite profesional, no imaginaba nada parecido a la sorpresa que me esperaba a pocos metros de esa institución. Extenuado por el viaje en una mañana de fuerte calor, sentí la necesidad de sumar algo al desayuno que había ingerido presurosamente, y recordé el timbiriche particular instalado a pocos metros de allí cuando el llamado cuentapropismo no vivía el apogeo que tendría años más tarde. Al acercarme, noté que le había surgido un rival colindante mucho mejor plantado, con entradas por la calle 4 y por Línea.

Cafetería-4
“Plan de obras del presidente Batista. Ministerio de Obras Públicas”. El mensaje lo enfatiza, al pie de la foto, una mesita adosada a la pared y en la cual se reproduce la franja donde aparece el cartel. Foto: Luis Toledo Sande/ Bohemia

La mitad superior muestra, en construcción, el trecho de la calle Línea desde cerca de la nueva cafetería hasta el túnel por donde se rebasa en automóvil la ría del Almendares. Foto: Luis Toledo Sande/ Bohemia
La mitad superior muestra, en construcción, el trecho de la calle Línea desde cerca de la nueva cafetería hasta el túnel por donde se rebasa en automóvil la ría del Almendares. Foto: Luis Toledo Sande/ Bohemia
Poco tiene que ver con los empeños iniciales para revitalizar, por vía privada, la gastronomía nacional. Es otra cosa. Higiene y recursos se unen a una oferta variada, bien servida y no mal cobrada. “Desconocía este sitio”, le dije a uno de los empleados, y me respondió con corrección: “Abrimos hace dos meses”.
No hay duda: aquello se hizo con dinero. ¿Acumulado de qué modo? ¿Dentro del país? Aunque el local es pequeño, con espacio para pocas mesas, se ve bien, confortable. Es un servicio tipo “paraditos”, pero acogedor. Pronto me percaté de la foto de apreciable tamaño con que el propietario, o los propietarios, decidieron personalizar –palabra de moda– su negocio. Bien tomada, bien impresa, bien montada en una estructura vítrea. Allí hay solvencia.
La mitad superior muestra, en construcción, el trecho de la calle Línea desde cerca de la nueva cafetería hasta el túnel por donde se rebasa en automóvil la ría del Almendares. La mitad inferior corresponde a la imagen del mismo tramo, pero con el empaque actual de la célebre arteria urbana. Su nombre –informa la enciclopedia EcuRed– rinde tributo a la vía por donde transitaron los trenes precursores del tranvía que existió hasta mediados del siglo XX, y que aún muchos añoran.
También rinde tributo, sobre todo, a la justa voluntad popular de borrar otros nombres con que los gobiernos de turno la bautizaron: primero, en 1918, Avenida del Presidente [Thomas Woodrow] Wilson, expresión del intervencionismo de los Estados Unidos; luego, en los años 50, Doble Vía General Batista, marrullería del criminal golpista a quien todavía algunos procuran enaltecer.
Me acerqué para ver, en el borde inferior, lo que supuse un recuadro añadido para indicar créditos: fuente documental, fotógrafo, diseñador del montaje… Pero forma parte de la imagen original, y es un cartel con texto en caracteres de apreciable puntaje: “Plan de obras del presidente Batista. Ministerio de Obras Públicas”. El mensaje lo enfatiza, al pie de la foto, una mesita adosada a la pared y en la cual se reproduce la franja donde aparece el cartel.
El texto, parco, parecería querer borrar años de historia. De hecho, voluntades aparte, se inscribe en maniobras dirigidas a idealizar a un tirano cuya ejecutoria abarca incontables y brutales asesinatos y torturas, y gran saqueo de las arcas de la nación. A ese tirano se alude, sin más, como si hubiera sido un gobernante a quien sería justo agradecer un plan de obras públicas, y cuyo Ministerio del ramo se ve exculpado de la gran corrupción que practicó.
En la Cuba actual se ha querido que no nos parezcamos a contextos donde el concepto de reformas y la introducción o crecimiento de modos de propiedad privada –que en determinadas circunstancias y para fines concretos puede ser necesaria, pero caracteriza al capitalismo, que la refuerza como dogma en su etapa neoliberal–, llevaron al desmontaje, programado, de todo afán de construir el socialismo. A este lo definen, entre otras cosas, el peso de la propiedad social en los medios fundamentales de producción y de servicios.
Los términos cuentapropismo y cuentrapropista, y sus derivados, que se han puesto en boga, designan formas de gestión administrativa y de propiedad correspondientes a lo privado y a la privatización. Si lo olvidáramos, acabaríamos con los sentidos privados por la “magia” de las palabras, y la desmemoria podría empujarnos a comportamientos, ideas y decisiones torpes, como pasar por alto quién fue Batista, y qué hizo.
Mucho habrá que seguir esclareciendo, y regulando, para el correcto funcionamiento de la propiedad privada que crece entre nosotros. Una vertiente concierne al movimiento sindical, que debe asegurar la protección a trabajadores y trabajadoras del sector privado, o de gestión no estatal, para quienes ya no será necesario vérselas precisamente con posibles errores, insuficiencias o deformaciones en un Estado erigido con la voluntad de velar por los intereses colectivos, del pueblo. Ahora necesitarán, cada vez más, protección frente a dueños que se enriquecen con la plusvalía extraída de la fuerza de trabajo que explotan, cualesquiera que sean los salarios que paguen, y a quienes voceros del imperio han declarado que ven como germen de una clase social en que tendrían aliados.
Por mucho que ganen quienes trabajan en ese sector, hay una realidad que deben conocer: sus empleadores –ojalá todos paguen escrupulosamente los debidos impuestos–, no tienen que construir ni mantener escuelas, centros de salud ni otros modos de servicios fundamentales para la población. Esto va dicho sin desconocer que quienes siguen trabajando en el ámbito de la propiedad social, administrada por el Estado, y básica para el socialismo, también necesitan que sus salarios crezcan en términos absolutos y en relación con el costo de la vida.
Ese tema requiere estudiarse a fondo, y los presentes apuntes se centran someramente en la foto ya comentada, y en sus alcances. No es una política de prohibiciones lo que urge tener: ellas pueden acabar siendo contraproducentes, si no lo son o lo han sido ya. Pero prohibiciones necesarias hay y habrá, y deben cumplirse al servicio de una adecuada cultura de civilidad y orden. (Tomado de Bohemia)
Mis preguntas:
¿Cuál es la postura ante lo que relata Toledo Sande de aquellas organizaciones donde militan víctimas de la dictadura de Fulgencio Batista? No estoy llamando a ninguna acción extrema ni a prohibiciones absurdas pero el silencio y la renuncia al debate son los mejores aliados de la desmovilización y la derrota, ¿no debería la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana del área donde está enclavada esta cafetería hacer llegar su parecer, en boca de algún combatiente de la clandestinidad o el hijo de algún mártir de la tiranía que se cuentan por miles en toda Cuba, a los dueños de este lugar donde se homenajea el "Plan de obras del Presidente Batista"?
¿Los revolucionarios cubanos vamos a continuar en silencio ante la reescritura de nuestra historia, la degradación de nuestros símbolos o su hibridación y sustitución nada ingenua por otros, como ya ha ocurrido recientemente más de una vez en nuestros medios de comunicación?¿Qué sucederá cuando no viva la generación que enfrentó a la dictadura batistiana?
¿Para defender la memoria de la Revolución hay que pedir permiso al organismo superior?¿Como los militantes del Partido Comunista de la Unión Soviética contemplaremos disciplinadamente las tareas de desmontaje del socialismo que ya empiezan a ejecutarse por sus referentes simbólicos?
¿Es casual que sitios como el Parque Lenin o el Coppelia, símbolos de la democratización de la recreación y el acceso de las mayorías al refinamiento, abierto por el proyecto colectivo de la Revolución, languidezcan entre el mal servicio y el deterioro estructural, mientras se asienta la idea de que lo bueno y lo bello son patrimonio exclusivo del pasado prerrevolucionario?¿Por qué cada vez más al Estadio Latinoamericano se le llama en nuestros medios el "Estadium del Cerro"?
¿Es una Habana para turistas la que va a esperar sus 500 años, reproduciendo las celebraciones con tufo colonial que a diferencia de lo sucedido con el medio milenio de Santiago de Cuba tuvieron lugar en buena parte de las villas fundadas por los españoles?¿O como en Santiago, los barrios hechos por la Revolución y hoy más o menos barbarizados (Camilo Cienfuegos, San Agustín, Alamar, Mulgoba, Reparto Eléctrico..) podrán renovar su (falta de) urbanismo y elevar la calidad de vida de cientos de miles de trabajadores habaneros que nunca han podido sentarse en una paladar?
¿Será el remozado Capitolio de La Habana vieja forma para una democracia nueva o un casacarón que entre mármoles y bronces, tan caros a las dictaduras y las plutocracias, olvide consagrar el nombre de Jesús Menéndez, el parlamentario negro y obrero que impuso a los yanquis y la burguesía cubana un trato justo para los trabajadores azucareros y por eso lo asesinaron sin que valiera su inmunidad parlamentaria en "el periodo más democrático de la historia contemporánea de Cuba", según dice el diario español El País bajo la firma de un "historiador" cubano?
Son algunas preguntas que me destraba este artículo de Luis Toledo Sande porque nuestro problema no es cómo decide ambientar el dueño de una cafetería su negocio sino por qué éste cree legítimo hacerlo con un tributo al que -enseñan nuestras escuelas y repite nuestra televisión- es el asesino de miles de cubanos,  y cómo funciona el resto de la sociedad en relación con ello.

viernes, 31 de enero de 2014

Los medios y la II Cumbre de la CELAC

Por Juan Manuel Karg*
 

Diversos mandatarios de la región denunciaron en los últimos días que los grandes medios de comunicación a escala internacional ocultaron el éxito de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, realizada en La Habana, Cuba. Incluso algunos medios privados latinoamericanos que sí dieron cobertura al tema, como ABC de Paraguay o La Nación de Argentina, editorializaron abiertamente contra la reunión, vilipendiando el papel de Cuba en la CELAC y atacando su rol de presidencia pro témpore. ¿Qué intereses hay tras los intentos de “acallar” a la reunión más importante del 2014 para nuestro continente?

