Numerosos
trabajos de carácter crítico hemos leído sobre este tema: ninguno, sin
embargo, con esta profundidad de análisis y, lo que es mejor, con
numerosas propuestas de solución como este que hoy presento a la
consideración de los lectores de mis blogs:
El socialismo cubano y la corrupción
Por Ernesto Escobar Soto*
Se requiere la creación de un entorno cada vez más democrático en
el que se estimule la crítica revolucionaria, el debate franco y se
escuchen las sugerencias del pueblo para hacer realidad
lo que expresara Fidel de «cambiar todo lo que deba ser cambiado»
Desde
hace algún tiempo, en diversas ocasiones, el Dr. Esteban Morales ha
alertado públicamente, con coraje y pasión, sobre el espinoso tema de la
corrupción. Del mismo modo el Dr. Luis Toledo Sande, en varios de sus
artículos, ha expuesto con agudas valoraciones su reclamo a afrontar
este complejo y peligroso entramado de ilegalidades. Sin intenciones
académicas incursiono brevemente en tan dificultoso contenido con
algunas sugerencias y el propósito de estimular el análisis y una mayor
comprensión sobre un tema cardinal para la Revolución.
La
corrupción burocrática es consustancial a los Estados y sistemas en los
que señorea la propiedad privada, sustentadas en la ideología del
despojo y la explotación de las mayorías. De disímiles maneras consigue
introducirse en el sistema político de un país y en sus componentes de
gobierno. Este fenómeno imperó en el periodo de la República
neocolonial. La degradación era tal que en la década del 50 Fulgencio
Batista, ocupando la presidencia de la República, estableció íntimas
relaciones con la mafia italoamericana, a la que le permitió controlar
los casinos de juego de los grandes hoteles de La Habana y el negocio
del tráfico de la droga hacía Estados Unidos. Después de 1959, los
representantes de la mafia fueron expulsados del país, se prohibieron
los juegos de azar y ante el avance revolucionario la corrupción perdió
fuerzas. Bajo distintas formas pudo sobrevivir y reacomodarse gracias a
diversos factores.
En
el proceso de construcción del socialismo no desaparecen por decreto
las condiciones que servían de base a la corrupción y que caracterizan
al capitalismo: la nueva sociedad hereda fuertes rezagos de la
conciencia y la cultura burguesas. Se debe señalar también que tras la
nacionalización de las grandes empresas capitalistas cubanas y
extranjeras, medida imprescindible para comenzar a edificar el
socialismo, se declaró como una verdad absoluta el equívoco enunciado de
que la propiedad estatal adquiría la condición de ser la propiedad de
todo el pueblo. En la práctica los trabajadores y el pueblo en general
no las sintieron como suyas y no las protegieron como era de esperar.
Con la posterior nacionalización de todos los pequeños negocios (acción
determinada principalmente por objetivos políticos e ideológicos ante
las agresiones de los Estados Unidos y el anhelo de hacer avanzar con
mayor rapidez el proyecto socialista), surgió para el Estado la
irrealizable tarea de administrar desde una pequeña barbería hasta
enormes empresas. En medio del torbellino revolucionario, por
inexperiencia y marcado idealismo, no se advirtió el rol que debían
desempeñar los sistemas contables y los asesores jurídicos. Se hizo
presente la poca exigencia de los jefes por la disciplina laboral y el
cumplimiento de los planes, la deficiente planificación y organización,
las fallas en los controles administrativos.
Luego
de 1990, a causa de la intensa crisis económica que provocó la
desaparición de la URSS y sus efectos desmoralizadores en el orden
ideológico, así como al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos,
la población cubana comenzó a sufrir extraordinarias penurias y
escaseces. Cuba rechazó la aplicación de las conocidas fórmulas
neoliberales, lo que hubiera acabado con la Revolución. La dirección del
Partido aplicó una consecuente y audaz política de principios en
defensa de la soberanía nacional y por la preservación de las conquistas
alcanzadas en salud, en educación, empleo e igualdad social, y desafió a
la inevitable hostilidad de los grandes centros de poder. En ese
titánico esfuerzo se vio obligada a ejecutar diversas medidas que
provocaron el aumento de las diferencias sociales entre la población.
Fue
entonces que, por primera vez desde 1959, la corrupción comenzó a
revelarse con pujanza no conocida hasta entonces en la Cuba
revolucionaria, lo que se expresó en el hurto de productos de los
almacenes y comercios, el acaparamiento y reventa de mercancías, la
exigencia de comisiones y dádivas por parte de funcionarios para
viabilizar tramites y gestiones, el soborno a inspectores y otros, como
el elaborar falsos informes y estadísticas, acompañados de una
progresiva pérdida de valores morales, en muchos casos encubierta con la
excusa de que "era necesario luchar por cualquier medio para solucionar
los graves problemas que afectaban la vida". Estas ilegalidades,
habitualmente de pequeño monto, multiplicadas de manera sostenida en el
tiempo, provocan severos perjuicios económicos al país y afectan la
moral del pueblo.
Es
opinión generalizada que este fenómeno de la corrupción abarca
actualmente a un segmento no desdeñable de la población: cuadros,
funcionarios, gerentes, y lo más peligroso, se presenta en no pocos
trabajadores y hasta en sectores claves como el del magisterio. Ejemplos
notorios fueron la venta de exámenes de ingreso a la Universidad
consumado por varios funcionarios y profesores, o los actos delictivos
cometidos por directivos de los servicios comunales en la capital. Se
extendieron prácticas corruptas en el comercio minorista (bodegas,
carnicerías, panaderías, etc.) gracias a las “ventas a granel”, a pesas
engañosas, con el contubernio de inspectores corrompidos y a la falta de
control administrativo. Existen grandes tiendas por departamentos,
hoteles, restaurantes y bares, en las que gerentes corruptos cobran una
suma diaria por piso o por área para “dejar hacer” a sus subordinados y
estos a su vez repiten estas mañas con los empleados. En bares y
restaurantes se hallan empleados que sustituyen las mercancías, llámese
bebidas alcohólicas, productos alimenticios y otros por las que ellos
previamente han comprado a menor precio o que han sido extraídas de
hoteles de zonas turísticas y de otras entidades del Estado. Este actuar
de diferentes formas se repite en almacenes y tiendas dedicadas al
comercio de otros productos, los que luego son vendidos en las cercanías
de las propias entidades. Para que esto suceda, debe haberse creado
previamente un amplio armazón de relaciones dolosas que lo permitan.
El
mundo global y neoliberal, en el que campea el capital financiero, está
inmerso en un proceso hasta ahora indetenible de descomposición
económica, política, social, cultural y moral, acompañado de la
destrucción del hábitat planetario. Esta crisis general que lo abarca
todo, también se expresa en un extraordinario acrecentamiento de la
corrupción e impera y alcanza plenamente a gobiernos, poderes
parlamentarios y judiciales, órganos de seguridad, gran parte del tejido
social, el sistema financiero internacional, y en los vergonzosos
vínculos que se forman entre las instituciones oficiales con el
narcotráfico y el crimen organizado. La corrupción para el sistema
capitalista se ha convertido en una práctica delictiva admisible y hasta
necesaria. Valorando sus dimensiones y la influencia que ejerce este
fenómeno en nuestra sociedad, no es posible, ni merece siquiera comparar
la situación de Cuba con lo que acontece en esos países. Pese a esto,
el fenómeno de la corrupción requiere ser valorado como el principal
enemigo capaz de envenenar el sistema socialista cubano y destruirlo.
Además, es notorio que tiende a unirse y formar estrechas alianzas con
la subversión política [1].