Mucho se ha dicho y escrito sobre la denominada “guerra de cuarta generación”. Se trata de confrontaciones no bélicas, donde se utilizan herramientas poderosas como los medios masivos de comunicación para conseguir determinado rédito. Influenciar la opinión pública por un fin, es el eje nodal de este pensamiento. Así, muchas veces se visualiza un “eje del mal”: la tarea consiste en desgastar, erosionar, al enemigo. Con tal motivo se ha llegado a resultados escalofriantes: llamados a magnicidio sobre jefes de Estado, intentos de desestabilización bajo la premisa de advertir que un gobierno puede no llegar al final de su mandato, etc. Estos son ataques frontales.

Sin embargo, también existe ocultamiento de información como parte de esa misma premisa: la reciente cumbre de la CELAC, en La Habana, Cuba, fue ninguneada por la “mass media” internacional, tal como denunciaron Nicolás Maduro y Cristina Fernández, entre otros jefes de Estado. ¿Cómo eludir informar sobre una reunión de comitivas de 33 países, con la presencia de 29 presidentes, que trataron importantes temas para el futuro de nuestro continente? Al parecer, todo se puede con una premisa: el rechazo a la acción de los gobiernos post neoliberales, en especial aquellos que más “centralización” estatal han desplegado en diversas áreas estratégicas, o que más alejados ideológicamente han estado de los centros de poder.

Otros medios, más tradicionales, han preferido dar cuenta de lo sucedido. En esto se han diferenciado, aunque han sistemáticamente falseado los hechos. Es decir, (des) informaron, algo tan (o más) grave que el ocultamiento al que hacíamos referencia antes. El caso de ABC de Paraguay fue emblemático: en su editorial del 29 de enero, denunció que por propuesta de Cuba la cumbre evitaba hablar de democracia y derechos humanos. Sin embargo, este medio privado prefirió luego no citar la “Declaración de La Habana”, donde -antes del punto número uno!- se afirma la necesidad de fortalecer “nuestras democracias y todos los derechos humanos para todos”. ¿Qué sucedió? Por tener preestablecido que quería informar, ABC evitó dar cuenta del desarrollo de los hechos, que confirmaron precisamente lo contrario. ¿Este medio reconoció el error? Claro que no.

El caso de La Nación tuvo aristas similares. El conservador diario argentino afirmó que la cumbre “se limitó a la retórica”. ¿Existe algo menos retórico que avanzar en un plan contra la pobreza que sufre más de 50 millones de latinoamericanos y caribeños?. A su vez, La Nación se quejó porque la CELAC destacó "el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico y social". ¿Existe algo más retrógrado que no permitir el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos de nuestro continente en pleno Siglo XXI, en momentos en que la injerencia externa -y en especial de parte de las grandes potencias mundiales- se acrecienta sobre nuestras naciones?

El trasfondo del ataque (y también de la propia ausencia de información) de parte de los grandes medios masivos de comunicación de nuestro continente -y también a escala mundial- tiene que ver con intentar erosionar lo conseguido en esta II Cumbre de la CELAC en La Habana. No fue poco: se avanzó en una agenda autónoma para 2014, se definió luchar contra la pobreza y la exclusión en nuestro continente, y se abordó imprescindibles temas de la soberanía de nuestros pueblos (Puerto Rico y su independencia, la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, y el apoyo a Ecuador contra la transnacional contaminante Chevron). En definitiva, lo que existió tras la cobertura mediática fue una confrontación de proyectos: los medios masivos de nuestro continente ocultaron (o falsearon) información porque también fueron parte del grupo de “perdedores” de la II Cumbre de la CELAC.

*Licenciado en Ciencia Política UBA, Investigador del Centro Cultural de la Cooperación - Buenos Aires

Enviado por su autor

Imagen agregada RCBaez sobre trabajos de Lacoste y Cubadebate

viernes, 22 de noviembre de 2013

Cuando los medios no hacen caso a Amnistía Internacional (+ video)

José Manzaneda*
Cuba ha sido elegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Fue el país latinoamericano más apoyado, con 148 votos, seguido de México, con 135, que también entró a integrar dicho órgano (1).
En no pocos medios internacionales han puesto el grito en el cielo por el nombramiento de Cuba, con un mensaje calcado al del Gobierno de Estados Unidos, que protestó a través de su portavoz Jean Psaki (2). Grandes diarios como los españoles ABC (3), El Mundo (4) o El País (5) prefirieron, por supuesto, no mencionar al Gobierno de Washington, sino a supuestos “grupos en defensa de los derechos humanos” (6) u “organizaciones humanitarias” (7), cuya convocatoria de protesta apenas reunió a dos personas con una pancarta frente a Naciones Unidas (8).
Pero, ¿cuáles son estas “organizaciones de derechos humanos” mencionadas por los medios que condenan a Cuba? Una es la Human Rigths Foundation, con sede en el Empire State de Nueva York, en cuyo Consejo Internacional participan figuras del anticomunismo mundial como Václav Havel y Álvaro Vargas Llosa, y cuyo trabajo se centra en atacar a los gobiernos opuestos a la política exterior de EEUU, principalmente los de América Latina (9). El diario español –en su día “progresista”- El País publicaba un extenso artículo firmado por esta organización, en el que atacaba el nombramiento de Cuba y otros países como miembros del citado Consejo de DDHH (10).
Otra de las ONGs presentadas en los medios como supuestas observadoras neutrales de los derechos humanos en el mundo es United Nations Watch, una organización patrocinada por el Congreso Judío Mundial y que apoya los intereses de Israel y de EEUU en la ONU (11).
Esta práctica de legitimación como “jueces imparciales” de organizaciones que respaldan los intereses de los grandes poderes mundiales confunde a no pocos. El diario español progresista Público daba también legitimidad de ONG respetable a la citada United Nations Watch, sin hacer mención alguna de sus verdaderos objetivos (12). Y la enciclopedia Wikipedia (13) avalaba la condena a Cuba a partir de los informes de la Freedom House, organización ligada a la CIA y financiada en un 80% por el gobierno de EEUU (14).
Los medios han remarcado el nombramiento de Cuba –así como el de Rusia y China- como miembro del citado organismo de Naciones Unidas. Apenas han mencionado el nombramiento también de Arabia Saudí, monarquía absoluta y socio estratégico de EEUU (15). Y no han dicho ni una palabra sobre el de Marruecos, también aliado de Washington y cuyo régimen viola de manera sistemática los derechos humanos tanto en su territorio como –principalmente- en el Sahara Occidental (16). Numerosas organizaciones llevan décadas denunciando desapariciones, torturas, brutalidad policial y restricciones de la libertad de expresión y manifestación.
Pero el caso más llamativo es el de México, país también elegido para integrar el Consejo de DDHH, en representación de América Latina junto a Cuba. México ni es mencionado en dichos medios, a pesar de las denuncias de Amnistía Internacional, organización que sí es citada por sistema cuando se refiere a Cuba (17). Amnistía Internacional habla de “graves violaciones de derechos humanos en México (que) ponen de manifiesto que (…) los compromisos asumidos por el Gobierno mexicano (…) no se están cumpliendo”. Menciona “casos de homicidios ilegítimos, torturas, violaciones y detenciones arbitrarias perpetrados por agentes de la policía”, apunta a “casos de presos de conciencia” y denuncia que “activistas políticos y sociales, periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos son (…) los colectivos más afectados por la falta de acceso efectivo a la justicia”.
El nombramiento de Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene –sin duda- mucho que ver con la solidaridad –silenciada por los medios- que ejerce la Isla en decenas de países del llamado Tercer Mundo, donde sus programas de cooperación Sur-Sur sientan las bases para el desarrollo de incipientes sistemas de salud o educación (18). Por eso fue uno de los países más votados, incluso por gobiernos no estrictamente afines. Por enviar médicos, y no marines, como forma de ejercer los derechos humanos en todo el mundo (19).
*Coordinador de Cubainformación
Video en Youtube:

jueves, 19 de septiembre de 2013

Responde radio pública en Miami WLRN a reclamos por censura al profesor Stephen Kimber

Por Edmundo García*

Les voy a hablar hoy de un tema que tiene varios aspectos. Esta semana se dio a conocer un caso de censura en Miami. En La Tarde se Mueve del martes 17 y el miércoles 18 hablamos también de la censura de la noticia sobre ese acto de censura.

Por último, también me quiero referir a lo que la radio alternativa de esta ciudad pudo hacer, y logró, para que todo eso empezara a solventarse. Un resultado feliz en el duro empeño de todos los días.
Muchos saben, porque ha repercutido en la prensa cubana e internacional, que el pasado lunes 16 de este mes de septiembre el Comité Internacional por la Libertad de Los 5, a través de Alicia Jrapko y Nancy Kohn, dio a conocer que el profesor canadiense Stephen Kimber estaría realizando una gira por varias ciudades de Estados Unidos para promover su libro “Lo que hay del otro lado del Mar. La Verdadera Historia de los Cinco Cubanos”.

Como su título indica, la publicación trata de mostrar las verdaderas motivaciones de los antiterroristas y Héroes de la República de Cuba, pero tiene también un interés académico porque el autor realizó una investigación documental de más de 20 mil páginas de  registros judiciales del caso más largo en la historia de Estados  Unidos. 

El profesor Kimber ha estado haciendo sus presentaciones sin dificultad; si descontamos un incidente con la radio WLRN (Miami 91.3 FM) que le canceló una entrevista previamente acordada.

Sobre la suspensión un empleado de WLRN comunicó lo siguiente:

“Lamento informarle que el productor ejecutivo y host del programa Topical Current, Joseph Cooper, me ha pedido cancelar la entrevista con Stephen Kimber. Después de leer parte del libro y el material que lo acompañaba, [Cooper] siente que el tema es demasiado ‘incendiario’ y teme una reacción negativa por parte ciertos segmentos de la comunidad.”

Con “comunidad” el mensaje se refería realmente a los grupos de extremistas radicados en el sur de la Florida; porque la WLRN es un medio de comunicación basado aquí. Algunos de ustedes podrían pensar que entonces la noticia no tiene nada de particular, pues la radio de Miami está en poder de los anticubanos y está más que confirmado que la prensa de esta ciudad es enemiga declarada de Los Cinco.

Todo eso es cierto. Pero lo peculiar en este caso es que la WLRN es una estación pública, uno de esos medios que hasta el momento han dejado abierto al menos un resquicio, mínimo, de libertad de expresión. Como dice el colega Eddie Levy, copresentador de La Tarde se Mueve, la WLRN, afiliada a la National Public Radio, no se sostiene por anunciantes sino por subvenciones y su rol está precisamente en marcar la diferencia respecto a los medios vendidos al capital.

¿Es que acaso instituciones públicas de Miami como Florida International University, el Miami Dade College y ahora la WLRN también se van a poner al servicio de la derecha extremista? Se entiende que lo haga Radio Mambí, La Poderosa, el Canal 41, el Diario Las Américas y otros por el estilo, pero, ¿los medios públicos también?

Una vez producido el acto de censura sobre la entrevista del profesor Kimber, vino entonces la censura informativa sobre ese mismo hecho. La prensa servil de Miami tenía poderosas razones para tratar de esconder la noticia y solapar la decisión de la WLRN. Eran varios sus motivos. En primer lugar porque se trataba de un flagrante acto de censura sobre la libertad de expresión en Miami, en la propia ciudad donde viven.

Pero además porque la explicación dada por la WLRN acerca de que el tema de Los Cinco era “incendiario”, y que “teme una reacción negativa por parte ciertos segmentos de la comunidad”, confirmaba algo que precisamente han estado diciendo Los Cinco, sus abogados, los familiares y todos aquellos que miran al menos con objetividad el caso: que Miami no era una sede adecuada para realizar el juicio.

Como mismo dijo el profesor Kimber en su página web: “Ese correo electrónico dice todo lo que se necesita saber - y más - sobre por qué era imposible encontrar un jurado imparcial en Miami para el caso de los Cinco cubanos. Y por qué es más importante aún hoy - 15 años más tarde, con cuatro de los cinco aún en prisiones estadounidenses - para los estadounidenses  aprender los hechos de este caso.”

Lo primero que hizo La Tarde se Mueve (la información del Comité Internacional por la Libertad de Los Cinco salió en email el lunes 16 a las 6:55 p.m.) fue informar a sus oyentes sobre el hecho y denunciarlo. Pero además retamos a la prensa miamense, apelando a la reserva de profesionalismo y vergüenza que debe quedarle, a que reportara sobre la suspensión de la entrevista al profesor Kimber por la WLRN y se no limitara solo a denostar sobre la libertad de expresión en otros países cuando esa misma libertad se estaba violando ante sus narices.

Los emplazamos a que asumieran la noticia y el problema local, que es lo que debe caracterizar a la prensa social y comunitaria de nuestros días.

Déjenme decirles que esta posición de resistencia desde nuestra hora radial diaria empezó a darnos satisfacciones. Tanto el periódico en inglés The Miami Herald el mismo martes 17, como El Nuevo Herald en español el miércoles 18, publicaron la noticia; aunque con su parcialidad habitual. Hay que reconocer que al menos esta vez sin traducciones manipuladoras para el lector hispano, desde el título hasta el punto final.

Pero La Tarde se Mueve fue más allá. Gracias a que el colega y copresentador Eddie Levy es un oyente regular de la WLRN, movilizó una corriente de opinión para que escribieran a la misma de manera muy inteligente.

Primero, insistiendo la importancia de la radio pública en el desarrollo de la comunidad del sur de la Florida; segundo,  recordando la historia y los logros de WLRN marcando la diferencia ante la radio extremista miamense; tercero, especificando que no se trata de la WLRN en general, como institución, sino específicamente del programa “Topical Currents”, de Joseph Cooper, y muy particularmente del productor Richard Ives.

Como informó Eddie Levy ayer mismo en el Programa La Tarde se Mueve, los reclamos a la WLRN por la censura al profesor Stephen Kimber han dado resultados (ESCUCHAR aquí la intervención de Eddie en el programa de ayer miércoles a partir del minuto 20: http://latardesemueve.com/grabaciones).
A la radio alternativa de Miami le satisface comprobar que algunas cosas se pueden logar a pesar de la modestia de recursos y las amenazas de los extremistas.

Como habrán podido escuchar en la grabación recomendada, Elena Freyre, Presidenta de la Fundación para la Normalización de las Relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, reclamó a la WLRN por lo que consideró un atentado contra la libertad de expresión y recibió una respuesta de John Labonia, General Manager de WLRN, de la que edito un fragmento en versión al español: “Queremos pedir disculpas a nuestros oyentes del sur de la Florida por la decisión tomada esta semana por Joseph Cooper, presentador de ‘Topical Currents’ de WLRN, de cancelar una entrevista con el autor de un libro polémico sobre Cuba que el Sr. Cooper consideró demasiado ‘incendiario’ para que esta comunidad escuchara sobre él. La decisión del Sr. Cooper se hizo sin nuestro conocimiento y de ninguna manera refleja -de hecho, contradice abiertamente- lo que somos y lo que queremos hacer en el sur de la Florida como una radio pública que informa y promueve el debate. También contrasta con los recientes esfuerzos de WLRN para dar una mayor cobertura de noticias sobre América Latina, lo que incluye foros más abiertos sobre Cuba…Como resultado de esto, la división de noticias de WLRN (a la que el Sr. Cooper no pertenece) entrevistará a Stephen Kimber este viernes en el programa ‘Florida Roundup’.” (Al mediodía: http://wlrn.org/programs/florida-roundup)

Para que conste en record, y para que los lectores tengan completo acceso a la información, reproduzco el intercambio en sus originales:

-Correo de Elena Freyre, Presidenta de la Fundacion para la Normalizacion de las Relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, a WLRN: “I am appalled at the cancellation of this interview. If this is what we can expect from our Public Radio Station, we are indeed lost in this community. Why don't you, who should be setting the example on free speech and exchange of ideas, allow this community to make up its own mind. I am ashamed and sad that it has come to this. You owe this community an apology.”

-Respuesta de John Labonia, General Manager de WLRN: “WLRN has always prided itself on being South Florida’s communal roundtable – a place where the news and issues that most concern us can be discussed and debated in an intelligent and above all tolerant forum. That’s especially true when it comes to the controversial issue of Cuba. As a radio station we realize that it remains a highly sensitive matter in Miami, especially within the Cuban-American community. But we also realize that the local conversation about Cuba has evolved and become more broad-minded over the past decade – and that it can accommodate opinions today that might have been too uncomfortable to engage a generation ago.

As a result, we want to apologize to our South Florida listeners for the decision made this week by Joseph Cooper, the host of WLRN’s “Topical Currents” show, to cancel an interview with the author of a controversial new book on the so-called Cuban Five, the Cuban spies who were convicted of espionage charges here in 2001. The book argues that the Cubans are innocent, a claim that Mr. Cooper deemed too “incendiary” for this community to hear – a judgment that I and the rest of WLRN’s management strongly disagree with. Mr. Cooper’s decision, in fact, was was made without our knowledge, and it in no way reflects – in fact, it blatantly contradicts – who we are and what we do as South Florida’s source for public radio news and discussion.

It also belies the recent launch of WLRN’s efforts to provide our listeners with more coverage of Latin American news and issues, and that includes more open forums on Cuba policy.

We want to do more than express a mea culpa, however. We want to make this right. As a result, WLRN’s news division (to which Mr. Cooper does not belong) will be interviewing Stephen Kimber, the author of What Lies Across the Water: The Real Story of the Cuban Five,  this Friday on its weekly Florida Roundup show. We will accord Mr. Kimber his say, but we will also ask him our own hard questions about his claims. Just as important, joining the show will be an expert to rebut those claims – and that person will also be asked hard questions about the Cuban Five episode.

WLRN values the trust of its listeners above all else, and we promise to work even harder after this week’s controversy to deserve it.”

Vea además:

Exitosa conferencia de Chomsky y Kimber sobre Los Cinco en Instituto Tecnológico de Massachusetts

sábado, 22 de junio de 2013

La prensa en el centro de la cultura, de la vida

Por Luis Toledo Sande*
 

 
Que los medios encargados de hacerlo no informen con pleno vigor sobre las reuniones en que los trabajadores de la prensa defienden revolucionariamente que ella afiance sus virtudes y -como ha exigido la máxima dirección del país- se libre de déficits que menguan su efectividad, no significa que dichas reuniones no sean vigorosas. En ellas, acaso más que en la brega cotidiana, donde pudieran predominar formas de una “inercia” que viene de lo establecido vuelto costumbre, trabajadores del sector expresan ideas y actitudes contrarias felizmente a la debilidad, la grisura, la resignación y la parálisis.

Lo hacen porque saben que se necesitan conceptos válidos para perfeccionar -como parte de la sociedad en su conjunto- la información, que es un bien público y debe ser de ley, exista o no exista una ley de la información. Los obstáculos en ese camino son disímiles y pueden tener gran peso. Pero no enfrentarlos con la decisión de vencerlos sería funesto para el país, cuyo perfeccionamiento no debe reducirse a la economía. Si prevalecieran resortes capaces de frenar los ideales socialistas, a los que deben servir los cambios económicos necesarios, las conquistas del socialismo estarían en peligro junto con él.