El
Socialismo es un proyecto en el que su principal protagonista es el
pueblo, por lo que la conducta transparente y honesta de quienes son sus
servidores públicos, adquiere una connotación especial. En este
concepto incluimos con sentido amplio a los dirigentes del Gobierno y
del Estado, a los funcionarios de la administración pública y también a
los directores y gerentes de empresas estatales, quienes con su ejemplo
influyen y determinan en la moral de los trabajadores y del pueblo en
general. Ocupar un cargo de servidor público es un inmenso honor, pero
al mismo tiempo los responsabiliza con el deber de mantener una conducta
honesta.
En
Cuba, aunque se han adoptado importantes acciones por el más alto nivel
del PCC, del Estado y del Gobierno, como la creación de la Contraloría
General de la República, y leyes como la de Control Interno, y las
acciones ejecutadas por instituciones como los tribunales, la fiscalía y
la policía y otras para enfrentar este fenómeno, se mantienen numerosas
vulnerabilidades y aún no se aprecia que se logre revertir de manera
significativa la situación. En nuestro país están ocurriendo sucesos
trascendentales que obligan, sin dilaciones ni dudas, a actuar de
inmediato. Adoptada la acertada y estratégica decisión de que se
realicen cambios en los cargos de primer nivel cada una decena de años y
luego de 50 años bajo la dirección de los líderes históricos de la
Revolución, se aproxima la renovación generacional; de igual modo, el
pasado 17 de diciembre se inició el proceso para restablecer las
relaciones diplomáticas con Estados Unidos y, como han señalado sus
voceros, el asedio contra la Revolución se concentrará en las vías de la
subversión política; al unísono se desarrollan otras acciones medulares
como las de estimular la inversión extranjera y la aprobación de la
apertura de pequeños negocios privados, se trabaja en la unificación de
las dos monedas, al tiempo que se labora en el acelerado incremento del
turismo. Estas acciones con certeza propiciarán el desarrollo de la
economía cubana, pero de igual modo crearán un panorama social,
económico y político mucho más complejo.
En el proceso de crear un socialismo cada vez más Democrático y de Derecho, única
forma de garantizar la continuidad de la Revolución (responsabilidad
que por el acontecer histórico le corresponde cumplir a una nueva
generación), el tema de la corrupción solo puede ser concebido
revolucionando nuestros objetivos y procedimientos y así, expresarlos
con la mayor claridad posible en las modificaciones que se propondrán a
la Carta Magna. Esta lucha no puede circunscribirse a la labor de
algunas instituciones, hay argumentos suficientes para que la Asamblea
Nacional del Poder Popular (ANPP) elabore un programa institucional e
integral que adopte la forma de proyecto de Ley, para imbricar de forma
sistémica al pueblo y a todas las instituciones del Estado y el
Gobierno. La Contraloría es y debe ser la institución responsabilizada
ante las máximas autoridades y la población, en velar por el
cumplimiento de esta Ley.
La
nueva Constitución y la (posible) Ley Institucional de enfrentamiento a
la corrupción, como es usual deberán ser debatidas, enriquecidas y
aprobadas por la población. No podemos dejar de señalar la indispensable
actualización del Código Penal, para que esta legislación se ponga a
tono con la lucha contra la corrupción, así como es tarea a priorizar el
justo y necesario fortalecimiento de los Tribunales, la Fiscalía y la
Policía. No se requiere justificar la jerarquización para afrontar de
todas las maneras posibles el lavado de dinero y el narcotráfico, e
impedir que crezcan y se organicen en nuestro país por su enorme poder
de corrupción. Otra de las ideas indispensables a considerar en la Ley
Institucional de enfrentamiento a la corrupción (y de su Reglamento),
sería la de determinar el decisivo papel que jugarían los trabajadores
en los centros de trabajo, la población en las cuadras, y las
organizaciones de masas y sociales, así como el rol a desempeñar por los
medios periodísticos en cuanto a criticar y divulgar los hechos de
corrupción; uno de los aspectos a incluir sería el de definir las vías
para las quejas y denuncias de la población comenzando con la creación
de un sitio WEB nacional abierto a la población, y en cada organismo
central del estado y en los diferentes niveles, sin olvidar la recepción
de las cartas por correo y las llamadas telefónicas, y lo de regular el
consiguiente e inexcusable proceso de investigación y respuesta.