Sería ingenuo creer que el logro de aspiraciones semejantes resultará fácil. La prensa debe estar atenta a los obstáculos que lo dificulten, porque le toca informar acerca de ellos para que sean revertidos, y porque atentan contra el desarrollo que ella misma necesita alcanzar. Entre los obstáculos figuran las carencias económicas del país, inseparables de deficiencias internas que se agravan por el férreo bloqueo económico, financiero y comercial que el imperio le ha impuesto al país durante medio siglo, y cuyo cese no se vislumbra.

No cabe desconocer tales escollos, pero el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, ha dicho que, no obstante el enorme asedio lanzado contra ella desde el exterior, lo que podría derrocarla serían sus propios errores y en especial la corrupción, objetivamente contrarrevolucionaria. Esperar a que el bloqueo expire para luego erradicar esos males, y esperar a que esté asegurada la eficiencia económica para entonces perfeccionar el funcionamiento social cotidiano, pudiera favorecer el advenimiento de una sociedad que estaría harto lejos de representar los ideales por los que se ha vertido sudor y sangre.

No hay que ilusionarse con un pronto levantamiento del bloqueo, y menos aún esperar que el imperio lo suspenda con el ánimo de facilitarle a Cuba la construcción del socialismo. Luchar contra el bloqueo es un deber político y moral; aunque, de levantarse, quizás sería porque el imperio hubiera decidido librarse ya de la influencia de la camarilla -de origen cubano en gran parte- que ha hecho de la contrarrevolución un negocio altamente lucrativo. Pero tal camarilla no es una adherencia anómala del poder en los Estados Unidos, sino parte de él, en el que tiene peso, y en sus tendencias dominantes la gran potencia no parece encaminarse a la apertura comercial como un medio más eficaz que la abierta hostilidad para influir en Cuba y torcerle el camino.

Si el bloqueo es una forma particularmente visible de la reacción imperialista contra una Cuba que molesta porque decidió alcanzar y defender su soberanía, y buscar la justicia social, hay razón para vaticinar que el imperio solamente dejaría de reaccionar contra ella si dejara de resultarle incómoda y no mereciera ya el honor de ser objeto de su tirria. Tal vez no estén descaminados quienes ven el bloqueo como parte de un conflicto histórico que viene del siglo XIX y, en cuanto a persistencia, pudiera tener derivaciones comparables con las que median entre el Israel sionista y la Palestina agredida.

Uno de los propósitos -y no el menos malvado- que con mayor o menor conciencia animan a los promotores de la hostilidad imperialista contra Cuba, pudiera ser que en ésta se generalizase una mentalidad defensiva capaz de conducirla a un autobloqueo letal. En ello tendría su parte una prensa que, atascada en la idea de no permitir que el enemigo le trace su agenda, evada dar al pueblo toda la información que éste necesita, reclama y merece, y eternice prácticas como las que hace décadas Fidel Castro llamó síndrome del silencio o del misterio, y en años recientes Raúl Castro ha tildado de secretismo y enfáticamente ha llamado a erradicarlas.

En la resistencia que parece actuar contra ese llamamiento se yerguen a veces las sombras de la perestroika y la glásnot, nombres de aspiraciones -en ruso, como se sabe, transformación y transparencia, respectivamente- que en la otrora Unión Soviética eran necesarias, pero terminaron manipuladas como recursos para desmontar el socialismo llamado real y desintegrar la propia URSS. Ante fantasmas como esos, lejanos ya para nuevas hornadas de periodistas y ciudadanos en general -muchos nacidos cuando la URSS ya no era presentada como el modelo a seguir-, es necesario ir a la historia, a la vida, en busca de verdades rotundas.

Frente a lo que parece ser la tendencia a olvidarlo, se debe insistir en una máxima sostenida por Lenin: la verdad es revolucionaria, no porque los hechos que ella expresa sean necesariamente revolucionarios, sino porque ninguna práctica revolucionaria puede triunfar cuando la verdad se desconoce, se enmascara o se falsea.

Si la perestroika y la glásnot fueron inicialmente consignas capaces de movilizar y entusiasmar a poblaciones enteras y a partidos que debían ser comunistas de verdad -en los hechos y con la actitud de sus militantes, empezando por los dirigentes- pero estaban desmovilizados en la rutina de la obediencia verdadera o simulada, no se debió al poder mágico de palabra alguna, sino a que la sociedad necesitaba cambios. Ninguna supuesta o real transparencia informativa dio al traste con el socialismo: lo demolieron la inercia y las deformaciones acumuladas en el funcionamiento cotidiano de la sociedad, y, sobre todo, las mafias que en torno al poder político o en él, se formaron al amparo de ocultamientos, misterios, silencios y secretos avalados o impuestos.

Ignorar esos hechos puede servir para calzar autocomplacencias, pero no para encontrar vías y actitudes necesarias cuando se quiere transformar acertadamente la realidad. Si de voluntad marxista se trata, el camino errado puede conducir a que se echen por la borda las luces del materialismo histórico, y a dictaminar que un traidor más o menos taimado y otro adicto al alcohol pueden echar abajo la obra de todo un partido. No se menosprecie el papel de las personalidades, pero tampoco se olvide que ellas por sí solas no hacen la historia ni echan abajo partidos numerosos y bien pertrechados de ideas, de buenos ejemplos y de una claridad ideológica difícil de imaginar allí donde falte la transparencia indispensable. La convocatoria a lograrla puede tropezar, más que con fantasmas, con hechos asociables formalmente a la subjetividad, pero objetivos por su peso y por sus efectos prácticos.

Realidades como las que vivieron la URSS y en general el denominado campo socialista europeo aportan lecciones a los movimientos revolucionarios en el mundo: no para impedir las transformaciones necesarias y la debida y legítima claridad en la información, sino para asumirlas resueltamente y con lucidez. Además de que en Cuba sería suicida posponerlas al levantamiento del bloqueo o a la solución de problemas económicos que en efecto urge vencer, la solución de éstas ni siquiera depende por completo de la voluntad nacional: también el afán socialista sufre los efectos de la crisis sistémica global del capitalismo.

Es necesario impedir que al amparo de calamidades provocadas o reforzadas por el asedio imperialista prosperen justificaciones y se afiancen cortinas a cuyo amparo -fueran ellas de hierro o de silencio- surja o crezca la corrupción generadora de mafias, como hemos recordado que ocurrió en los países europeos llamados socialistas. De igual modo, que las desigualdades sociales resulten inevitables no es razón para abandonar el ideal de justa igualdad -por muy inalcanzable que esta resulte o parezca ser-, ni para olvidar que las desigualdades pueden ser aliadas de la corrupción y de otros males, sobre todo si las autoridades y la prensa no cumplen su papel esclarecedor, un papel que en particular a la segunda es necesario exigirle y permitirle.

Habrá problemas materiales que resolver en la prensa, como en otros sectores. Pero sería calamitoso esperar a tener todas las computadoras y la conectividad necesarias -¡ojalá se tuvieran pronto!-, la capacidad editorial y poligráfica convenientes y los cambios salariales apremiantes no solo en ella, para luego buscar la soltura informativa ineludible en la brega revolucionaria. Se puede ver con ojeriza y devaluar de antemano a quienes critiquen los déficits de la prensa; pero si las críticas tienen una determinada cantidad de razones, de aciertos, lo sensato no es limitarse a ignorarlas, repudiarlas o negarles valor. Lo que el país necesita es eliminar los hechos que dan razones a la impugnación de la realidad.

Antonio Machado, quien tenía en mente la España que él representaba y defendía -un ideal aplastado por la sedición fascista que se adueñó del poder durante décadas-, podía desear para ella una república cristiana, democrática y liberal, virtudes de las cuales a una república como la Cuba de hoy, laica y no guiada por prédicas liberales, le corresponde cultivar para sí la democracia: una democracia verdadera y basada en la plena participación popular. Pero algo enseña lo que el machadiano Juan de Mairena sostiene con otro personaje: “En una república […] conviene otorgar al Demonio carta de naturaleza y de ciudadanía, prescribirle deberes a cambio de concederle sus derechos, sobre todo el específicamente demoníaco: el derecho a la emisión del pensamiento. Que como tal Demonio nos hable, que ponga cátedra, señores. No os asustéis. El Demonio, a última hora, no tiene razón; pero tiene razones. Hay que escucharlas todas”.

El poeta sevillano -hombre que era, “en el buen sentido de la palabra, bueno”- creó heterónimos, especialmente Juan de Mairena, para desplegar debates dialécticos en sus textos. En ese juego tan serio asumió como lo demoníaco fértil “la emisión del pensamiento” y como práctica útil, eso que en la sabiduría colectiva se ha definido como ejercer de abogado del diablo. Se trata de confrontar ideas, de propiciar la polémica orientada a iluminar los caminos por donde triunfe el bien, una aspiración que incluye saber que el Demonio no tiene la razón, pero conviene oírle sus razones, para dejarlo sin ellas, no reduciéndolas al silencio, sino transformando la realidad que les dé base.

La discusión sería estéril o no del todo fértil, si se limitara a hacer trizas lo dicho por el enemigo, aunque también eso es necesario, como en las circunstancias en que, buscando para Cuba una revolución verdadera y victoriosa, vivió antes de 1959 el Fidel Castro que publicó en aquellos años, en La Habana: “¡Mientes, Chaviano!” y otros artículos similares. El citado fue parte de una labor para la cual el líder halló en Bohemia el espacio por el cual, pensando también -no solamente- en aportes de esa revista posteriores a 1959, pudo calificar a dicha publicación como “nuestro más firme baluarte”.

La franqueza y el coraje son necesarios asimismo dentro de la obra revolucionaria, para enfrentar responsablemente actitudes y hechos en que de algún modo haya motivos para ver obstáculos opuestos a la Revolución. Siempre será preferible la necesidad de hacer rectificaciones justas -para eso sirven el diálogo y la polémica- antes que apoyar errores con la connivencia del silencio. Debe preocupar que quien practique el secretismo lo haga sabiendo que no corre por ello ningún peligro, y que lo costoso sea no observar la prudencia capaz de conducir al falseamiento o la ocultación de la realidad.

A varios ejemplos se ha referido este articulista en otros textos, y habría más. Hace décadas Fidel Castro reaccionó enérgicamente ante una poda hecha en el testamento político de José Antonio Echeverría para ocultar su religiosidad, y más recientemente Raúl Castro reaccionó también con ardor contra la discriminación de una trabajadora religiosa. Pero aún alguien puede suprimir en un texto la alusión a la religiosidad de un héroe, sin que nada le ocurra por ello, como, que sepamos, ningún riesgo corre quien frena la información sobre hechos inocultables que el pueblo acaba conociendo por rumores (o por medios enemigos).

Si la intensidad y la honradez de los debates que protagonizan trabajadores de la prensa no son reflejadas vigorosamente, para favorecer su buen efecto, por órganos que pueden o deben hacerlo, ¿no será porque prevalecen prácticas que la dirección del país ha llamado a erradicar? Cuanto más persistan -en la prensa pueden sobrevivir como “prerrogativas de quien dirige” y “líneas editoriales”-, mayor será el peligro de que la nación no logre a tiempo y bien los cambios que le urgen. No es cuestión de fantasmas, ni de imitaciones.

*Filólogo e historiador cubano: investigador de la obra martiana de cuyo Centro de Estudios fue sucesivamente subdirector y director. Profesor titular de nuestro Instituto Superior Pedagógico y asesor del legado martiano en los planes de enseñanza del país; asesor y conductor de programas radiales y de televisión. Jurado en importantes certámenes literarios de nuestro país.  Conferencista en diversos foros internacionales; fue jefe de redacción y luego subdirector de la revista Casa de las Américas. Realizó tareas diplomáticas como Consejero Cultural de la Embajada de Cuba en España. Desde 2009 ejerce el periodismo cultural en la Revista Bohemia. Entre los reconocimientos que ha recibido se halla la Distinción Por la Cultura Nacional.


Atiende Luis Toledo Sande: artesa de este tiempo

Fuente: CUBARTE; (Detalles en el órgano, XV)
 Fecha: 2013-06-21


Imagen agregada RCBáez

sábado, 8 de junio de 2013

La disciplina mediática y el caso de los Cinco

Por Ricardo Alarcón de Quesada
Tributo a Leonard Weinglass
  “Por bondad de Dios tenemos en nuestro país estas tres cosas indeciblemente preciosas: libertad de expresión, libertad de conciencia y prudencia para no ejercer jamás ninguna de las dos.” Mark Twain
¡¡Descárgalo, imprímelo, difúndelo!!

En la madrugada del sábado 12 de septiembre de 1998, con un aparatoso despliegue de fuerzas, el Buró Federal de Investigaciones arrestó en Miami a Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort y René González Sehwerert. Fueron llevados a un centro de detención federal y, de inmediato, sometidos a confinamiento solitario, en celdas de castigo, aislados del mundo, en lo que allá se conoce como “el hueco”. En tales condiciones habrían de permanecer durante los 17 meses siguientes.

Los Cinco no tenían antecedentes penales, no intentaron escapar o resistir a sus captores, nunca habían violado ley alguna, ni alterado la tranquilidad del vecindario. Pero se les negó la libertad provisional bajo fianza a la espera de un juicio que no comenzaría hasta finales del año 2000 y en el que serían representados por abogados de oficio designados por el tribunal, quienes tuvieron que enfrentar numerosos obstáculos para comunicarse con sus defendidos o para acceder a las evidencias, clasificadas todas como “secretas”, las cuales todavía son reclamadas, al día de hoy, por la defensa.
Ya en la mañana de aquel sábado, la prensa reportaba que oficiales del FBI se habían reunido, para darles cuenta del suceso, con Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart —“legisladores” de prosapia batistiana— y daba inicio contra los Cinco el “tamboreo propagandístico” para usar una expresión de Noam Chomsky.

Los jóvenes, a quienes nadie podía ver o escuchar, serían presentados desde entonces como “peligrosos criminales” cuyo propósito era, nada más y nada menos, “destruir a los EE.UU.”.
Un complicado proceso judicial, el más prolongado de la historia, tras recorrer una empinada senda hasta las puertas, que les fueron cerradas, de la Corte Suprema, está ahora en su etapa final, el procedimiento extraordinario que, en la jerga norteamericana, llaman Habeas Corpus y que debe ser resuelto, ante todo, por la misma Corte que los juzgó en primera instancia.

En junio de 2010, Gerardo presentó su recurso pidiendo la anulación de su condena o que se le permita comparecer ante el tribunal para refutar las falsas acusaciones formuladas en su contra. La Fiscalía se opuso a la solicitud y el tribunal aún no ha respondido.

A mediados del pasado año, su nuevo representante legal, Martin Garbus, introdujo una iniciativa que busca, además, forzar al Gobierno a exhibir evidencias claves hasta ahora ocultas.

Desde que presentó su moción a favor del Habeas Corpus de Gerardo, Garbus espera que la gran prensa norteamericana se de por enterada. Es un jurista eminente involucrado en varios casos que han tenido alto relieve en los medios, ha escrito libros acogidos muy favorablemente por la crítica especializada, y sus artículos y ensayos han encontrado espacio en publicaciones de amplia circulación. Se le considera como uno de los principales expertos en el sistema judicial de EE.UU., especialmente en cuestiones relacionadas con la Primera Enmienda de la Constitución. Su solicitud trata que el gobierno sea obligado a revelar la información relativa a la conjura con un grupo de “periodistas” que recibieron pagos de agencias oficiales mientras atendían el caso en que su representado era el principal acusado.

Él insiste en que la batalla legal en que ahora está enfrascado tiene un carácter excepcional, sin precedentes, en la trayectoria de ese país. Sin embargo, apenas atrae la atención del público. Algo aún más sorprendente ya que en el centro de su demanda están, precisamente, los medios y el papel de la prensa.

Ya en agosto de 2005, el panel de la Corte de Apelaciones había decidido por unanimidad anular el juicio que tuvo lugar en Miami contra Gerardo y sus cuatro compañeros condenados allí por luchar contra los grupos terroristas anticubanos que operan desde esa ciudad. El argumento principal de los jueces fue que aquel proceso había sido, en realidad, una crasa violación a los principios constitucionales. Más que un juicio, fue, según los magistrados, “una tormenta perfecta de prejuicios y hostilidad”.

Al año siguiente se filtró, en un artículo que dejó sin empleo a su redactor, que esa “tormenta perfecta”, desatada en la prensa local, había sido financiada por el Gobierno, con recursos extraídos del presupuesto federal. Desde entonces, septiembre de 2006, varias organizaciones de la sociedad civil norteamericana han hecho incansables gestiones para que el gobierno muestre lo que esconde acerca de esa operación: ¿cuántas personas participaron, cuánto les pagaron, quién la dirigió y cómo se realizó?

Pese a que el gobierno se ha resistido a los esfuerzos realizados al amparo de la denominada Ley de Libertad de Información ha sido posible reunir algunos datos que prueban que se trató de una operación multimillonaria cuyas dimensiones, aún desconocidas en su totalidad, carecen de punto de comparación en el pasado estadounidense.

Garbus ha acompañado su petición con una declaración jurada en la que, poniendo en juego su autoridad moral y su prestigio profesional, denuncia frontalmente la conducta ilegal del Gobierno y la entraña corrupta de la conspiración. En su declaración aporta nuevos datos, fruto de una investigación acuciosa y difícil, sobre los “periodistas” pagados por el gobierno: todos, sin excepción, están vinculados con o pertenecen a conocidos grupos terroristas, algunos fueron condenados como tales por tribunales norteamericanos y aún promueven abiertamente el culto a la violencia. Esos “periodistas” inundaron los medios locales con miles de artículos e informaciones —más de cinco por día durante el desarrollo del proceso— que se repetían día y noche en las emisoras locales de radio y televisión, una campaña de la que nadie podía escapar, en ninguna parte de la comunidad miamense.

Ese ambiente se produjo, incluso, antes del comienzo del juicio durante la etapa de selección de las personas que integrarían el Jurado, la mayoría de las cuales expresaron temores por las consecuencias que para ellas y sus familias tendría un fallo absolutorio, y recordaron los violentos disturbios asociados al secuestro del niño Elián González cuya liberación, mediante una acción sorpresiva de fuerzas especiales enviadas desde Washington, acababa de ocurrir.

La labor de los “periodistas” no se limitó a las actividades normales de quienes desempeñan ese oficio. Desde la instalación del tribunal, junto con la intensificación de la campaña mediática, se repitieron incidentes con los miembros del Jurado y también con abogados defensores y testigos que se quejaron a la Jueza Lenard por la persecución y el hostigamiento a que eran sometidos por los “periodistas”. La Jueza, por su parte, no solo reconoció que existía miedo entre los jurados causado por las acciones de los “periodistas” sino que pidió a la Fiscalía que la ayudase a poner fin a esa situación. Como consta en las actas del tribunal, la señora Lenard lo hizo desde los días iniciales hasta el final de un juicio que duró siete meses. Obviamente, sus ruegos no fueron escuchados. Era imposible que el Gobierno la ayudase porque era precisamente el Gobierno el que organizaba, pagaba y dirigía a los provocadores, algo que la jueza, como el resto del mundo, desconocía.