Se
deben estudiar los planes de otros países contra la corrupción (casi
siempre fallidos) que ofrecen importantes opciones a aplicar en Cuba,
por ejemplo, la declaración oficial de los patrimonios personales y
familiares de los servidores públicos y su información pública antes de
ocupar el cargo y al finalizar en sus funciones; la creación de un fondo
de viviendas de protocolo, propiedad del Estado para que sean ocupadas
oficialmente por los funcionarios del primer nivel al ser designados en
elevados cargos y solo mientras se desempeñen como tales, pues entonces
pasarían a ser ocupadas por los funcionarios que los sustituyen; el
control de manifestaciones de nepotismo y la definición de las
instancias en cada nivel que velarán, revisarán y aprobarán o no, los
procesos de los hijos y familiares cercanos de los altos funcionarios
en activo, para optar por plazas de elevadas responsabilidades y/o
sustanciosos ingresos financieros. Se debía estudiar el instituir los
exámenes por oposición y su previa divulgación pública para optar por
cargos de funcionarios en la administración pública, velando por la
limpieza de los pasos que se ejecuten para ello. La aplicación de este
programa conllevaría también la obligación de organizar un sistema
informatizado de control y chequeo sistemático a nivel nacional para
velar por su cumplimiento.
Otros
aspectos a tener en cuenta serían la actualización de los Códigos de
ética, así como de las Normas que regulan los procesos de firma de
contratos de inversiones, las licitaciones, los estudios de mercado que
preceden a las operaciones de compras de productos, y otros que nuestras
administraciones ejecutan en su práctica diaria en Cuba y en el
extranjero y que en no pocas ocasiones han sido violados (no se debe
dejar en el tintero las disposiciones para fiscalizarlas
sistemáticamente). Con el objetivo de darle un sentido armónico a este
gran propósito es determinante la participación de los dos Ministerios
de Educación, e incluir como disciplina el tema del enfrentamiento
contra la corrupción en los programas docentes por su significado
estratégico en la educación de los niños, jóvenes y el pueblo.
Hay
criterios de que parte de la solución para impedir la continuidad de las
anomalías conocidas en el sector del magisterio, radica en hacer
participar a los padres y para ello se deben crear, lograr que funcionen
y elevar la autoridad de los Consejos de padres, los que además de
ocuparse conjuntamente con el claustro de profesores del rendimiento
académico de los alumnos, la calidad de la enseñanza, la disciplina y la
cooperación con el centro escolar, contribuirían a velar por la ética y
la lucha contra todo tipo de irregularidades.
Otros
primordiales aspectos a considerar serían la reorganización total del
criticado sistema de inspectores a todos los niveles, que incluye la
selección, verificación, evaluación y capacitación, la asignación de
salarios que se correspondan con sus labores y el establecer los
mecanismos de control sistemático y contra chequeo para garantizar la
depuración permanente de los deshonestos (aplicar el principio de que
todo el que inspecciona debe a su vez ser objeto de chequeo); la
solución de una vez por todas del serio y viejo problema de la falta de
especialistas en contabilidad, con la elevación de sus ingresos,
autoridad y capacidades técnicas; el imperioso fortalecimiento, en todos
los sentidos, de los asesores legales que prestan servicios a las
empresas; y la continuación de los planes de formación y superación de
los cuadros en contenidos de economía, contabilidad y leyes.
Un
tema que reviste una gran importancia y está previsto para cuando se
eleve sustancialmente el salario de los trabajadores es, además, el de
aumentar de manera adecuada el de los altos funcionarios y directores de
empresas, lo que les permitiría vivir en base a sus ingresos acorde con
sus significativas responsabilidades. De esta forma los estimularemos y
se les podrá exigir con mayor energía que cumplan con eficiencia sus
labores, a lo que acompañará la prohibición legal de las llamadas
“gratuidades” y el uso indebido de recursos estatales tan comunes hoy.
Es
esencial el uso de las Ciencias Sociales para realizar investigaciones y
sugerencias sobre estas problemáticas, valorar los resultados de la
aplicación de las medidas que se acuerden, así como de su posterior
seguimiento. Muchos consideran que se requiere pasar a una etapa de
mayor severidad en cuanto la aplicación de la Ley de Control Interno y
reclamarles a las direcciones de organismos y empresas incumplidoras que
deben solucionar en plazos determinados las deficiencias que les son
señaladas de manera reiterada años tras año. En la generalización en
todo el país de la útil experiencia aplicada en Artemisa y Mayabeque de
concentrar a las diferentes oficinas administrativas que prestan
servicios de trámites, se requerirá el examen previo y la revisión a
fondo de las plantillas de algunos de esos organismos dadas sus
negativas prácticas ampliamente conocidas por el pueblo.
El
Estado cubano ha expuesto que mantendrá el control de las grandes
empresas, el comercio exterior, las inversiones extranjeras y el
comercio mayorista (se ha informado públicamente el interés de
desarrollar el mercado mayorista en asociación con empresas
extranjeras), por la importancia estratégica de estos sectores
económicos se necesitará reforzarlos con los más capaces y honestos
cuadros e instituir un férreo control contable y organizativo para
evitar que se extienda en ellos la corrupción. Por otra parte, es sabido
que en ningún país del orbe se logra impedir el hurto en los comercios
minoristas: las grandes cadenas, calculan estas pérdidas y las cargan a
los precios a los clientes. En Cuba se transita por la transformación de
los comercios minoristas en cooperativas (estas son la mejor solución
socialista a este problema). Esperamos que cuando se organicen los
comercios mayoristas también se conviertan en cooperativas las tiendas
en CUC, las farmacias, los restaurantes y bares en divisas, y las
gasolineras. Queda pendiente la crítica situación de las panaderías,
bodegas y carnicerías, debido al papel que juegan en relación a la
libreta de abastecimiento a la población.
Una
segunda tarea que complementa la anterior consiste en el traspaso (en
arrendamiento) de las más pequeñas unidades a sus propios trabajadores.
Estas dos medidas liberarán al Estado del enmarañado problema de
administrar miles de medianos y pequeños negocios, lo que deberá mejorar
la calidad del servicio que prestan y eliminarán este tipo de hurtos
que perjudica a la economía del país y a la población. Esta nueva
situación no exime a estudiar el tema de la defensa del consumidor, es
algo que se requiere hacerlo y hacerlo bien en el futuro. Existen
manifestaciones de ilegalidades de otro tipo, que degradan y corrompen
al pueblo como son el juego de bolita y las peleas de gallos y perros en
las que se apuesta dinero. Son transgresiones de la ley muy difíciles
de erradicar. Por su carácter contribuyen a estimular peligrosas
tendencias marginales en algunos segmentos sociales, por lo que es una
necesidad luchar contra ellas y evitar que ante la vista de todos sigan
proliferando.
Sería
imprescindible que cada institución nacional analizara con profundidad
aquellas disposiciones legales o administrativas que provocan
ilegalidades y corrupción por ser ilógicas o debido a la imposibilidad
de hacerlas cumplir. Pueden ser ejemplo de ello, las prohibiciones (ya
suprimidas) de la venta de las viviendas y autos por sus propietarios, o
la compra de celulares. Otro caso menor que sirve de muestra, ha sido
la venta de piezas de repuesto para los autos. Para las entidades
estatales se fijaba un precio, en cambio a los propietarios particulares
se les imponía uno superior, lo que se convirtió de inmediato en fuente
de corrupción. Existen opiniones sobre la instrucción que prohíbe la
entrada en el país de ropa y otros productos que precisa la población.