Además de utilizar a los “periodistas” incluidos secretamente en su nómina el Gobierno ejerció su influencia para que los medios locales contratasen para desempeñar similar función a individuos que nunca habían ejercido la profesión, algunos incapaces de redactar un par de cuartillas, que eran veteranos agentes de la CIA o habían sido miembros de la brigada mercenaria derrotada en Playa Girón, o habían cumplido condenas por acciones terroristas en Cuba o en EE.UU. Toda la operación fue también un imperdonable agravio al periodismo, una profesión cuyos principios y valores fueron groseramente pisoteados por el gobierno, hecho absolutamente sin precedentes, que no había ocurrido antes y que, al menos hasta ahora, no se ha repetido en EE.UU.

La conspiración mediática tuvo un doble carácter. Por una parte los medios locales de Miami fueron empleados como instrumentos para imponer un ambiente de odio irracional, de verdadera histeria colectiva que condenaba de antemano a los acusados y, como si esto fuera poco, para asegurar el veredicto anticipado, impusieron el terror sobre los miembros del jurado. Por la otra parte, fuera de Miami, han decretado la más férrea censura silenciando completamente el caso de los Cinco.

El juicio más largo en la historia de Norteamérica; en el que participaron como testigos almirantes, generales y altos oficiales, incluyendo un asesor principal del Presidente de EE.UU.; en el que rindieron testimonio, sin mostrar remordimiento, varios jefes terroristas, algunos vistiendo sus atuendos guerreros; un juicio que involucró las relaciones internacionales y cuestiones de seguridad nacional y terrorismo, temas que la prensa norteamericana seguía con obsesión, en pleno auge de la guerra de Bush contra el terrorismo.

Ese juicio, sin embargo, no tuvo la más mínima cobertura en los medios de comunicación de EE.UU. Ni una palabra apareció nunca en los grandes diarios o revistas, ni en las cadenas de televisión o de radio, ni siquiera en los canales televisivos que, dedicados a reseñar, exclusivamente los pleitos de tribunales, trasmiten veinticuatro horas todos los días. Ni una palabra.

Curiosamente, los corresponsales de esos medios nacionales en Miami reportaban el juicio cotidianamente pero solo para sus audiencias locales y algunos participaban también gozosamente en el asedio constante a los atemorizados miembros del Jurado.

El silencio  mediático sigue acosando a los Cinco héroes cubanos a lo largo de un prolongado proceso apelativo que aún continúa. Sistemáticamente han ocultado momentos importantes de la contienda legal que habrían sido noticia si no hubiera existido la orden de no divulgarlos. Prácticamente nada se ha publicado sobre: la decisión de Agosto de 2005 del panel de la Corte de Apelaciones anulando lo sucedido en Miami y disponiendo se celebrase un nuevo juicio en otra sede; la decisión de esa misma Corte, en 2009, revocando las sentencias impuestas respecto al Cargo 2 (Conspiración para cometer espionaje) porque, unánimemente, los 14 jueces determinaron que en este caso no había nada que afectase la seguridad nacional de EE.UU. ni prueba alguna de espionaje;  el recurso presentado por la propia Fiscalía en mayo de 2001 y su solicitud de retirar la acusación formulada contra Gerardo (Cargo 3, Conspiración para cometer asesinato) reconociendo que no podía sustentarla. Estos son tres ejemplos de acontecimientos que merecieron titulares de primera página pero fueron deliberadamente sepultados.

La lista de omisiones es larga. Solo agregaré las numerosas ocasiones en las que el Gobierno y el propio tribunal admitieron que la verdadera acusación contra los Cinco era la de haber luchado en Miami contra los grupos terroristas y que proteger a estos era el objetivo del juicio. El propósito de respaldar a los terroristas fue más allá del injusto y desmesurado castigo carcelario a los Cinco. A las sentencias impuestas a todos —incluso a Gerardo, condenado a morir dos veces en prisión— les fue agregada, a petición del gobierno, la llamada cláusula de “incapacitación”, o sea, la prohibición específica, una vez fuera de prisión, de intentar cualquier daño a los terroristas. Por extraño que parezca esa delirante restricción allá mantiene plena vigencia. A René González, quien está ahora retenido contra su voluntad en territorio norteamericano1. se lo recordó la Jueza al salir de la prisión: “Como una condición especial adicional de la libertad supervisada se le prohíbe al acusado acercarse o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas”. Todo lo anterior puede encontrarse visitando el sitio oficial del Tribunal del Sur de la Florida y leyendo el caso EE.UU. versus Gerardo Hernández et al. Ahí está la verdad de este caso, disponible para quien se atreva a divulgarla.

Tampoco han dado cuenta los grandes medios norteamericanos de los incontables reclamos a favor de los Cinco del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU o de Amnistía Internacional, o de varios parlamentos nacionales, o el número excepcionalmente elevado de Amicus (documentos de apoyo) dirigidos a la Corte Suprema de EE.UU., suscritos, entre otros, por diez Premios Nobel y por centenares de organizaciones y personalidades, incluyendo juristas, parlamentarios y religiosos de todo el planeta.

Hasta ahora han hecho caso omiso al Habeas Corpus, la Declaración Jurada y otros documentos presentados por Martin Garbus. Entre tanto, el gobierno no solo se opuso a esta petición, también le ha pedido a la Corte que la elimine, que no quede siquiera en la historia legal del caso y la haga desaparecer por completo. Esta insólita acción de la Fiscalía, por supuesto, tampoco ha sido noticia.

El gobierno quiere evitar cualquier examen de su operación secreta con un grupo de “periodistas” para lograr la más severa condena de cinco personas inocentes. Trata de impedir a toda costa que el asunto sea discutido y que trascienda a la opinión pública porque sabe que se trata de una clara violación a la Constitución y un acto de prevaricación sin precedentes que lo obligaría a poner en libertad inmediatamente a Gerardo y sus compañeros. Nunca antes se conoció de semejante transgresión a las normas del debido proceso. La jurisprudencia norteamericana está repleta de casos en que por faltas incomparablemente menores, incluso por errores procesales o técnicos, los juicios han sido anulados y los acusados devueltos a la libertad.

El eje de la campaña mediática —sobre la que Washington no quiere que se hable— fue la acusación contra Gerardo, su supuesta participación, que el propio gobierno reconoció le fue imposible probar, en el incidente del 24 de febrero de 1996 provocado por la intromisión ilegal en territorio cubano de tres aeronaves de un grupo terrorista asentado en Miami y el derribo de dos de ellas por la defensa antiaérea cubana.

Este cargo completamente inventado no formaba parte de la acusación inicial y fue incorporado medio año después del arresto de los compañeros mientras ellos estaban encerrados en “el hueco”, imposibilitados de replicar. Lo agregaron tras un intenso despliegue noticioso sobre los reclamos de los grupos terroristas y de reuniones entre ellos y los fiscales que culminaron en la presentación de una imputación completamente falsa que envenenó aún más el ambiente y habría de ocupar más tarde la mayor parte del juicio.

La falsedad absoluta de ese cargo está perfectamente documentada. Según el Acta acusatoria el FBI había descubierto quién era Gerardo y lo que hacía en Miami, por lo menos desde 1994, dos años antes del suceso, pero no lo arrestaron ni lo acusaron entonces cuando la ciudad era dominada por la histeria anticubana con manifestaciones llamando a la guerra y mientras en la Casa Blanca, según registra Clinton en sus Memorias, se le proponía al Presidente bombardear a Cuba. ¿Quién puede creer que no habrían actuado contra el “culpable” del incidente si lo hubieran tenido allí mismo en Miami controlado por el FBI? Tampoco lo acusaron cuando lo detuvieron casi tres años más tarde, el 12 de septiembre de 1998. La calumnia surgió solo después, en mayo de 1999, luego de lanzarla en los medios y convertirla en el tema predilecto de la Fiscalía y sus “periodistas”. Tan falaz y endeble era la imputación contra Gerardo que así lo reconoció la misma Fiscalía, como ya se dijo, en mayo de 2001, poco antes del veredicto. A esas alturas era ya demasiado tarde, pues el Jurado, víctima del terror, solo emitiría un fallo de culpabilidad. Gerardo fue condenado a morir en prisión por un supuesto delito que ya no era sostenido por los acusadores.

Pero, para colmo, lo castigaron por un “crimen” que no existió, algo que sabían desde el primer día las autoridades norteamericanas quienes han mentido y mienten procazmente sobre el acontecimiento y sus consecuencias. Para respaldar esta afirmación es preciso dar mi testimonio personal.

Manhattan fue testigo

Poco después de haber llegado a New York, en el verano de 1996, encontré a un amigo que era el conductor del principal noticiero de una de las cadenas nacionales de televisión. En aquellos días, era escasa la actividad diplomática en Naciones Unidas y a él le sorprendió encontrarme allí cuando la modorra estival parecía esquivar cualquier novedad.

Le conté que venía de Montreal donde el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional acababa de aprobar su informe sobre lo ocurrido el 24 de febrero de ese año. En los próximos días, el Consejo de Seguridad de la ONU lo discutiría en una reunión en la que me correspondería representar a Cuba.

Mi sorpresa fue mayor que la suya cuando le escuché decir que no reportaría esa reunión como tampoco lo harían las otras cadenas nacionales. “No diremos absolutamente nada”, me dijo, “aunque te pares en medio de la reunión y le arrojes un vaso de agua a la cabeza de Madeleine Albright”, refiriéndose a la dama que entonces era la embajadora norteamericana ante la ONU y que después sería Secretaria de Estado.

De todos modos me pidió organizar un encuentro al que invitaría a unos pocos especialistas de su empresa para examinar el tema, obviamente “off the record” puesto que para ellos era un terreno vedado. Lo hicimos en su oficina, desde cuyos ventanales podía verse el animado desplazamiento de personas y vehículos en la cercana Avenida Broadway.

Llevé el documento elaborado por los investigadores de la OACI y se los expliqué párrafo a párrafo. Las peripecias de la comisión encargada de esclarecer lo sucedido, su infructuosa búsqueda en EE.UU. de testigos y datos elementales que había forzado a postergar varias veces la discusión en el Consejo de la OACI hasta el último día, justo para concluir su sesión anual. Las dudas, objeciones y protestas de varios miembros del Consejo.