Es sabido que esta disposición ha sido continuamente violada y que es
causa de corrupción. En este caso, tal vez la solución sea el determinar
el pago de la sobrecarga por el viajero.
En
consonancia con las acciones que se adopten sería preciso, con vistas a
comenzar el próximo quinquenio, actualizar y uniformar los métodos y
los mecanismos de cómo se realizarán en cada nivel los nuevos procesos
de selección, verificación, evaluación, ratificación, promoción y
sustitución de los cuadros, funcionarios y gerentes, para evitar el
mantener o promover a los corruptos y garantizar la transparencia y la
pureza de los que ocuparán esos cargos en esa casi ya inmediata y
trascendental etapa.
Es
válido recordar que el Che en una ocasión señaló que los cuadros
corruptos podían ser sustituidos, pero había que preservar en primer
lugar la honestidad de los trabajadores. Es conocida la formulación de
Carlos Marx «El hombre piensa como vive». La conciencia social
está determinada por las condiciones económico-materiales de la
sociedad. Es imprescindible insistir en que el hombre requiere
satisfacer las necesidades esenciales de su familia y las propias para
resguardar su virtud y su dignidad, y rechazar las incitaciones que
ofrece la corrupción [2].
No
podemos permitir que la corrupción se amplíe y forme un sólido
estamento que daría al traste con la Revolución. Los que se han
acostumbrado a beneficiarse de las ilegalidades, nunca apoyarán nuevos
mecanismos de control y tratarán de frenar con argucias de disímiles
formas, cualquier esfuerzo dirigido a la adopción de medidas para
enfrentar la corrupción [3]. El momento es el de exigir la actuación
honesta de los servidores del Estado, el de instituir la participación
popular en este empeño, el de terminar de crear un orden basado en el
derecho y elevar la conciencia jurídica de la población, el de aplicar
la pauta moral de que ante la ley todos somos iguales.
Cuba
socialista, por sus impares condiciones, quizás sea uno de los pocos
países del mundo que puede ganar este desafío, solo si reorganiza todas
sus fuerzas, se apoya en las reservas morales existentes, en los
funcionarios honestos y desarrolla una interactiva labor concientizadora
sobre este tema. Debemos actuar ahora, mañana sería tarde.
NOTAS:
[1]
El mejor ejemplo se aprecia en la desaparición de la URSS. La nación
que tuvo el extraordinario mérito de realizar la gran revolución de
Octubre, derrotar al fascismo alemán y alcanzar enormes logros y
conquistas se desmoronó. Su socialismo Estatal, no resistió el empuje de la alianza del burocratismo corrupto y oportunista en contubernio con la subversión política.
[2]
Solo el desarrollo de la economía socialista permitirá en el futuro
elevar el nivel de vida de los cubanos, pero existe un criterio general
que en las condiciones actuales la rebaja de los precios de las
mercancías, especialmente las que se venden en CUC, y los producidos por
la agricultura, y una mayor subvención por parte del Estado de algunos
de los productos agrícolas e industriales que forman parte esencial de
la canasta familiar, contribuiría a paliar las severas dificultades
económicas de gran parte de la población.
[3]
«En 2012, cuando la dirección del Partido Comunista Chino propuso
implantar en el país un sistema para hacer pública la información sobre
bienes de los funcionarios y controlar la objetividad de esos datos,
contra esa propuesta votó el 98,7%, casi todos los delegados de la
Asamblea del Pueblo de toda China. Eran esos los "datos primarios", al
momento de encabezar la nación el Presidente chino Xi (Jinping). La
magnitud de la amenaza exigía una respuesta a gran escala, y no se hizo
esperar » según Ígor Pankratienko,en su artículo China: la gran depuración, de la publicación rusa Stolietie del 6 de mayo de 2015.
*Ernesto Escobar Soto. Escritor y periodista. Es autor de la novela El largo regreso de José publicada por la editorial Letras Cubanas en 2014.