La naturaleza de las aeronaves empleadas en la provocación a las que los medios norteamericanos bautizaron para siempre como “avionetas civiles desarmadas” pese a que, en los manuales oficiales norteamericanos que les mostré, se precisa su uso como el avión O-2 en tareas paramilitares como las que desempeñó en la guerra de Vietnam. En el caso específico de las involucradas en el incidente habían participado en la guerra recién concluida en El Salvador y el Informe incluía fotos que mostraban todavía en algunos fuselajes la inscripción USAF (Fuerzas Aéreas de EE.UU.). Referí la larga lista de provocaciones anteriores, nuestras protestas oficiales y el intercambio de notas diplomáticas incluyendo aquellas en las que el Departamento de Estado pedía datos sobre las violaciones cometidas, agradecía su entrega y nos comunicaba que habían iniciado el proceso para retirarle su licencia de vuelo a José Basulto, el jefe del grupo y responsable de ataques con bombas contra Cuba desde los años 60.

Comenté también que habíamos hecho gestiones discretas a altos niveles de las que resultó la promesa de poner fin a las provocaciones.

La investigación de la OACI registraba el testimonio de funcionarios norteamericanos que señalaron estar advertidos de antemano de que algo iba a ocurrir y habían tomado medidas previamente para documentar el suceso. En paradoja incomprensible, sin embargo, solo entregaron a última hora las informaciones contradictorias de algunos de sus radares y comunicaron que otras habían sido destruidas sin explicación.

Se negaron a la solicitud que entonces les hiciera la OACI para acceder a las imágenes que del incidente habían tomado los satélites norteamericanos. Hacer imposible que nadie más pueda ver esas imágenes ha sido y es la terca posición de Washington todavía 16 años después del incidente.
Los únicos objetos de las avionetas destruidas fueron encontrados por Cuba dentro de su mar territorial a cuyas aguas solicitaron permiso para entrar los navíos norteamericanos después de su infructuosa búsqueda fuera de nuestros mares. A pesar de que, como lo sabe cualquiera, las corrientes marinas en esa zona los habrían alejado de nuestro espacio e impulsado hacia el norte.

El único testimonio “imparcial” que hallaron los investigadores fue el de un marino de origen noruego, pero radicado en Miami, capitán del crucero Majesty of the Seas que tiene su sede y opera desde esa ciudad y quien les fue presentado por las autoridades norteamericanas. Según este señor, había visto ocurrir el derribo en un punto de las aguas internacionales aunque muy próximo a Cuba. Alegó haber hecho algunas anotaciones en un pedazo de papel y solo las inscribió en su bitácora después de ser visitado por oficiales del Buró Federal de Investigaciones. Ningún otro tripulante, nadie más de quienes iban a bordo del crucero fue entrevistado. Datos curiosos: la empresa que opera ese barco es uno de los principales contribuyentes de la Fundación Nacional Cubano-Americana y el capitán es un notorio militante “anticastrista”. Estos reveladores detalles no aparecen en el Informe de la OACI aunque sus redactores sí dejaron constancia de que no habían podido comprobar independientemente dónde estaba el Majesty of the Seas cuando ocurrió el incidente.

Fue un intercambio animado y respetuoso. Mis interlocutores, pese a ser periodistas especializados en cuestiones internacionales, manifestaron total desconocimiento del asunto, de su contexto y antecedentes y expresaron sincero interés por aprender, sin dejar de manifestar frecuentemente su asombro.

La conversación derivó hacia la Ley Helms-Burton que el Presidente Clinton había promulgado pocos meses antes. Todos los interlocutores lamentaron el agravamiento de las relaciones con Cuba y repitieron al unísono que lo más deplorable del asunto era que el incidente había puesto fin a los esfuerzos del inquilino de la Casa Blanca por mejorar la situación y lo había forzado a aceptar un texto al que él y sus principales asesores se oponían.

El coro se interrumpió cuando les dije simplemente: “You are dead wrong” y les mostré otro documento al tiempo que les conté cómo llegó a mis manos.

Ocurrió también en Manhattan casi un año antes, en 1995. Estaba reunido, en absoluta privacidad, con una persona que ocupaba entonces un alto cargo en el Departamento de Estado y sigue perteneciendo hoy a ese organismo. Para la fecha ya el proyecto de Ley había recibido la aprobación de la Cámara de Representantes y se especulaba, entre los entendidos, si recibiría también el voto del Senado que dependería de la actitud que frente al texto tuviese la Casa Blanca, y la persona con quien charlaba a solas cerca del siempre apacible East River me preguntó cómo yo apreciaba la situación. Me embarqué en un análisis basado en la información a mi alcance hasta que me interrumpió: “You are dead wrong” y me entregó el documento que ahora les mostraba a periodistas especializados en problemas internacionales de una red de televisión que abarca toda Norteamérica y va más allá.
Se trata del texto de la Ley Helms-Burton y el intercambio electrónico entre la dirección del Departamento de Estado y los principales jefes del Consejo de Seguridad Nacional en el que estos últimos, de modo muy explícito, daban luz verde al engendro legislativo.

No fue esa la única vez que coloqué ante los ojos de algún periodista norteamericano un documento que prueba irrefutablemente que la Administración Clinton había aceptado la Ley Helms-Burton desde 1995, mucho antes del incidente de 1996, el cual sería utilizado después como falaz justificación para lo que ya había sido pactado con anticipación. Me he cansado de enseñarlo a quienes se supone tienen el oficio de informar. Ninguno lo convirtió en noticia. Nadie ha dicho nada jamás sobre su existencia. Tampoco lo hicieron los que participaron en aquel encuentro en el corazón de Manhattan. Se pasaron el documento, mano a mano, lo revisaron uno tras otro, mientras yo los miraba a la espera, inútilmente, de alguna reacción. El silencio fue total. Solo lo interrumpía el bullicio que llegaba del exterior.

Para concluir la reunión, el siempre recordado amigo dijo más o menos estas palabras: “¿Comprenden ahora por qué no podemos publicar nada sobre este tema?”.

Cuando me retiré, ya los letreros publicitarios de la gran avenida reemplazaban la claridad disipada del atardecer.

Un par de días después se celebró la reunión del Consejo de Seguridad, de la que salió la señora Albright seca y sin un solo rasguño. Ningún medio norteamericano publicó nada sobre esta discusión en la ONU.

Años más tarde, alejada ya ella de responsabilidades gubernamentales, en una entrevista televisiva la vi confesar que aquella reunión del Consejo de Seguridad había sido su experiencia diplomática más difícil. Como había sido totalmente silenciada por los grandes medios me temo que nadie entendió sus palabras.

El derribo de las avionetas fue utilizado como burda excusa para enrarecer aún más las relaciones entre los dos países. Resonaron entonces los tambores de la guerra y como alternativa se intensificó el bloqueo económico que fue, además, codificado con la Ley Helms-Burton, vergonzoso adefesio que el Presidente Clinton firmó en grotesca ceremonia en la que abdicó prerrogativas presidenciales, gesto sin memoria en las crónicas de la Casa Blanca.

El incidente, además, ilustra como pocos el papel no solo desinformativo sino también embrutecedor de las grandes corporaciones mediáticas. Gracias a una censura que es tan eficaz como insidiosa, pues se ejerce sobre un pueblo al que se le hace creer, cínicamente, que está más informado que nadie, multiplicando incesantemente la mentira y castrando el espíritu crítico al reducir la capacidad de análisis con la constante repetición de fórmulas y consignas a la usanza de la publicidad comercial, esas corporaciones imponen una verdadera dictadura de alcance global, pero que convierte al pueblo norteamericano en su primera y principal víctima.

Se ha hecho pensar a muchos que el 24 de febrero de 1996 —cuando Cuba atravesaba la peor crisis económica de todos los tiempos y no contaba con el apoyo de ningún otro estado— el gobierno cubano había decidido provocar la guerra con EE.UU., atacando aviones norteamericanos en aguas internacionales. La irracionalidad de semejante teoría salta a la vista. Cuba no habría tenido nada que ganar y sí muchísimo que perder con una conducta que hubiera sido un absurdo suicidio colectivo.

¿Cómo explicar tal actitud en un país que nunca, en toda su historia, ha sido agresor de nadie?
Los antecedentes están perfectamente documentados aunque totalmente silenciados. Antes de febrero de 1996, el grupúsculo terrorista autodenominado Hermanos al Rescate había realizado decenas de incursiones al territorio nacional, todas y cada una de ellas protestadas por Cuba ante el Departamento de Estado y denunciadas públicamente.

El suceso del 24 de febrero de 1996 fue precedido de reiteradas advertencias de La Habana por canales diplomáticos y otras vías privadas, pero también abiertamente ante los medios de comunicación social. El jefe del grupo provocador había hecho también repetidas declaraciones públicas, desafiando las leyes norteamericanas, anunciando la continuación de sus vuelos y alardeando de que seguiría haciéndolo porque Cuba estaba supuestamente en una situación tan crítica que no podía defenderse.
En cualquier caso, la acusación contra Gerardo es también un insulto a la inteligencia y al sentido común. Hace mucho tiempo que existen los radares que son los instrumentos que todos los estados emplean para detectar los movimientos de los aviones. Los datos sobre todos los vuelos entre Miami y La Habana, incluido el del 24 de febrero de 1996, los recibieron las autoridades cubanas de los controladores de vuelo del país vecino desde que las aeronaves despegaron. Para recibir esas informaciones, en tiempo real, no se requería de los servicios de nadie más. Que ese día ocurriría un vuelo lo había anunciado Basulto mucho antes en provocadoras y estridentes declaraciones que disfrutaron amplia difusión.

Toda la discusión técnica acerca del lugar exacto donde ocurrió el lamentable suceso debería resultar muy esclarecedora para cualquier persona con capacidad de razonar. Estamos hablando de distancias aéreas que se miden en segundos de diferencia. El gobierno de Washington reconoció que la aeronave que conducía Basulto había penetrado el territorio cubano y por eso le retiró la licencia de piloto. En cuanto a las dos avionetas derribadas que siempre acompañaron e iban próximas a la de Basulto, Washington alega que estaban fuera de nuestro territorio, aunque muy cerca de él, cuando fueron interceptadas. Según el informe de la OACI, sin embargo, desde que llegaron frente a la capital las tres volaron juntas en línea recta rumbo sur hasta que se produjo la interrupción del vuelo. Tómese en cuenta que, en cualquier caso, incluso en la versión norteamericana, en unos pocos minutos habrían atravesado la ciudad de La Habana y cruzado la Isla hasta la costa sur.

Se podrá discutir eternamente la ubicación precisa del lugar donde se produjo el hecho, pero nadie cuestiona que ocurrió muy cerca de la Isla de Cuba y de la zona de mayor concentración urbana, el centro de la ciudad de La Habana. La acción de los cazas cubanos tuvo un carácter eminentemente defensivo, no se realizó dentro del mar territorial norteamericano, ni cerca de él, ni siquiera dentro del ancho espacio internacional que separa ambas fronteras marítimas. Toda la discusión técnica giró acerca de la distancia del hecho y la línea fronteriza cubana, distancia que en términos de velocidad aérea se mide en segundos, pero nadie cuestiona que ocurrió en un punto muy próximo a lugares por los que, en ese instante, un pueblo inerme se movía libre y confiado, ajeno por completo al peligro.
Aquella tarde de sábado frente al litoral habanero se realizaba una competencia deportiva acuática y a lo largo del Malecón se hacían los preparativos para el último desfile del carnaval, mientras miles de habaneros se desplazaban hacia el estadio de béisbol para asistir a un juego decisivo entre el equipo insignia de la capital y uno de sus principales rivales, mientras que muchos otros, en la Universidad y junto al Malecón celebrábamos el cuadragésimo aniversario de la fundación del Directorio Revolucionario.

¿Cuál habría sido la respuesta norteamericana si una provocación parecida se hubiera producido cerca de la desembocadura del río Hudson frente a la isla de Manhattan?

En cuanto a la patraña sobre el carácter “civil” de las avionetas, pese a que así las bautice con machacona insistencia la propaganda yanqui, lo que define su carácter no es la supuesta naturaleza intrínseca de las aeronaves sino su uso, tal como prescriben los protocolos de la OACI. Los aviones empleados en las acciones terroristas del 11 de septiembre de 2001 eran aparatos comerciales que transportaban pasajeros pero a nadie se le ocurriría decir que su vuelo tenía un carácter civil.   

Chomsky empleó el calificativo de “disciplinados” para describir a los grandes medios de comunicación norteamericanos. Su relación con las autoridades y con los dueños de los principales resortes de la economía —los grandes propietarios que según los redactores de la Constitución debían ser quienes gobernasen el país y así lo han hecho desde la independencia de las Trece Colonias— es muy específica y peculiar. No opera con los resortes comunes a las dictaduras tradicionales como las que sufrieron en muchas ocasiones los países latinoamericanos. Allá no instalan censores en las salas de redacción para dictaminar sobre lo que puede o no publicarse. El sistema es más sutil y resulta más eficaz.

Se basa en un dato fundamental de la realidad contemporánea. Los diarios y revistas principales, al igual que la radio y la televisión, no son, como antaño, vehículos independientes para la diseminación de informaciones y opiniones. Quienes los poseen integran poderosos conglomerados que controlan otras actividades de la llamada industria cultural y del entretenimiento, y están estrechamente asociados, a su vez, con otras ramas de la economía. Los dueños de los medios de información, en otras palabras, son inseparables de los grupos monopólicos que en EE.UU. ejercen el verdadero poder. Nadie tiene que obligarles a mentir o a ocultar la verdad si eso es lo que conviene a intereses que también son suyos. Lo saben los directores de esos medios y los periodistas bien informados. Basta una llamada telefónica para recibir la “guía informativa” que allá todos conocen lo que significa.

Ese es, en el fondo, el obstáculo principal que encaran los Cinco luchadores antiterroristas cubanos presos en EE.UU.

Gerardo lo dijo hace ya bastante tiempo. Solo “un jurado de millones” les hará justicia.
¿Cómo formar ese jurado? ¿Qué hacer para que la verdad llegue a millones de personas que no la conocen porque dependen de los grandes medios para saber qué pasa en el mundo que los rodea? ¿Cómo hacerlo si esos medios se empeñan precisamente en ocultarla?

Para ello se requiere multiplicar los esfuerzos que se llevan a cabo en todo el mundo, para que alcancen niveles superiores, en amplitud y eficacia, hasta transformarse en una fuerza social real capaz por sí misma, sin contar con los dueños de la información, de movilizar a la opinión pública en los EE.UU. y obligar a su Presidente a hacer lo que debe y puede hacer: poner en libertad inmediatamente y de modo incondicional a los Cinco, a todos y cada uno de ellos, sin excepción alguna.

Esa es una facultad que la Constitución otorga, de manera exclusiva y sin limitación de ningún tipo al Presidente de los EE.UU. Para Barack Obama no debería ser difícil si se basa en lo que en esta materia ha heredado su Administración.

Contra los Cinco se formularon dos Cargos importantes: el Cargo Dos (conspiración para cometer espionaje) y el Cargo Tres (conspiración para cometer asesinato). Los fundamentos de ambos habían sido demolidos por un tribunal superior o por la propia Fiscalía antes que Obama fuera electo Presidente.

La Corte de Apelaciones ya determinó por unanimidad que las sentencias relacionadas con el supuesto espionaje eran ilegales y las anuló.

La Fiscalía de George W. Bush admitió su fracaso respecto al Cargo Tres y pidió retirarlo en una acción excepcional (Emergency Petition for Writ of Prohibition).

Sin embargo, el arbitrario castigo discurre ya por su décimoquinto año. Mientras ellos cumplían su injusto encierro, otros individuos fueron sancionados en EE.UU. por espionaje real o incluso por la comisión de actos terroristas y salieron en libertad porque les fueron impuestas sentencias incomparablemente menores. Desde luego, ninguna de esas personas eran patriotas cubanos juzgados en Miami.

La cruel injusticia contra Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René es, por encima de todo, un mensaje muy claro para todo el pueblo de Cuba. Ellos fueron condenados por combatir el terrorismo que ha sido promovido por sucesivas administraciones norteamericanas y que ha causado muerte y dolor a varias generaciones cubanas a lo largo de más de  medio siglo. La perpetuación del castigo contra ellos significa que esa política criminal sigue vigente y continúa como una grave amenaza sobre los cubanos y las cubanas de hoy y de mañana. No es razonable imaginar una mejor relación entre ambos países mientras esta situación persista. Obama sabe que mejorar las relaciones con Cuba es un factor importante para una vinculación constructiva y respetuosa con los países de América Latina y el Caribe, algo que él ha declarado como uno de los objetivos de su gobierno.

Para convencer al Presidente es necesario que el caso de los Cinco sea verdaderamente una causa que interese y motive a millones de norteamericanos que desgraciadamente, hay que reconocerlo, poco o nada conocen al respecto, porque se les ha prohibido acceder a ella. Es grande la tarea para quienes se empeñan en liberarlos.

El líder histórico de la Revolución cubana, el compañero Fidel Castro, en discurso memorable proclamó: “Solo les digo una cosa: Volverán”. Pero no se trata de esperar a que vuelvan. Se trata de hacerlos volver, usando los instrumentos al alcance de cada cual, desde las acciones solidarias en las calles, hasta el rezo, la poesía y la canción. Que cada cual se plantee con toda sinceridad la pregunta que se hacen los niños de La Colmenita en la hermosa obra Abracadabra: “¿Y ahora qué más podemos hacer?”

Es un desafío que reclama voluntad de acero y requiere también creatividad en el uso de todas las vías alternativas que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación para derribar el muro de silencio que levantan los monopolios mediáticos.
Solo así podrá constituirse ese jurado de millones. Es una pelea difícil pero que puede culminar con la victoria. “Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas” (San Lucas 12, 2.3).    

Bibliografía
  • U.S. District Court for the Southern District of Florida. United States vs. Gerardo Hernández et al.
  • Transcript of Trial before the Honorable Joan A. Lenard.
  • Transcript of Sentencing Hearings before the Honorable Joan A. Lenard.
  • U.S. Government Emergency Petition for Writ of Prohibition before the U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit, May 30, 2001
  • United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit No. 01-17176, 0311087, August 9, 2005
  • Martin Garbus: Declaración Jurada, 17 de agosto de 2012.
  • Martin Garbus: Memorándum de Respuesta a nombre de Gerardo  Hernández solicitando que se anulen su condena y sentencia o, en su defecto, se haga cumplir la acción exhibitoria y se le conceda una audiencia oral, 31 de agosto de 2012.
Estos dos últimos documentos, suscritos por Garbus y sus anexos con copiosa información son parte de la petición de Habeas Corpus y están registrados ante la Corte del Distrito Sur de la Florida (Case No. 1. 10-CV-21957- JAL Criminal Case No. 98-721- Cr. Lenard)
El Gobierno de EE.UU. ha solicitado eliminarlos, hacerlos desaparecer (Motion to Strike).
 
1. En la fecha de publicación de este trabajo (mayo de 2013) ya rené González se encuentra de regreso de manera permanente en Cuba, luego de cumplir con el trámite de renunciar a la ciudadanía estadounidense. (N.E)
Ensayo presentado al concurso internacional Pensar a Contracorriente, y que recibió Mención del Jurado, durante la 22 Feria Internacional del Libro de La Habana.
 
Tomado de La Jiribilla, con imagen del Periódico Trabajadores